Durante la semana pasada se habló de un documento en el que los ministros de Hacienda (José Antonio Ocampo), Agricultura (Cecilia López) y Educación (Alejandro Gaviria) presentaban sus objeciones frente a la reforma a la salud. Supuestamente, estas observaciones no habrían sido tomadas en cuenta en el texto final, por lo que hubo varias molestias.
Este domingo se conoció la totalidad del documento (revelado por Cambio), en que los tres ministros expresan sus dudas. En un primer momento, los ministros comentaron algunos reparos. Señalaron que el proyecto en cuestión, en caso de ser aprobado tal cual, “produciría un impacto en las finanzas de la nación”.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Hacienda, la reforma planteada implica un aumento sostenido del gasto. Por ejemplo, se pasa de un gasto de atención primaria de $8.79 billones a $16.89 billones en el primer año de la reforma y, desde entonces, habría un aumento sostenido hasta llegar a $27 billones en 2027. Esto implicaría, en promedio, un aumento en el gasto de $2.5 billones por año.
También habría un claro aumento en gastos por dotación de infraestructura y equipamiento. Se pasa de $1.5 de gasto (sin reforma) a $3.9 billones en el primer año y desde ahí hay un aumento hasta llegar a $5.1 billones en 2030. Bajo estos números, los ministros compararon los gastos entre la reforma propuesta y el modelo mixto, y se habla de un costo mucho mayor con la propuesta de gobierno.
Por otro lado, anotaron que algunos puntos que podrían ser problemáticos, pues necesitarían de una consulta previa para llevarse a cabo, ya que el proyecto modificaría, directamente, temas relacionados a la prestación del servicio de salud en las comunidades indígenas y en la participación de representantes de estas en el Consejo Nacional de Salud. Resaltaron la sentencia C-196 de 2012, que en uno de sus puntos dice “la consulta previa es obligatoria cuando la medida afecta directamente a las comunidades étnicas”.
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Uno de los temas cruciales de la reforma ha girado en torno a si debe tramitarse como una ley estatutaria o una ley ordinaria. Para los ministros, la reforma debe ser estatutaria, una sugerencia que no tuvo en cuenta, hasta el momento, el Ejecutivo.
De acuerdo con los ministros, la ley estatutaria de 1751 de 2015 establece que la salud es un derecho fundamental “autónomo e irrenunciable en lo individual y en los colectivo”, por lo que “la regulación legal del mismo deberá atender trámites estatutarios constitucionales”.
“El proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias, independientemente de que algunas de sus disposiciones tenga el carácter de leyes ordinarias”, escriben en otro apartado.
Además de estas observaciones generales, el proyecto hizo algunas precisiones de fondo. Por ejemplo, los ministros proponían que se mantuviera el sistema mixto. Al final, como se sabe, el proyecto de Corcho, especificó que las EPS podrían gestionar algunos Centros de Atención Primaria (CAP).
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Piden, específicamente, que EPS se incluyan en el “nuevo modelo mixto de aseguramiento social en salud”. Incluso, solicitan la modificación de buena parte del articulado del capítulo IV para que se deje constancia de que estas empresas son parte del nuevo sistema.
Por otro lado, pidieron una mayor precisión que el Consejo Nacional de Salud, una de las figuras de la reforma de Corcho. A los ojos de los ministros, deberían ser más claras sus funciones. En este mismo sentido, pidieron que se reduzcan las plazas a ocupar en esta instancia.