Este lunes arranca otro periodo legislativo, que tiene como particularidad –nada menos– que la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus. Si bien parte de las agendas programáticas de los partidos están orientadas a hacerle frente a la pandemia, también hay cabida para iniciativas de toda índole. Es el caso del partido de Gobierno, el Centro Democrático, que goza de mayoría en el Congreso y que aterriza con más de 140 proyectos a la espera de convertirlos en ley. Sin embargo, algunas de sus iniciativas –que conoció El Espectador– prometen desde ya levantar ampolla.
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En medio de la controversia, aún vigente, frente a la conveniencia y legalidad de la recién aprobada cadena perpetua para abusadores de menores de edad, el uribismo insistirá en esta pena, pero ahora para quienes incurran en narcotráfico. Según el proyecto –de autoría de los senadores Gabriel Vallejo, Edwin Ballesteros y Álvaro Hernán Prada– se busca una sanción más efectiva para el tráfico de estupefacientes y, al igual que la ley contra violadores de niños, la pena será revisable en 25 años. “No persigue al campesino cultivador, ni al consumidor, solo al traficante”, argumentaron.
Prada también llega con otra iniciativa controversial. Que los ciudadanos, vía referendo, puedan anular la interpretación de los fallos de la Corte Constitucional, “únicamente cuando se trate de derechos fundamentales y se considere contrario a sus principios”.
Mientras que Paloma Valencia insistirá en crear una sala especial para las Fuerzas Armadas en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), María del Rosario Guerra presentará una iniciativa para que sea obligatorio el concepto del padre en las tres causales en las que está despenalizado el aborto por la Corte. La iniciativa se denominará Ley Juanse, tras el caso de una joven que, con siete meses de gestación, alegó problemas mentales para abortar, pese a la oposición de su pareja.
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Guerra trae bajo el brazo también un proyecto contra el “feticidio”, que crea tipos penales para proteger a menores de edad en condición de vulnerabilidad, “mediante la prevención y erradicación de conductas que atentan contra su vida”. A ello se suma una iniciativa para prohibir el alquiler de vientres en Colombia (por considerarlo una categoría de trata de personas) y la eliminación del beneficio de reducción de penas a violadores de mujeres.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal persistirá en su proyecto para que haya garantías para el reclamante declarado como poseedor de buena fe (segundo ocupante) en procesos de restitución de tierras y radicará una iniciativa para que quienes hayan sido acreditadas como víctimas en otras jurisdicciones diferentes a la JEP se presuman veraces y no deban ser sometidas a controversia. Es decir, no se examine una vez más su condición.
El partido llega además con proyectos para que en parques y polideportivos, así como en inmediaciones de centros educativos, se prohíba el consumo de estupefacientes; la creación de una nueva ley de seguridad y defensa nacional, y una iniciativa que ya había presentado el expresidente Álvaro Uribe para que los delitos contra el medio ambiente no sean conexos al delito político.
Adicionalmente, los congresistas del Centro Democrático –algunos célebres por interponer toda suerte de recursos judiciales cuando consideran que se han mancillado sus derechos a la honra y buen nombre– promoverán un proyecto para fortalecer los mecanismos de protección a la imagen y honra, así como una iniciativa del senador Carlos Felipe Mejía que crea una acción civil “ante la difamación por noticias falsas”.
“El aumento de casos de ciudadanos que han sido injuriados o calumniados por medio de bases de datos, redes sociales, plataformas digitales y medios masivos de comunicación, hace necesario crear un procedimiento expedito que debe ser agotado por la jurisdicción civil ordinaria que permita a los afectados proteger los derechos fundamentales a honra, intimidad personal y familiar y al buen nombre”, reza el proyecto.
Los llamativos y singulares
Además de darle continuidad legislativa a la iniciativa que reconoce el porro como patrimonio cultural inmaterial de la Nación (senadora Ruby Chagüi), el partido –a través del representante Luis Fernando Gómez– impulsará un proyecto para declarar patrimonio cultural el sombrero aguadeño y hacer lo propio con la marimba (de autoría del representante Milton Ángulo). El representante Edwin Ballesteros buscará también declarar a la cabra santandereana como patrimonio genético y cultural de Colombia.
A su turno, Álvaro Hernán Prada impulsará un proyecto para permitir las cabalgatas en todo el país, “respetando el aporte cultural, ancestral y el cual genera una importante contribución económica a diferentes gremios del país”, según argumenta la iniciativa.
También se presentará el proyecto para reducir a la mitad los escaños del Congreso. La iniciativa prevé que se pase de 278 curules a 157: el Senado pasaría de 108 escaños a 51, mientras que la Cámara de Representantes pasaría de 171 a 106 miembros. A esto se sumaría un proyecto para que sea obligatorio tener título universitario para ser congresista y ostentar altos cargos del Estado, así como un impuesto del 10 % sobre el salario de los parlamentarios.
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En materia política, la representante Margarita Restrepo trae una iniciativa para que se declare el acogimiento y la aceptación de la Constitución como requisito previo y voluntario para obtener la cédula de ciudadanía. En esa línea, Gabriel Vallejo pretende que la enseñanza de la carta magna sea obligatoria en el colegio, mientras que el senador Santiago Valencia busca que los menores entre 7 y 17 años puedan participar en certámenes electorales. Eso sí, de manera simbólica, de cara a fomentar su participación política.
Adicionalmente, el expresidente Uribe insistirá en aumentar el castigo “de manera severa” a todo aquel que agreda a miembros de la Fuerza Pública y la senadora Chagüi buscará incentivar el reciclaje como método de pago para recargar las tarjetas de los diferentes sistemas de transporte masivo.
Coronavirus
Para hacerle frente a la pandemia, el partido también trae consigo varias iniciativas. Una de ellas, de María Fernanda Cabal, plantea medidas para la reactivación económica de los sectores afectados por el COVID-19, mientras que Uribe pretende convertir el programa de Ingreso Solidario en política de Estado, es decir, que sea permanente.
Adicionalmente, la representante Margarita Restrepo busca agregar una circunstancia de agravación cuando se presenten casos de amenaza a profesionales de la salud o a sus familiares por su condición. A su turno, el senador Carlos Felipe Mejía pretende que se elimine en el sector salud la contratación por prestación de servicios de los profesionales y servidores de la salud en todas las entidades públicas, así como que reciban ingresos por parte del sistema de seguridad social en salud del Estado.
Finalmente, Edwin Ballesteros busca declarar el internet como servicio público esencial, mientras que el representante Enrique Cabrales radicará una iniciativa para regular el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.