Las cifras son estremecedoras. En 23 días del paro nacional en Colombia se han registrado 42 muertes que, según la Defensoría del Pueblo, han ocurrido en medio de las protestas. La Fiscalía habla de que 15 de estas tienen una relación directa con las manifestaciones. A su vez, cifras no oficiales pero que entregan de manera juiciosa organizaciones no gubernamentales como Temblores o el Indepaz, denuncian que entre el 28 de abril y el 18 de mayo, la cifra de muertos es 51, de los cuales 43 tienen como presuntos responsables a miembros de la Policía. Además, reportan 18 víctimas de violencia sexual a manos de la Fuerza Pública, 2.387 casos de abuso de autoridad y 33 afectados con heridas en los ojos.
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Los hechos de brutalidad policial en medio del paro –muchos de ellos grabados en videos– llamaron la atención de parte de la comunidad internacional, hasta el punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el pasado 14 de mayo una visita de trabajo a Colombia “para observar en terreno” la situación de derechos humanos en medio de las protestas. Según el organismo, las denuncias recibidas hablan del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. “La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas”, dice el documento de la CIDH.
Sobre el asunto se ha referido el presidente Iván Duque en varias intervenciones. Su discurso se ha centrado sobre la aplicación de la ley a los miembros de la Policía, a través de los organismos de control. El 12 de mayo, por ejemplo, el primer mandatario manifestó que “todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los derechos humanos” y que, en caso de violaciones “por conductas individuales de miembros de la Fuerza Pública”, todas serán judicializadas. Esa es la promesa, y la Procuraduría ya avanza en 71 procesos al respecto, aunque siguen vigentes preguntas en torno a por qué persisten esas acciones de abuso policial en las protestas, de manera paralela en varias ciudades del país, y quién está detrás de estas órdenes.
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Esos interrogantes, aún sin respuestas, han puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma estructural a la Policía Nacional, en donde hay propuestas, incluso, de eliminar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). De hecho, ese será uno de los puntos claves en la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, el próximo martes en la Cámara. “Tendrá que responder si dieron la orden o, lo que es más grave, si subordinados están tomando acciones propias sin tener en cuenta la cadena de mando”, comentó el representante Wílmer Leal, de la Alianza Verde, a El Espectador.
Eso sí, en el Congreso hay por lo menos tres proyectos que buscan reformar la Policía, algunos de manera profunda; otros, con cambios puntuales sobre el uso de la fuerza. Uno de ellos lo promueve el representante Inti Asprilla, también de los verdes, y busca, de manera muy específica, regular el uso de la fuerza. La iniciativa, además de establecer una cátedra sobre el uso proporcional de la fuerza, propone la eliminación de varias acciones que hoy implementan los uniformados, como la maniobra de estrangulamiento, el uso del bastón tipo tonfa (bolillo) para golpear en la cabeza, la prohibición de dar más de una descarga eléctrica con el “taser” y convertir en falta grave el uso de armas cinéticas, como armas con munición de balines o de goma.
“También buscamos un acompañamiento civil, como reviviendo la figura del comisionado para la Policía, pero adscrito al Ministerio del Interior, para que les haga seguimiento a los procesos contra miembros de la Fuerza Pública”, comenta Asprilla. Este mismo proyecto también plantea la prohibición para que miembros de la Fuerza Pública accedan a información de dispositivos tecnológicos que porten los manifestantes.
Otro de los proyectos, que lidera el senador Iván Cepeda, del Polo, con el respaldo de más de 20 firmas, busca reformar la Ley 62 de 1993 para agregarle a la Policía los principios de dignidad, enfoque diferencial en cuanto a niños, mujeres, indígenas o población LGBTIQ+, igualdad, necesidad o proporcionalidad. En ese sentido, establece que los procedimientos policiales no podrán ser violentos y quedará en cabeza del Ministerio del Interior, no del de Defensa, la reglamentación de los instrumentos, medios y métodos para el uso diferenciado de la fuerza.
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Asimismo, atiende a la formación de los miembros de la Policía, la cual “deberá fomentar el respeto por los derechos humanos, la cultura cívica, convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de éstas hacia el Estado”, dice el articulado.
Por último, también está radicada otra iniciativa, que lideran Cepeda, el senador Antonio Sanguino y la representante María José Pizarro, y que propone varias limitaciones a la actuación de la Policía en medio de una protesta, obliga su subordinación al poder civil para intervenir una manifestación y pretende prohibir el uso de armas cinéticas, disparar directamente contra la multitud o de forma indiscriminada y el uso de fuerza letal y el porte de armas de fuego en las manifestaciones.
El proyecto establece responsabilidad en los altos mandos por acciones que puedan configurarse como delitos y que sean realizadas por unidades bajo su control. En ese mismo sentido, brinda mayores garantías a la prensa en cuanto que los periodistas “no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el solo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas” y tampoco podrán ser un obstáculo para grabar imágenes o conseguir testimonios. En conclusión, son tres proyectos que tienen que ver con reformas a la Policía, impulsados por la oposición y, la verdad, sin un futuro prometedor en el Congreso.