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La respuesta del gobierno de Iván Duque frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre posible violaciones a los derechos humanos durante al paro nacional ha sido más bien crítica. El primer mandatario cuestionó lo dicho por la Comisión y hasta llegó a señalar que se le estaba sugiriendo al país “tolerar la criminalidad”. Luego, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, siguió en un camino parecido al decir que las recomendaciones hechas no son de obligatorio cumplimiento.
Esta postura ha sido cuestionada por distintos sectores, sobre todo los de la oposición. Por eso, El Espectador habló de este tema con la académica María Clara Galvis, experta en el circuito interamericano. Para esta, no habría antecedentes de la posición asumida por el Ejecutivo, debido a que siempre se han acogido las sugerencias con el mayor de los respetos posibles. En este mismo sentido, la experta agregó que las consecuencias de un desconocimiento a las sugerencias apuntan a un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos en el país -como ha pasado en Venezuela y Nicaragua-, aunque también podrían implicar una mayor vigilancia de la Comisión al Estado colombiano.
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¿Qué antecedentes hay de un país que reciba a la Comisión y luego rechace las sugerencias?
Venezuela. Eso le contesto en caliente. Hay muchas formas de reacción frente a los comunicados de la Comisión Interamericana. Los que de entrada rechazan las recomendaciones y dicen que no las van a cumplir, ese sería el caso de países como Venezuela. En otro contexto podemos ubicar a países como Chile, Perú, Honduras, e incluso Colombia, que tienen una reacción en general de saludo y de bienvenida a las recomendaciones, pero que tienen unas observaciones puntuales, ese es el caso de Colombia. En el comunicado hay una referencia general a darle la bienvenida a las sugerencias, formalmente no hay cuestionamiento, sino que hay reiteración de que las puertas están abiertas. Hay una acogida general con unos cuestionamientos puntuales. Esos cuestionamientos puntuales pueden ser de distinta magnitud.
En un principio uno ve que Colombia estuvo reacia a la visita de la CIDH, después la aceptó y ahora tiene una respuesta de resistencia a las sugerencias. ¿Cómo catalogaría esa respuesta del Gobierno?
La postura de Colombia siempre ha sido respetar las decisiones de la Comisión y de la Corte. Esa ha sido su postura tradicional. Yo diría que se sigue manteniendo, porque hay un saludo y una bienvenida a las recomendaciones. Ahora decir que no son vinculantes es entrar en una discusión que existe en el derecho internacional. Hay un sector que dice que la Comisión Interamericana y sus órganos similares no tienen la misma naturaleza que un juez internacional. No son la Corte Interamericana o la Corte de la Haya. En ese sentido marcan la diferencia de que los jueces producen sentencias que se cumplen y la Comisión Interamericana produce recomendaciones y así las entienden. Pero, también es cierto en el derecho internacional que los órganos creados por los propios Estados como la CIDH, que es un órgano que fue creado por los estados al aprobar la carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos, la lógica es que cumplan con las recomendaciones que se derivan de la acción de esos órganos.
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Dejando a un lado la naturaleza vinculante o jurídica de las recomendaciones, desde un punto de vista de la utilidad, lo que dicta la experiencia del continente es que, cuando las recomendaciones no se cumplen, la situación de derechos humanos se deteriora. Podemos ver el caso de Venezuela y el de Nicaragua. Cuando no se cumplen las recomendaciones, la situación de derechos humanos se deteriora. Por eso es desafortunado entrar a decir que las recomendaciones no son vinculantes. Porque queda en el aire la duda de que, si no son vinculantes, entonces no se cumplen. Creo que hay que entender las recomendaciones desde donde se hace la recomendación y con el propósito que se hacen. La Comisión hace las recomendaciones con el propósito de ayudarle a un Estado a superar una crisis con la intención de que la situación no se deteriore y ayudar a salir de allí. El punto central es: recomendaciones incumplidas, deterioro de la situación de los derechos humanos, debilitamiento de la democracia, debilitamiento del estado de derechos. Para la muestra los vecinos.
¿Cómo entender la posición del partido de Gobierno de que la CIDH está sesgada?
Ahí veo un desconocimiento de cómo se integra la Comisión y cómo funciona. La Comisión está integrada por siete expertos que designan los mismos estados. La composición la determinan los mismos estados que en la Asamblea General de la OEA eligen a esas personas. Eso da una determinada composición. El mandato que cumple la comisión es observar la situación de derechos humanos de un país desde la perspectiva de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Esa labor de supervisar es en sí misma ingrata porque cuando se encuentra situaciones que no son compatibles con esas obligaciones de derechos humanos, pues el órgano encargado debe recomendar los ajustes necesarios para que la conducta estatal sea compatible con la obligación internacional y esa labor es percibida como sesgada.
Pero es que la Comisión hace lo mismo en los distintos países y estos, dependiendo de su inclinación político, la juzgan de sesgada. Eso es lo mismo que en Venezuela ha dicho Chávez y Maduro y lo que ha dicho Daniel Ortega en Nicaragua. Ellos dicen que es un sesgo distinto porque la acusan de ficha del imperialismo. Pero entonces los de derecha dicen que son comunistas. Aún así la Comisión está cumpliendo su mandato y cumpliendo sus obligaciones internacionales. La mejor forma de ver que no hay sesgo es que la Comisión hace lo que sea y los distintos países, de diferente inclinación política, le dicen sesgada.
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¿Tendrá alguna consecuencia para Colombia el desconocimiento de las sugerencias de la Comisión?
Sí, el deterioro de la situación de derechos humanos, el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho. Esta es la primera consecuencia que se ve en los países que no implementan las recomendaciones de la Comisión. La segunda consecuencia es que la CIDH mantiene una supervisión permanente en todos los Estados y sobre Colombia es más cercana desde 2019 cuando inició el primer ciclo de protestas. Si las recomendaciones no se cumplen y la situación se sigue deteriorando, lo más probables es que la supervisión que se haga pueda concluir que se debe hacer una nueva visita o una visita in loco, que implica que vengan todos los integrantes de la CIDH. La consecuencia del incumplimiento en pocas palabras es que la Comisión va a seguir supervisando cada vez más de cerca la situación. Entre más se deteriore, más supervisión hay.
Nada mejor que ilustrar esta situación con este ejemplo. Cuando uno va al médico y a uno le recetan unos medicamentos, pues uno debe tomarlos. Si no lo hace, no se mejora y se sigue empeorando. Entonces el médico va a seguir encima mirando porque se está empeorando la salud. Esto es muy similar porque las recomendaciones están enfocadas a fortalecer la democracia y el estado de derecho. Si no se atienden, eso se deteriora y la Comisión va a mantener la supervisión y hasta utilizar otros mecanismos.
El gobierno venezolano y el gobierno nicaragüense han dado a entender que no hay mayores consecuencias al desconocer las recomendaciones de la CIDH. ¿Colombia no podría seguir por esa senda?
Yo no sé si se puede decir que no hay consecuencias cuando vemos lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua donde la situación de la democracia y el irrespeto de derechos es gravísimo. Esa es la radiografía de no aceptar las recomendaciones. Además, ya vemos que Venezuela tiene denuncias en la Corte Penal Internacional porque se pasó de graves violaciones a los derechos humanos a crímenes de lesa humanidad. Entonces no estoy tan de acuerdo en que no pasa nada. Sí pasa, se deterioran las cosas. Por ejemplo otro indicador de que sí pasan cosas es que en ambos países la Comisión está constantemente haciendo informes y reportes al consejo permanente de la OEA. Regularmente se está informando al máximo órgano de la OEA y eso es un indicador porque la Comisión no informa permanente sobre Uruguay o los países donde se tiene una situación más estable de democracia y estado de derecho. Sí pasan cosas, sobre todo un monitoreo de esa situación.
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¿Tiene alguna razón el gobierno colombiano frente a sus objeciones al informe?
En cuanto a la afirmación de que se le recomendó a Colombia tolerar la criminalidad, están equivocados. Por el contrario, en la recomendación número 33 dice que hay que investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y la violencia. La Comisión no recomendó a Colombia tolerar la criminalidad, por el contrario le recomendó procesar judicialmente a los responsables de los delitos de las protestas. ¿Cuáles son los delitos? Pues los que cometieron agentes del Estado y particulares -incendios, ataques contra personas y más-. En mi leal saber creo que esa recomendación le está diciendo todo lo contrario a tolerar la criminalidad. La Comisión no pide que toleren la criminalidad.
¿Cómo entender la posición asumida por Colombia?
Es una posición que va en la misma vía de la lectura que han hecho de los que pasa en las manifestaciones. Si bien se reconoce que las manifestaciones en su enorme mayoría, en un 89%, son pacíficas, el Estado centra su atención en los hechos violentos de los manifestantes y no el conjunto de violencia, aunque la Comisión da cuenta de ella y la rechaza. Van muy en la misma línea en toda su lectura de la situación.
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¿Quedó mal parado el gobierno colombiano en su informe?
Sí, en el sentido en que la Comisión encuentra violaciones a los derechos humanos atribuibles al Estado. Pero más que mal parado, uno diría que a la luz de la CIDH hay evidencias de que la conducta del Estado no ha sido respetuosa de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Hay violación al derecho a la vida, a la integridad, violencia sexual, uso excesivo e indebido de la fuerza, más allá de los estándares internacionales. Más que mal parado, se da cuenta que la conducta del Estado no es compatible con las obligaciones internacionales.