Las preocupaciones del ministro Alejandro Gaviria sobre la reforma a la salud

La reforma a la salud es un tema álgido, incluso tiene al gobierno con diferentes posturas en su seno. Mientras que la ministra de Salud, Carolina Corcho, es la abanderada de la iniciativa, de la que todavía no se conoce texto, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, expresó este miércoles algunas de sus reservas ante el intento reformista.

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Gaviria, que tuvo un paso destacado por el Ministerio de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, habría expuesto en un consejo de ministros varios de los puntos con los que no comulga del proyecto que se estaría radicando en los próximos días. El Espectador conoció las notas expuestas por el funcionario.

En primer lugar, el ministro consideró que habría un problema en el diagnóstico sobre el problema en sí mismo. De acuerdo con Gaviria, el diagnóstico desde el ministerio de Salud “no es claro”. Este cuestionó que se estuviera insinuando que todos, o la gran mayoría, de los problemas del sistema de salud se dan por las EPS. “Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales”, expresó.

De acuerdo con el exministro de Salud, los problemas financieros son propios de los sistemas de salud y no solo por las EPS. Incluso usó como ejemplo los sistemas europeos, que calificó de “estar al borde de la quiebra”. De igual manera, comparó las EPS con la prestación de servicios de salud del magisterio y de las Fuerzas Armadas. Gaviria señaló que estos sistemas también tiene problemas financieros y abarcan muchas más quejas por 1.000 afiliados que las cuestionadas empresas prestadoras de servicio de salud.

En este camino expresó que los problemas del sistema de salud tienen que ver más con aspectos de descentralización. En esto añadió que las deudas y la falta de pago a los hospitales públicos podría agravarse si se llega a buscar otro tipo de modelo diferente a las EPS.

En otro apartado, Gaviria comentó que los antecedentes de Colombia con pagadores únicos públicos no han sido los mejores. En este punto señaló casos como el Seguro Social, los recobros del Fosyga para la población desplazada en 2001 y los distintos carteles de la salud (el cartel de la hemofilia, VIH, entre otros).

Gaviria continuó sus observaciones señalando que por buscar corregir las inequidades del sistema entre el ámbito rural y urbano se estaría proponiendo “destruir lo que funciona”. “En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria”, aseveró el ministro de Educación, que señaló este punto como “una lógica extraña”.

Ante sus observaciones, Alejandro Gaviria dijo que debe conservarse muchos elementos del sistema actual y que destruirlo sería un suicidio. Entre los aspectos que destacó fue la protección financiera de buena parte de los hogares frente a los altos costos que implica los servicios de salud, que en su mayoría los asume el sistema. En este sentido también destacó el mejoramiento que ha tenido el sistema, las entidades hospitalarias y más durante el último tiempo.

Para Gaviria, toda la reforma se resume en crear una gran EPS pública, que recaería en el ADRES, pero hay muchas dudas en cuanto a los otros temas del sistema, como lo son el futuro de los pacientes, los recursos y el manejo de la transición en el sistema. Según el ministro, los pacientes no tienen un panorama claro frente a la ruta de atención.

“Hoy las EPS tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No tendríamos en el esquema más colas y problemas de atención? ¿Quién va a coordinar el traslado de los pacientes? (...) ¿Quién va a encargarse de la gestión farmacéutica, de la coordinación para la entrega de medicamentos, de los sistemas de información  y de la negociación con la industria?”, se pregunta Gaviria.

En cuanto a los recursos, el ministro señaló que el ADRES no tiene la infraestructura para la ordenación del gasto. En este punto señaló que el impacto fiscal podría ser muy grande: “¿Quién va a realizar el control de gastos? ¿La auditoría de cintos de millones de facturas? Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea, es ilusorio. Sin control de gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada”.

En un sentido similar llamó la atención sobre la transición, pues no hay claridad de cómo se va a llevar a cabo el paso de un sistema a otro. Menciona varias dudas: ¿Cuánto tiempo va a tomar el empadronamiento de toda la población? ¿Cuánto tiempo tardaría la puesta en marcha, desde cero, de un sistema de información centralización, sin una reflexión sobre cómo transferir capacidades?

Finalmente, Gaviria concluyó reconociendo la necesidad de una reforma, de invertir en temas claves como la salud pública, de hacer un mayor énfasis en la atención primaria o de eliminar la integración vertical. Pero, apuntó, “sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas, la reforma propuesta puede hacer daño. Mucho daño”.

La reforma a la salud es un tema álgido, incluso tiene al gobierno con diferentes posturas en su seno. Mientras que la ministra de Salud, Carolina Corcho, es la abanderada de la iniciativa, de la que todavía no se conoce texto, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, expresó este miércoles algunas de sus reservas ante el intento reformista.

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Gaviria, que tuvo un paso destacado por el Ministerio de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, habría expuesto en un consejo de ministros varios de los puntos con los que no comulga del proyecto que se estaría radicando en los próximos días. El Espectador conoció las notas expuestas por el funcionario.

En primer lugar, el ministro consideró que habría un problema en el diagnóstico sobre el problema en sí mismo. De acuerdo con Gaviria, el diagnóstico desde el ministerio de Salud “no es claro”. Este cuestionó que se estuviera insinuando que todos, o la gran mayoría, de los problemas del sistema de salud se dan por las EPS. “Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales”, expresó.

De acuerdo con el exministro de Salud, los problemas financieros son propios de los sistemas de salud y no solo por las EPS. Incluso usó como ejemplo los sistemas europeos, que calificó de “estar al borde de la quiebra”. De igual manera, comparó las EPS con la prestación de servicios de salud del magisterio y de las Fuerzas Armadas. Gaviria señaló que estos sistemas también tiene problemas financieros y abarcan muchas más quejas por 1.000 afiliados que las cuestionadas empresas prestadoras de servicio de salud.

En este camino expresó que los problemas del sistema de salud tienen que ver más con aspectos de descentralización. En esto añadió que las deudas y la falta de pago a los hospitales públicos podría agravarse si se llega a buscar otro tipo de modelo diferente a las EPS.

En otro apartado, Gaviria comentó que los antecedentes de Colombia con pagadores únicos públicos no han sido los mejores. En este punto señaló casos como el Seguro Social, los recobros del Fosyga para la población desplazada en 2001 y los distintos carteles de la salud (el cartel de la hemofilia, VIH, entre otros).

Gaviria continuó sus observaciones señalando que por buscar corregir las inequidades del sistema entre el ámbito rural y urbano se estaría proponiendo “destruir lo que funciona”. “En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria”, aseveró el ministro de Educación, que señaló este punto como “una lógica extraña”.

Ante sus observaciones, Alejandro Gaviria dijo que debe conservarse muchos elementos del sistema actual y que destruirlo sería un suicidio. Entre los aspectos que destacó fue la protección financiera de buena parte de los hogares frente a los altos costos que implica los servicios de salud, que en su mayoría los asume el sistema. En este sentido también destacó el mejoramiento que ha tenido el sistema, las entidades hospitalarias y más durante el último tiempo.

Para Gaviria, toda la reforma se resume en crear una gran EPS pública, que recaería en el ADRES, pero hay muchas dudas en cuanto a los otros temas del sistema, como lo son el futuro de los pacientes, los recursos y el manejo de la transición en el sistema. Según el ministro, los pacientes no tienen un panorama claro frente a la ruta de atención.

“Hoy las EPS tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma. ¿Qué va a pasar entonces? ¿No tendríamos en el esquema más colas y problemas de atención? ¿Quién va a coordinar el traslado de los pacientes? (...) ¿Quién va a encargarse de la gestión farmacéutica, de la coordinación para la entrega de medicamentos, de los sistemas de información  y de la negociación con la industria?”, se pregunta Gaviria.

En cuanto a los recursos, el ministro señaló que el ADRES no tiene la infraestructura para la ordenación del gasto. En este punto señaló que el impacto fiscal podría ser muy grande: “¿Quién va a realizar el control de gastos? ¿La auditoría de cintos de millones de facturas? Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea, es ilusorio. Sin control de gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada”.

En un sentido similar llamó la atención sobre la transición, pues no hay claridad de cómo se va a llevar a cabo el paso de un sistema a otro. Menciona varias dudas: ¿Cuánto tiempo va a tomar el empadronamiento de toda la población? ¿Cuánto tiempo tardaría la puesta en marcha, desde cero, de un sistema de información centralización, sin una reflexión sobre cómo transferir capacidades?

Finalmente, Gaviria concluyó reconociendo la necesidad de una reforma, de invertir en temas claves como la salud pública, de hacer un mayor énfasis en la atención primaria o de eliminar la integración vertical. Pero, apuntó, “sin un diagnóstico claro ni una respuesta a las preguntas planteadas, la reforma propuesta puede hacer daño. Mucho daño”.