![Desde el pasado 28 de abril, Colombia ha vivido una jornada de protestas ininterrumpida. / AFP](https://www.elespectador.com/resizer/v2/N7ZWREFSIBBRXCR5ZH5LUEZGQY.jpg?auth=eae0a4819066387c30eb8cc475434e87ee1d38d3920f8888728bf257a7c9f892&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
El Comité Nacional del Paro presentó este miércoles un informe de 25 páginas en el que le explica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las razones del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril y en el que condensan ocho solicitudes al organismo internacional que involucran al Gobierno.
En primer lugar, el comité le pidió a la CIDH que recomiende al gobierno del presidente Iván Duque la adopción del preacuerdo para la garantía del ejercicio de la protesta y que, con un “abordaje democrático”, desarrolle diálogos y negociaciones efectivas “que lleven a adoptar medidas sociales de emergencia para proteger los derechos sociales y económicos”.
“Enfatizar al Gobierno Nacional para que cese de inmediato la violencia policial contra los manifestantes, y que para ello ordene que cese el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad”, fue la segunda petición del comité.
En ese sentido, manifestó, en la tercera petición, un llamado al Gobierno para que cumpla las sentencias judiciales que tiene que ver con las garantías de la protesta social en Colombia.
Por otra parte, y en una petición muy parecida a la que ha hecho la oposición en el Congreso —que también se reunirá con la CIDH—, solicitaron la creación de una comisión de expertos para documentar de manera detallada los casos de violación de derechos humanos en el contexto de la protesta desde el pasado 28 de abril.
También pidieron “reiterar los estándares relacionados con los límites del uso del derecho penal frente a la protesta, a fin de evitar la judicialización de quienes ejercen derechos reconocidos en la convención americana de derechos humanos”.
En el mismo documento, solicitaron a la CIDH que inste al Gobierno a la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz que tenían relación con las garantías de la protesta y las garantías para los movimientos sociales, entre otros.
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