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A poco más de un mes de que Gustavo Petro llegara a la Presidencia, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) dio a conocer el informe final de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Según la organización, en las próximas semanas le compartirán personalmente las recomendaciones al presidente de la República, así como al del Congreso, Roy Barreras, para, dicen ellos, mejorar la actividad política en Colombia.
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Durante una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá este lunes, el eurodiputado y líder de la MOE-UE, Javi López, manifestó que, aunque previamente ya se habían entregado algunas recomendaciones sobre los procesos electorales, las nuevas son oportunas, dijo él, sobre todo en este momento en que el Legislativo empieza a ser más dinámico. Por otra parte, sostuvo que a pesar de los problemas y las falta de confianza que hubo durante los periodos electorales, el saldo es positivo y aseguró que “Colombia tiene instituciones sólidas”, lo que permitió “subsanar errores que ocurrieron en el preconteo”.
Dentro del documento entregado por la organización, la MOE-UE destaca que las de 2022 fueron las elecciones “más plurales jamás celebradas en el país”. Adicionalmente, resalta que “tal y como prevé el Acuerdo de Paz, los colombianos residentes en los municipios más afectados por el conflicto pudieron, por primera vez desde su firma, elegir a los miembros de las circunscripciones transitorias especiales de paz (CITREP), destinadas a dar a las víctimas una representación directa en el Congreso”.
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Las recomendaciones
Aun así, la organización dio una serie de recomendaciones, dentro de la que destaca el fortalecimiento que se le debe dar al Consejo Nacional Electoral (CNE). Para la MOE-UE, la institución “no ha sido dotada de recursos y mecanismos suficientes para controlar eficazmente los gastos y los fondos de las campañas”, lo que deja una venta abierta para hechos de corrupción. “Dadas las capacidades actuales del CNE, es extremadamente difícil rastrear o sancionar a empresas y asociaciones de empresarios que supuestamente hacen contribuciones a las campañas sin reportarlas”, dice la MOE-UE, que además agrega que la institución carece de “estructura territorial a nivel nacional”.
Sobre este punto, López manifestó que “el problema de la financiación es notorio. Se necesita recursos humanos para llevar el control de las finanzas, para que no lleguen recursos de fuentes oscuras”. De la misma manera, otra recomendación que dio fue que se debe reivindicar y proteger el voto secreto, al que considera “una de las mejores fórmulas para combatir la compra de votos. Es un fenómeno que existe y que detectamos en las elecciones legislativas”.
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Por otra parte, López habló sobre el rol de algunos entes de control y expresó que “el papel de la Procuraduría deber revisarse a ojos de estándares internacionales” y también que “los cargos públicos electos deben tener libertad política para participar de las campañas”. Las recomendaciones que sugiere el documento incluyen el “dotar al CNE de los recursos humanos, financieros y logísticos necesarios para aumentar su capacidad de llevar a cabo un control eficaz de la financiación de las campañas”.
De igual manera, la MOE-UE pide “aumentar la cuota mínima candidatas en las listas hasta la paridad y, además, aplicarla a todas las circunscripciones”, con el fin de reforzar la participación de mujeres en la política. Asimismo, la organización recomienda hacer una “campaña de información pública que enfatice el derecho al voto secreto, así como un mejor diseño de los cubículos de votación y la capacitación sobre la ubicación de las mismas, contribuirían a mejorar la garantía del secreto del voto”.
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Sobre la participación política para personas condenadas judicialmente, la MOE-UE considera que se debe “liminar la inhabilitación permanente para ser candidato al Congreso o a la Presidencia”, en el caso de que sea un delito doloso. La organización aclaró que “si se mantiene la suspensión del derecho a participar en elecciones como pena vinculada a la prisión, el período de inhabilitación debería ser proporcional a la gravedad del delito o a la duración de la condena”.
El documento de la organización recomienda además que Colombia adecue sus leyes a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quitándole a la Procuraduría la “facultad de suspender o destituir a cargos electos por faltas disciplinarias”. La facultad de castigar con la suspensión, dice el informe, debe estar “exclusivamente en manos del poder judicial, después de un proceso con las debidas garantías procesales”.
Finalmente, recomienda la MOE-UE, debe aprobarse una regulación clara sobre la publicidad y propaganda política en época electoral. Esto, explica la organización, debe hacerse con el fin de “minimizar el riesgo de que la publicidad de las instituciones públicas sea utilizada como mecanismo de presión económica contra los medios de comunicación críticos”.
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