Las recomendaciones de la academia y la sociedad civil en la política de drogas
En un memorando, seis organizaciones le plantean al presidente Gustavo Petro una serie de estrategias en el corto, mediano y largo plazo para promover acciones que salven vidas y reduzcan los daños asociados al consumo y a la producción de drogas.
A través de un memorando al gobierno del presidente Gustavo Petro, seis organizaciones académicas y de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con la política de drogas le plantean una serie de recomendaciones, complementarias a los anuncios que ya se han hecho, y que apuntan a promover acciones que salven vidas, gestionen los riesgos relacionados con las sustancias psicoactivas y reduzcan los daños asociados al consumo y a la producción de drogas, todas ellas en el corto, mediano y largo plazo.
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“Es urgente una estrategia coherente de comunicación sobre la nueva política de drogas. Por lo tanto, identificamos acciones para los primeros cien días de gobierno, los primeros seis meses, el mediano y el largo plazo, con la intención de organizar de manera estratégica las acciones. Mientras los cambios ocurren, estaremos en un periodo de transición y debemos manejar contradicciones que se pueden presentar en el camino. Priorizamos las reformas a nivel nacional que pueden situarnos como referente internacional en el camino hacia una nueva política de drogas, que prioricen los derechos de los colombianos y que no afecten las relaciones internacionales”, señala el documento suscrito por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, la Corporación Acción Técnica Social (ATS), Elementa DDHH, el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Corporación Viso Mutop y la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Para estas organizaciones, el mundo está discutiendo nuevos enfoques para la política de drogas, por lo cual es importante “educar a la sociedad para minimizar el impacto negativo del consumo de sustancias para cuando ocurra la regulación”. En este sentido, señalan que reformar la política de drogas “es un paso necesario para alcanzar la paz en Colombia, tal como lo ha planteado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como lo han sugerido la Comisión de la Verdad (CEV) y estudios académicos mostrando que el prohibicionismo ha sido un factor de persistencia del conflicto armado”.
Este es el documento completo:
A través de un memorando al gobierno del presidente Gustavo Petro, seis organizaciones académicas y de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con la política de drogas le plantean una serie de recomendaciones, complementarias a los anuncios que ya se han hecho, y que apuntan a promover acciones que salven vidas, gestionen los riesgos relacionados con las sustancias psicoactivas y reduzcan los daños asociados al consumo y a la producción de drogas, todas ellas en el corto, mediano y largo plazo.
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“Es urgente una estrategia coherente de comunicación sobre la nueva política de drogas. Por lo tanto, identificamos acciones para los primeros cien días de gobierno, los primeros seis meses, el mediano y el largo plazo, con la intención de organizar de manera estratégica las acciones. Mientras los cambios ocurren, estaremos en un periodo de transición y debemos manejar contradicciones que se pueden presentar en el camino. Priorizamos las reformas a nivel nacional que pueden situarnos como referente internacional en el camino hacia una nueva política de drogas, que prioricen los derechos de los colombianos y que no afecten las relaciones internacionales”, señala el documento suscrito por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, la Corporación Acción Técnica Social (ATS), Elementa DDHH, el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Corporación Viso Mutop y la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Para estas organizaciones, el mundo está discutiendo nuevos enfoques para la política de drogas, por lo cual es importante “educar a la sociedad para minimizar el impacto negativo del consumo de sustancias para cuando ocurra la regulación”. En este sentido, señalan que reformar la política de drogas “es un paso necesario para alcanzar la paz en Colombia, tal como lo ha planteado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y como lo han sugerido la Comisión de la Verdad (CEV) y estudios académicos mostrando que el prohibicionismo ha sido un factor de persistencia del conflicto armado”.
Este es el documento completo: