Las razones de la oposición para refutar el proyecto de seguridad ciudadana

El proyecto de seguridad ciudadana incluye aumento de penas por agresiones contra la Fuerza Pública.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este lunes, en el marco de las sesiones extras, el Congreso empezó la discusión de tres proyectos con mensaje de urgencia por parte de Presidencia. El primero, ya aprobado, es el que crea el régimen especial de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca. La segunda iniciativa es la que dicta normas para fomentar y promover industriar creativas artesanales y del patrimonio cultural. El otro, aún en discusión y que ha generado mucha controversia en distintos sectores, es el Proyecto de Ley de seguridad ciudadana, que busca responder a la ola de inseguridad urbana en varias ciudades del país, pero también a varias de situaciones que se registraron durante las movilizaciones del paro nacional.

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Desde que fue presentado, este proyecto ha generado controversia debido a que aumenta las sanciones a las agresiones en contra de la Fuerza Pública. Por ejemplo, sobre el homicidio, se consideraría como agravante que sea cometido en contra de un uniformado, por lo que se castigaría con penas entre los 41 y 60 años de prisión. También sería un agravante ocasionar lesiones personales a un miembro de la Fuerza Pública. Otra controversia sobre el proyecto de ley fue la inclusión de una proposición de “Legítima defensa privilegiada”, algo que para algunos académicos puede resultar contraproducente.

En la previa y durante la discusión del proyecto, varios congresistas de oposición manifestaron sus razones de por qué, según ellos, la propuesta es “populismo punitivo” e incluso equipara la delincuencia común con las movilizaciones, motivos por lo que solicitaron el archivo del proyecto. No obstante, la discusión siguió adelante y el proyecto será aprobado.

De acuerdo con el senador Iván Cepeda (Polo Democrático), hay numerosas recomendaciones internacionales sobre aspectos que este Proyecto de Ley impulsa. “Es como si el Gobierno y la bancada de Gobierno se hubiera tomado la molestia de leer las recomendaciones internacionales y formular, punto por punto, políticas que van en contravención y profundizar políticas ya vigentes contra los Derechos Humanos”, dijo el congresista durante su intervención en la sesión.

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Para Cepeda, este proyecto “confunde el problema de la delincuencia común con la movilización y la protesta, que son un derecho legítimo enunciado constitucionalmente. Es un proyecto que va a tener como efecto al promedio la justicia por mano propia y el paramilitarismo urbano, hay que decirlo sin ningún tipo de reverso”.

El senador Julián Gallo (Comunes) también se expresó en contra del proyecto, señalando que no toca aspectos esenciales para un proyecto que busca mejorar la seguridad ciudadana. “Fenómenos como por ejemplo el aumento de las masacres, el aumento del asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de líderes ambientales y también de personas en proceso de reincorporación. En cambio se hace referencia a otra serie delitos que realmente lo que se buscan es penalizar hechos que se vienen presentando en las protestas en las movilizaciones sociales”.

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Gallo hizo referencia a situaciones que se presentaron desde las movilizaciones de noviembre de 2019 en la mayoría de ciudades del país, como los enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, por lo que coincidió en que el proyecto pretende criminalizar la protesta social. “Lo que se busca por la puerta de atrás este proyecto es penalizar una serie de comportamientos y conductas que vienen reflejando una realidad socioeconómica y política que no la van a poder solucionar”.

El senador Roy Barreras, electo por el Partido de la U pero hoy jefe de debate del Pacto Histórico (coalición que agrupa candidaturas de centro-izquierda), se pronunció en la previa del debate y aseguró que se debería bautizar “Proyecto Turbay”, pues según él revive el Estatuto de Seguridad. “Legaliza el fusilamiento en las calles de los jóvenes; Legitima la justicia por ‘propia mano’ y masacres como la de Llano verde en Cali”.

“Quieren aprobar este adefesio a pupitrazo mientras el país está distraído con las festividades navideñas. Legaliza el asesinato de civiles, las detenciones arbitrarias y las desapariciones. Haremos saber a los colombianos que senadores votan este proyecto de paramilitarismo urbano. Conozcan los autores que quieren que los colombianos nos matemos unos a otros legalizando la justicia por propia mano: los ministros Molano, Himmler, Ruiz, Beria, Palacios, y lo firman y votan el Centro Democrático; Partido Conservador, Partido de la U, Cambio Radical y tristemente el Partido Liberal”, escribió Barreras.

Otro nombre al proyecto se lo dio el representante Inti Asprilla (Alianza Verde), quien lo bautizó como “proyecto Andrés Escobar” pues, según el congresista, es un salvavidas para el joven empresario caleño quien fue imputado por la Fiscalía por disparar contra manifestantes durante el paro nacional. “Con este proyecto, y si el artículo sobre defensa privilegiada queda aprobado por ustedes mayorías uribistas, ya habrán hecho el proyecto habrán hecho el favor Andrés Escobar. Eso me incomoda. Y si ustedes aprueban esto no dudaremos en decir a la opinión pública que ustedes han creado el proyecto de ley Andrés Escobar”, dijo Asprilla.

Por su parte, la representante María José Pizarro (Colombia Humana) indicó que el proyecto contiene “una visión fascista” que ha legitimado, por ejemplo, el exterminio de todo un partido político como ocurrió a finales del siglo XX con la Unión Patriótica. “Este proyecto de ley tiene un enfoque absolutamente militarista, guerrerista y de enfoque represivo. Me incomoda que se esté legalizando que la ‘gente de bien’, la que salió a disparar contra la Minga, contra los manifestantes y contra los jóvenes, puedan portar armas mientras que los pobres no se les ha dado absolutamente nada, porque el Gobierno no hizo nada por la salud, por la educación pública y las condiciones en medio de una pandemia”.