Las particularidades electorales de Comunes

Las elecciones de 2022, desde la perspectiva del partido Comunes —surgido del Acuerdo de Paz como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)— tiene dos matices que ninguna otra colectividad vive en la actualidad. Primero, la situación de seguridad de los firmantes del texto de La Habana. Desde noviembre de 2016, más de 280 excombatientes han sido asesinados; muertes que, en tiempos electorales, traen un mensaje para quienes militan y aspiran con las banderas de la rosa.

“Los asesinatos, las estigmatizaciones, las amenazas y desplazamientos no nos permitirán ejercer nuestro derecho a participar políticamente en igualdad con otros partidos. Son dificultades que despiertan el temor de salir a la calle, a un territorio, y hace muy compleja nuestra participación por el estado de cosas”, dice la senadora Sandra Ramírez. El meollo del asunto es que las garantías de seguridad se les salen de las manos, pues dependen del Gobierno para que estas sean efectivas.

(Lea: Rodolfo Hernández estaría exigiendo dinero a sus candidatos al Congreso)

Y hasta ahora, de acuerdo con Ramírez, las acciones tomadas son estéticas, como el reforzamiento de esquemas de seguridad, vehículos blindados, chalecos antibalas y otros. “Las medidas efectivas son garantizar el desmantelamiento de los grupos paramilitares y sicariales, y el desescalamiento de la estigmatización y el lenguaje usado contra los firmantes. Eso sí sería un alivio para nosotros para participar en el proceso electoral”, apuntó la legisladora.

El segundo matiz que vive Comunes es la solicitud de escisión por parte de una facción de reincorporados, liderados por los también senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, de la que hacen parte otros firmantes con estatus dentro del partido, como Joaquín Gómez y Benedicto González. En los recursos presentados ante el Consejo Nacional del partido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, piden que se les dé una respuesta antes del cierre de inscripciones al Congreso. Además, proponen un acuerdo para dividir las diez curules otorgadas por el Acuerdo de La Habana, que tienen vigencia hasta 2026. “Con la escisión no estamos renunciando a las curules”, enfatizó Sandino.

(Lea también: “Mi campaña no será de mentiras y calumnias”: Alejandro Gaviria)

Estas solicitudes, explican, las demandan como el derecho propio que se les reconoció a todos los excombatientes con relación a su reincorporación a la vida civil, que por disposición del Acuerdo también incluye la reincorporación política. Para su materialización a escala nacional se les dieron dichas curules intransferibles y transitorias. Sandino y Zúñiga, a quienes, por mandato de Comunes, antes de la petición de escisión se les avisó que no podían volver aspirar al Congreso en 2022, esperan que se les respeten sus cupos.

Sandino habla de una negociación para determinar cuál es el número de curules que se le reservarán a Avanzar (nombre del nuevo movimiento) para garantizar la reincorporación política de los reinsertados que representa en el Congreso y Zúñiga apela al principio de proporcionalidad: “Estamos haciendo una gira nacional para identificar qué proporción representaríamos y presentarlo ante el Consejo Nacional de los Comunes”, comentó.

Según Zúñiga, conocido en la guerra como Benkos Biohó, hasta ahora Avanzar reúne a dos congresistas, diez miembros del Consejo Nacional de Comunes y más de 2.000 firmantes del Acuerdo, de un total de 13.589, pero también acoge a personas de diferentes formas organizativas, constituyéndose como un movimiento social. Eso sí, si se aprueba la escisión y un determinado número de curules, tanto él como Sandino buscarían regresar al Congreso, como lo planean los demás actuales senadores y representantes de la colectividad.

(Conozca: Consejos Municipales de Juventud: ¿la previa del pulso electoral de 2022?)

Lo cierto es que, con escisión o no, como en las elecciones pasadas, volverán a presentarse con lista cerrada. “Este es un proyecto de partido y no de una persona y a eso respondemos”, comentó Sandra Ramírez, confirmando que, hasta ahora, los que están ocupando curul, a excepción de Sandino y Zúñiga, están firmes para 2022. Otro imperativo es cumplir con la paridad. En 2018, para Senado la lista la integraron 23 personas, divididos en 16 candidatos y apenas siete candidatas. En Cámara fueron siete hombres y seis mujeres. Aún no se han dado nombres de posibles aspirantes mujeres. “En nuestra etapa anterior, cuando estábamos en la guerra, las mujeres eran el 40 % de nuestras filas. Tenemos compañeras para que lleguen a conformar las listas”, dijo el senador Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada.

Otros aspectos que permanecerán son las circunscripciones que tienen aseguradas en Cámara; es decir, Antioquia, Bogotá, Valle, Atlántico y Santander. Para la primera, que está representada por Ómar de Jesús Restrepo, llamado también Olmedo Ruiz, habrá cambios, pues este pasaría como candidato al Senado y en su reemplazo se presentaría Ancízar García, conocido como Pedro Barracutado, excomandante del frente 34.

Con estos cambios, lo que resta es saber qué nombres reemplazarán a Jesús Santrich, a quien le declararon silla vacía tras el retorno a las armas, y a Sandino y Zúñiga, si es que no hay acuerdo. Este último fue el reemplazo de Iván Márquez, quien nunca se posesionó. Así mismo, muchos ven en Lozada a la persona para encabezar la lista a Senado, por la preponderancia que han tomado su trabajo y su voz en la Comisión Primera. Sin embargo, sobre él y Pablo Catatumbo pesa la imputación de cargos por los delitos de secuestro durante el conflicto armado que les hizo la JEP.

Es más, hay voces, especialmente de oposición al Acuerdo, que han pedido la renuncia de los legisladores involucrados en ese tipo de delitos. “Asumimos eso como parte de la confrontación de ideas en una democracia. Yo le he dicho al partido que no postulo mi nombre, pero si la decisión colectiva es que siga, lo voy a hacer como una tarea y responsabilidad que me asignan”, manifestó Lozada. En esa misma línea, en caso de no desistir en las aspiraciones por posibles imputaciones o condenas, respondió Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), quien hoy se desempeña como segundo vicepresidente de la Cámara: “Nosotros nos atenemos al Acuerdo, que determinó la garantía del ejercicio político. No se pueden ir cambiando las reglas a los quereres de la gente. Hicimos una negociación para continuar persiguiendo nuestros objetivos políticos, pero sin armas”.

Así las cosas, especialmente para Avanzar, no se pueden adelantar nombres ni mecanismos hasta que se resuelva la solicitud de escisión que, para sus líderes, es procedente jurídicamente porque lo que exigen es la protección del derecho consagrado por el Acuerdo de participar en política como proceso de su reincorporación a la vida civil. Eso sí, dentro de Comunes, donde sostienen ser respetuosos de la decisión de división, no comparten que eso implique la redistribución de las curules. Uno lo llama “un absurdo” y otro, pidiendo no ser citado, recalca que ahí “no hay asidero jurídico y político. ¿Entonces si diez facciones del partido piden la escisión, se van a otorgar diez personería jurídicas? No creo. Nuestro partido tiene unas características muy distintas a los otros”.

Por ahora, la Presidencia de la República no es tema primordial en la agenda; por ende, a diferencia de 2018, no se ha hablado de tener candidato. Lo que sí se ha discutido y se ha venido trabajando es en la construcción de una alianza con el Pacto Histórico que, a escala regional, ha caminado y se ha consolidado. Los tropiezos están en el ámbito nacional. “Hay que decirlo con sinceridad, a nivel nacional hay resistencia hacia la vinculación de nosotros al Pacto”, reconoció la senadora Ramírez. Hay acercamientos, pero eso no implica ningún compromiso. Por ahora el deseo de Comunes es ganar aceptación en todo el país.

Las elecciones de 2022, desde la perspectiva del partido Comunes —surgido del Acuerdo de Paz como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)— tiene dos matices que ninguna otra colectividad vive en la actualidad. Primero, la situación de seguridad de los firmantes del texto de La Habana. Desde noviembre de 2016, más de 280 excombatientes han sido asesinados; muertes que, en tiempos electorales, traen un mensaje para quienes militan y aspiran con las banderas de la rosa.

“Los asesinatos, las estigmatizaciones, las amenazas y desplazamientos no nos permitirán ejercer nuestro derecho a participar políticamente en igualdad con otros partidos. Son dificultades que despiertan el temor de salir a la calle, a un territorio, y hace muy compleja nuestra participación por el estado de cosas”, dice la senadora Sandra Ramírez. El meollo del asunto es que las garantías de seguridad se les salen de las manos, pues dependen del Gobierno para que estas sean efectivas.

(Lea: Rodolfo Hernández estaría exigiendo dinero a sus candidatos al Congreso)

Y hasta ahora, de acuerdo con Ramírez, las acciones tomadas son estéticas, como el reforzamiento de esquemas de seguridad, vehículos blindados, chalecos antibalas y otros. “Las medidas efectivas son garantizar el desmantelamiento de los grupos paramilitares y sicariales, y el desescalamiento de la estigmatización y el lenguaje usado contra los firmantes. Eso sí sería un alivio para nosotros para participar en el proceso electoral”, apuntó la legisladora.

El segundo matiz que vive Comunes es la solicitud de escisión por parte de una facción de reincorporados, liderados por los también senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, de la que hacen parte otros firmantes con estatus dentro del partido, como Joaquín Gómez y Benedicto González. En los recursos presentados ante el Consejo Nacional del partido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Verificación de Naciones Unidas, piden que se les dé una respuesta antes del cierre de inscripciones al Congreso. Además, proponen un acuerdo para dividir las diez curules otorgadas por el Acuerdo de La Habana, que tienen vigencia hasta 2026. “Con la escisión no estamos renunciando a las curules”, enfatizó Sandino.

(Lea también: “Mi campaña no será de mentiras y calumnias”: Alejandro Gaviria)

Estas solicitudes, explican, las demandan como el derecho propio que se les reconoció a todos los excombatientes con relación a su reincorporación a la vida civil, que por disposición del Acuerdo también incluye la reincorporación política. Para su materialización a escala nacional se les dieron dichas curules intransferibles y transitorias. Sandino y Zúñiga, a quienes, por mandato de Comunes, antes de la petición de escisión se les avisó que no podían volver aspirar al Congreso en 2022, esperan que se les respeten sus cupos.

Sandino habla de una negociación para determinar cuál es el número de curules que se le reservarán a Avanzar (nombre del nuevo movimiento) para garantizar la reincorporación política de los reinsertados que representa en el Congreso y Zúñiga apela al principio de proporcionalidad: “Estamos haciendo una gira nacional para identificar qué proporción representaríamos y presentarlo ante el Consejo Nacional de los Comunes”, comentó.

Según Zúñiga, conocido en la guerra como Benkos Biohó, hasta ahora Avanzar reúne a dos congresistas, diez miembros del Consejo Nacional de Comunes y más de 2.000 firmantes del Acuerdo, de un total de 13.589, pero también acoge a personas de diferentes formas organizativas, constituyéndose como un movimiento social. Eso sí, si se aprueba la escisión y un determinado número de curules, tanto él como Sandino buscarían regresar al Congreso, como lo planean los demás actuales senadores y representantes de la colectividad.

(Conozca: Consejos Municipales de Juventud: ¿la previa del pulso electoral de 2022?)

Lo cierto es que, con escisión o no, como en las elecciones pasadas, volverán a presentarse con lista cerrada. “Este es un proyecto de partido y no de una persona y a eso respondemos”, comentó Sandra Ramírez, confirmando que, hasta ahora, los que están ocupando curul, a excepción de Sandino y Zúñiga, están firmes para 2022. Otro imperativo es cumplir con la paridad. En 2018, para Senado la lista la integraron 23 personas, divididos en 16 candidatos y apenas siete candidatas. En Cámara fueron siete hombres y seis mujeres. Aún no se han dado nombres de posibles aspirantes mujeres. “En nuestra etapa anterior, cuando estábamos en la guerra, las mujeres eran el 40 % de nuestras filas. Tenemos compañeras para que lleguen a conformar las listas”, dijo el senador Julián Gallo, más conocido como Carlos Antonio Lozada.

Otros aspectos que permanecerán son las circunscripciones que tienen aseguradas en Cámara; es decir, Antioquia, Bogotá, Valle, Atlántico y Santander. Para la primera, que está representada por Ómar de Jesús Restrepo, llamado también Olmedo Ruiz, habrá cambios, pues este pasaría como candidato al Senado y en su reemplazo se presentaría Ancízar García, conocido como Pedro Barracutado, excomandante del frente 34.

Con estos cambios, lo que resta es saber qué nombres reemplazarán a Jesús Santrich, a quien le declararon silla vacía tras el retorno a las armas, y a Sandino y Zúñiga, si es que no hay acuerdo. Este último fue el reemplazo de Iván Márquez, quien nunca se posesionó. Así mismo, muchos ven en Lozada a la persona para encabezar la lista a Senado, por la preponderancia que han tomado su trabajo y su voz en la Comisión Primera. Sin embargo, sobre él y Pablo Catatumbo pesa la imputación de cargos por los delitos de secuestro durante el conflicto armado que les hizo la JEP.

Es más, hay voces, especialmente de oposición al Acuerdo, que han pedido la renuncia de los legisladores involucrados en ese tipo de delitos. “Asumimos eso como parte de la confrontación de ideas en una democracia. Yo le he dicho al partido que no postulo mi nombre, pero si la decisión colectiva es que siga, lo voy a hacer como una tarea y responsabilidad que me asignan”, manifestó Lozada. En esa misma línea, en caso de no desistir en las aspiraciones por posibles imputaciones o condenas, respondió Luis Alberto Albán (Marcos Calarcá), quien hoy se desempeña como segundo vicepresidente de la Cámara: “Nosotros nos atenemos al Acuerdo, que determinó la garantía del ejercicio político. No se pueden ir cambiando las reglas a los quereres de la gente. Hicimos una negociación para continuar persiguiendo nuestros objetivos políticos, pero sin armas”.

Así las cosas, especialmente para Avanzar, no se pueden adelantar nombres ni mecanismos hasta que se resuelva la solicitud de escisión que, para sus líderes, es procedente jurídicamente porque lo que exigen es la protección del derecho consagrado por el Acuerdo de participar en política como proceso de su reincorporación a la vida civil. Eso sí, dentro de Comunes, donde sostienen ser respetuosos de la decisión de división, no comparten que eso implique la redistribución de las curules. Uno lo llama “un absurdo” y otro, pidiendo no ser citado, recalca que ahí “no hay asidero jurídico y político. ¿Entonces si diez facciones del partido piden la escisión, se van a otorgar diez personería jurídicas? No creo. Nuestro partido tiene unas características muy distintas a los otros”.

Por ahora, la Presidencia de la República no es tema primordial en la agenda; por ende, a diferencia de 2018, no se ha hablado de tener candidato. Lo que sí se ha discutido y se ha venido trabajando es en la construcción de una alianza con el Pacto Histórico que, a escala regional, ha caminado y se ha consolidado. Los tropiezos están en el ámbito nacional. “Hay que decirlo con sinceridad, a nivel nacional hay resistencia hacia la vinculación de nosotros al Pacto”, reconoció la senadora Ramírez. Hay acercamientos, pero eso no implica ningún compromiso. Por ahora el deseo de Comunes es ganar aceptación en todo el país.