Las observaciones de la Defensoría sobre la atención de la emergencia en San Andrés y Providencia
A pesar de reconocerse la acción rápida del Gobierno, Carlos Camargo advirtió sobre las malas condiciones de los albergues y de la necesidad de garantizar los servicios de salud en el archipiélago.
En los próximos días se cumplirá un mes de la tragedia que dejó en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el paso del huracán Iota. Mientras que en la isla principal los daños fueron a nivel de infraestructura, en Providencia y Santa Catalina el efecto fue devastador y dejó a más del 90% de las construcciones con afectaciones considerables.
Aunque en un primer momento el presidente Iván Duque se comprometió a una reconstrucción en tan solo 100 días, el plazo fue ampliado y ahora desde la Defensoría del Pueblo se han hecho importantes observaciones sobre posibles fallas en la atención de la emergencia. Tras su visita al archipiélago, este 3 y 4 de diciembre, el defensor Carlos Camargo hizo un reporte al Gobierno sobre los puntos en los que debía ponerse mayor atención.
En la misiva dirigida al presidente Iván Duque, el defensor “reconoció la acción rápida y oportuna del Gobierno para restablecer servicios esenciales, proteger y garantizar los derechos de la comunidad”. Sin embargo, señaló que pudo atestiguar la gravedad de las afectaciones que ha sufridos las islas, por lo que presentó unas consideraciones de lo que aún falta en la atención de la emergencia.
Según Camargo, es necesario un “enfoque diferencial, raizal, de género, sin discriminación y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, los niños, jóvenes y adultos mayores”. Sobre este punto es preciso recordar que algunos de los afectados han reclamado que desde las autoridades dispuestas en Providencia se ha indicado que para hacerse de las ayudas se deben registrar en las páginas web del Estado, cuando estos no tienen acceso a sistemas electrónicos tras la catástrofe climática.
El defensor también señaló que debe mejorarse varios aspectos de la entrega de ayudas, así como alimentos, agua potable y medicamentos. También debe disponerse de medidas en los albergues para “prevenir la violencia basada en género: violencia intrafamiliar y sexual”.
Sobre estos albergues también se advirtió por parte de la Defensoría que varias personas han salido de estos y se encuentran a campo abierto “debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos”. Para Camargo, es necesario que se dispongan carpas de campaña o tejas para adaptar los techos de las viviendas y así hacerles frente a las lluvias, “que constituyen un factor de riesgo para la salud”.
En esta misma línea el defensor expresó que debe apoyarse las labores de reconstrucción de viviendas y de espacios educativos y de recreación. También, según la comunicación, es preciso desarrollar las labores de recolección de escombros y residuos. En este punto también quedó consignada la necesidad del “tratamiento de pozos sépticos, el traslado de residuos hospitalarios de providencia y Santa Catalina a San Andrés, la reparación del emisario submarino y los sistemas de abastecimiento de agua”. De igual manera se debe evaluar los sitios de relleno sanitario de la zona
En cuanto al sistema de salud, el defensor Camargo advirtió que se necesita ampliar la red de asistencia psicosocial, la atención a población vulnerable y los médicos y otros profesionales de salud que hay en las islas. También comentó que urge la creación de una empresa social del Estado que opere los hospitales y centros de salud de las islas. En este mismo sentido expresó que debe reconstruirse el hospital de Providencia.
Frente a medidas económica, el defensor pidió que estas vayan encaminada a la recuperación del empleo y la garantía de la vida digna. “En este marco es deseable la generación de créditos blandos o incentivos”, añadió Camargo, que también advirtió sobre una carga de ACPM que está en un barco encallado y que necesita ser retirada para evitar un “desastre ecológico”.
Por último, la cabeza de la Defensoría pidió que el presidente Iván Duque intervenga para que, desde el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se coordinen la acciones para rehabilitar las condiciones de Providencia y Santa catalina y se preste atención a las familias afectadas de San Andrés.
En los próximos días se cumplirá un mes de la tragedia que dejó en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el paso del huracán Iota. Mientras que en la isla principal los daños fueron a nivel de infraestructura, en Providencia y Santa Catalina el efecto fue devastador y dejó a más del 90% de las construcciones con afectaciones considerables.
Aunque en un primer momento el presidente Iván Duque se comprometió a una reconstrucción en tan solo 100 días, el plazo fue ampliado y ahora desde la Defensoría del Pueblo se han hecho importantes observaciones sobre posibles fallas en la atención de la emergencia. Tras su visita al archipiélago, este 3 y 4 de diciembre, el defensor Carlos Camargo hizo un reporte al Gobierno sobre los puntos en los que debía ponerse mayor atención.
En la misiva dirigida al presidente Iván Duque, el defensor “reconoció la acción rápida y oportuna del Gobierno para restablecer servicios esenciales, proteger y garantizar los derechos de la comunidad”. Sin embargo, señaló que pudo atestiguar la gravedad de las afectaciones que ha sufridos las islas, por lo que presentó unas consideraciones de lo que aún falta en la atención de la emergencia.
Según Camargo, es necesario un “enfoque diferencial, raizal, de género, sin discriminación y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, los niños, jóvenes y adultos mayores”. Sobre este punto es preciso recordar que algunos de los afectados han reclamado que desde las autoridades dispuestas en Providencia se ha indicado que para hacerse de las ayudas se deben registrar en las páginas web del Estado, cuando estos no tienen acceso a sistemas electrónicos tras la catástrofe climática.
El defensor también señaló que debe mejorarse varios aspectos de la entrega de ayudas, así como alimentos, agua potable y medicamentos. También debe disponerse de medidas en los albergues para “prevenir la violencia basada en género: violencia intrafamiliar y sexual”.
Sobre estos albergues también se advirtió por parte de la Defensoría que varias personas han salido de estos y se encuentran a campo abierto “debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos”. Para Camargo, es necesario que se dispongan carpas de campaña o tejas para adaptar los techos de las viviendas y así hacerles frente a las lluvias, “que constituyen un factor de riesgo para la salud”.
En esta misma línea el defensor expresó que debe apoyarse las labores de reconstrucción de viviendas y de espacios educativos y de recreación. También, según la comunicación, es preciso desarrollar las labores de recolección de escombros y residuos. En este punto también quedó consignada la necesidad del “tratamiento de pozos sépticos, el traslado de residuos hospitalarios de providencia y Santa Catalina a San Andrés, la reparación del emisario submarino y los sistemas de abastecimiento de agua”. De igual manera se debe evaluar los sitios de relleno sanitario de la zona
En cuanto al sistema de salud, el defensor Camargo advirtió que se necesita ampliar la red de asistencia psicosocial, la atención a población vulnerable y los médicos y otros profesionales de salud que hay en las islas. También comentó que urge la creación de una empresa social del Estado que opere los hospitales y centros de salud de las islas. En este mismo sentido expresó que debe reconstruirse el hospital de Providencia.
Frente a medidas económica, el defensor pidió que estas vayan encaminada a la recuperación del empleo y la garantía de la vida digna. “En este marco es deseable la generación de créditos blandos o incentivos”, añadió Camargo, que también advirtió sobre una carga de ACPM que está en un barco encallado y que necesita ser retirada para evitar un “desastre ecológico”.
Por último, la cabeza de la Defensoría pidió que el presidente Iván Duque intervenga para que, desde el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se coordinen la acciones para rehabilitar las condiciones de Providencia y Santa catalina y se preste atención a las familias afectadas de San Andrés.