Las reformas a las que el Gobierno les tiene acelerador
Los cambios que quiere implementar la nueva administración parecen estar apoyados plenamente en el Legislativo. Aun así, Petro y su bancada han decidido priorizar los temas relacionados con la tributación y la paz. Acá le contamos en qué va cada una de las principales reformas propuestas.
Jhordan C. Rodríguez
A una semana de cumplir su primer mes, el gobierno de Gustavo Petro ha hecho notorio su interés de que algunos de los cambios que prometió desde campaña se materialicen antes de terminar 2022. El respaldo que tiene el presidente y sus ministros en el Congreso es innegable, pues la mayoría parlamentaria se ha declarado gobiernista. Aun así, del abanico de reformas anunciadas, solo a unas cuantas se les está metiendo el acelerador, con enfoque en dos temas: lo tributario y la paz.
Es claro que la apuesta legislativa de Petro es ambiciosa, pues plantea al menos una docena de reformas que incluyen cambios en la Policía, la Procuraduría, la salud y la creación de dos nuevos ministerios, entre otras, pero también que tuvo que frenarse en algunos aspectos. Por ahora, este es el panorama de lo que avanza en su trámite y de lo que quedó sentado para presentar y discutir el próximo año.
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Las que clasifican para 2022
Reforma a la Ley de Orden Público para la “paz total”
El pasado 30 de agosto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó en el Congreso el proyecto de ley que prorroga y modifica la Ley 418 de 1997, llamada también Ley de Orden Público. La iniciativa faculta al presidente para la “búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia”, es decir, que pueda adelantar negociaciones con grupos al margen de la ley.
El cambio que busca el gobierno Petro es que estas facultades se extiendan a otras autoridades y que el Estado, en su conjunto, quede comprometido a trabajar por el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue en cualquier gobierno, no solo este. Adicionalmente, la propuesta faculta a los ministerios, como parte del Gobierno, y a otras autoridades para que creen políticas que faciliten conseguir la “paz total”, propuesta con la que Petro busca lograr la paz con distintos actores armados al mismo tiempo.
Esta es la propuesta que más ha avanzado de lo prometido por el presidente en campaña. Ha estado acompañada por un trabajo en territorio por parte de sus ministros, el Congreso, liderado en esta materia por Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz de Senado; la Fuerza Pública y representantes de la comunidad civil en zonas de conflicto.
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Reforma tributaria
La iniciativa busca que se recauden $25 billones al inicio del período presidencial; sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no descarta que haya cambios que permitan al final del cuatrienio llegar a los $50 billones. Aun así, el proyecto, que se presentó el pasado 8 de agosto -un día después de la posesión de Petro como presidente- ha tenido que ir cediendo ante las críticas de varios sectores políticos y empresariales, que la consideran problemática y que sería perjudicial para una gran parte de los ciudadanos, no solo para las 4.000 personas más ricas del país, como se prometió desde la campaña del Pacto Histórico.
La presión ha sido tanta, que ya ha desembocado en una convocatoria a protestas contra la reforma y contra el Gobierno, el próximo 26 de septiembre, promovidas por sectores empresariales, que buscan que se retire el documento radicado y se presente uno nuevo, con cambios. A pesar de esto, lo que se ha ido materializando es la modificación de la propuesta, pues ya se han eliminado algunos puntos, como acabar con el subsidio a los combustibles en las zonas de frontera, la sobretasa a las exportaciones de oro y el recorte de la lista de los alimentos procesados, que en un inicio tendrían mayor impuesto al consumo.
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Reforma agraria
Esta propuesta, más que una reforma general, es una serie de cambios que se dan para que el campo sea un lugar más productivo y equitativo. Viene acompañada con la intención de saldar una deuda pendiente del Estado con el campesinado y con uno de los puntos del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016. Lo radicado en el Congreso por los ministros de Agricultura, Justicia y del Interior propone además que se cree la Jurisdicción Agraria y Rural. Se busca mejorar el acceso a la justicia para los campesinos y demás personas que viven en predios rurales.
Lo presentado por el tridente ministerial, al ser una modificación a la Constitución tendría un camino más largo que, en caso de superar los ocho debates reglamentarios, sería terminado en 2023. Con esto así, lo primero que sería aprobado sería la creación de la jurisdicción, pero luego el Congreso tendría que entrar a discutir cosas como la cantidad de funcionarios que tendría y las labores que cumplirían.
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Reforma política
Aunque no se ha presentado ante el Congreso, fuentes cercanas al Ministerio del Interior y al Congreso le aseguraron a este diario que será presentada entre martes y viernes de la próxima semana. Esta propuesta busca, según el representante a la Cámara Alirio Uribe, del Pacto Histórico, “acabar con las empresas electorales, con la financiación personalizada de las campañas con esas maquinarias de corrupción y busca dar transparencia a la política en Colombia”.
Uribe explicó que se modificarán tres artículos de la Constitución (108, 109 y 262), que tienen que ver con los porcentajes de financiación que reciben los partidos y movimientos políticos, para que sea más equitativo.
(Le invitamos a leer: “‘Esa no es la manera adecuada’, gobierno rechaza invasiones de predios)
Las que se guardan para 2023
Las reformas propuestas por Petro desde campaña son más de 12. Una apuesta tan ambiciosa, que obligó a reservar más de la mitad para el próximo año. Roy Barreras, presidente del Congreso y ficha del Pacto Histórico, ya había advertido que las reformas que se presentaran tarde, por más de que tuvieran el apoyo en el Legislativo, no lograrían aprobarse este año. Algunas de las iniciativas que ya habían sido descartadas fueron las reformas a la salud y laboral. La primera está en veremos, mientras que la segunda ya se sabe que contará con la participación de empresas y centrales obreras para que se sienten a discutir los cambios que necesita el sistema laboral colombiano.
Otra que está en veremos es la reforma a la justicia, que no ha sonado por los pasillos del Capitolio ni ha tenido mayor bombo por parte del ministro Néstor Osuna. De esta iniciativa se sabe que, como lo promulgó el mismo Petro desde campaña, estará enfocada a “la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos”.
(Lea: “Sandra Urrutia será la nueva ministra de las TIC”)
También están pendientes las radicaciones de los proyectos que buscan la creación de dos ministerios prometidos: de la Mujer y de la Paz, Seguridad y Convivencia. Como lo adelantó el presidente Petro, la primera de estas carteras estará manejada por la vicepresidenta Francia Márquez y tendrá como objetivo lograr igualdad salarial entre hombre y mujer, reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión e ingreso vital y medio salario mínimo a la madre cabeza de familia. Por su parte, del Ministerio de Paz se sabe que se encargará de la centralización de las entidades relacionadas con el conflicto armado, como la JEP, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, y demás organismos que nacieron del Acuerdo con las Farc, que por ahora están repartidas en otras carteras.
A una semana de cumplir su primer mes, el gobierno de Gustavo Petro ha hecho notorio su interés de que algunos de los cambios que prometió desde campaña se materialicen antes de terminar 2022. El respaldo que tiene el presidente y sus ministros en el Congreso es innegable, pues la mayoría parlamentaria se ha declarado gobiernista. Aun así, del abanico de reformas anunciadas, solo a unas cuantas se les está metiendo el acelerador, con enfoque en dos temas: lo tributario y la paz.
Es claro que la apuesta legislativa de Petro es ambiciosa, pues plantea al menos una docena de reformas que incluyen cambios en la Policía, la Procuraduría, la salud y la creación de dos nuevos ministerios, entre otras, pero también que tuvo que frenarse en algunos aspectos. Por ahora, este es el panorama de lo que avanza en su trámite y de lo que quedó sentado para presentar y discutir el próximo año.
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Las que clasifican para 2022
Reforma a la Ley de Orden Público para la “paz total”
El pasado 30 de agosto, el ministro del Interior, Alfonso Prada, radicó en el Congreso el proyecto de ley que prorroga y modifica la Ley 418 de 1997, llamada también Ley de Orden Público. La iniciativa faculta al presidente para la “búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia”, es decir, que pueda adelantar negociaciones con grupos al margen de la ley.
El cambio que busca el gobierno Petro es que estas facultades se extiendan a otras autoridades y que el Estado, en su conjunto, quede comprometido a trabajar por el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue en cualquier gobierno, no solo este. Adicionalmente, la propuesta faculta a los ministerios, como parte del Gobierno, y a otras autoridades para que creen políticas que faciliten conseguir la “paz total”, propuesta con la que Petro busca lograr la paz con distintos actores armados al mismo tiempo.
Esta es la propuesta que más ha avanzado de lo prometido por el presidente en campaña. Ha estado acompañada por un trabajo en territorio por parte de sus ministros, el Congreso, liderado en esta materia por Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz de Senado; la Fuerza Pública y representantes de la comunidad civil en zonas de conflicto.
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Reforma tributaria
La iniciativa busca que se recauden $25 billones al inicio del período presidencial; sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no descarta que haya cambios que permitan al final del cuatrienio llegar a los $50 billones. Aun así, el proyecto, que se presentó el pasado 8 de agosto -un día después de la posesión de Petro como presidente- ha tenido que ir cediendo ante las críticas de varios sectores políticos y empresariales, que la consideran problemática y que sería perjudicial para una gran parte de los ciudadanos, no solo para las 4.000 personas más ricas del país, como se prometió desde la campaña del Pacto Histórico.
La presión ha sido tanta, que ya ha desembocado en una convocatoria a protestas contra la reforma y contra el Gobierno, el próximo 26 de septiembre, promovidas por sectores empresariales, que buscan que se retire el documento radicado y se presente uno nuevo, con cambios. A pesar de esto, lo que se ha ido materializando es la modificación de la propuesta, pues ya se han eliminado algunos puntos, como acabar con el subsidio a los combustibles en las zonas de frontera, la sobretasa a las exportaciones de oro y el recorte de la lista de los alimentos procesados, que en un inicio tendrían mayor impuesto al consumo.
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Reforma agraria
Esta propuesta, más que una reforma general, es una serie de cambios que se dan para que el campo sea un lugar más productivo y equitativo. Viene acompañada con la intención de saldar una deuda pendiente del Estado con el campesinado y con uno de los puntos del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016. Lo radicado en el Congreso por los ministros de Agricultura, Justicia y del Interior propone además que se cree la Jurisdicción Agraria y Rural. Se busca mejorar el acceso a la justicia para los campesinos y demás personas que viven en predios rurales.
Lo presentado por el tridente ministerial, al ser una modificación a la Constitución tendría un camino más largo que, en caso de superar los ocho debates reglamentarios, sería terminado en 2023. Con esto así, lo primero que sería aprobado sería la creación de la jurisdicción, pero luego el Congreso tendría que entrar a discutir cosas como la cantidad de funcionarios que tendría y las labores que cumplirían.
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Reforma política
Aunque no se ha presentado ante el Congreso, fuentes cercanas al Ministerio del Interior y al Congreso le aseguraron a este diario que será presentada entre martes y viernes de la próxima semana. Esta propuesta busca, según el representante a la Cámara Alirio Uribe, del Pacto Histórico, “acabar con las empresas electorales, con la financiación personalizada de las campañas con esas maquinarias de corrupción y busca dar transparencia a la política en Colombia”.
Uribe explicó que se modificarán tres artículos de la Constitución (108, 109 y 262), que tienen que ver con los porcentajes de financiación que reciben los partidos y movimientos políticos, para que sea más equitativo.
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Las que se guardan para 2023
Las reformas propuestas por Petro desde campaña son más de 12. Una apuesta tan ambiciosa, que obligó a reservar más de la mitad para el próximo año. Roy Barreras, presidente del Congreso y ficha del Pacto Histórico, ya había advertido que las reformas que se presentaran tarde, por más de que tuvieran el apoyo en el Legislativo, no lograrían aprobarse este año. Algunas de las iniciativas que ya habían sido descartadas fueron las reformas a la salud y laboral. La primera está en veremos, mientras que la segunda ya se sabe que contará con la participación de empresas y centrales obreras para que se sienten a discutir los cambios que necesita el sistema laboral colombiano.
Otra que está en veremos es la reforma a la justicia, que no ha sonado por los pasillos del Capitolio ni ha tenido mayor bombo por parte del ministro Néstor Osuna. De esta iniciativa se sabe que, como lo promulgó el mismo Petro desde campaña, estará enfocada a “la independencia judicial, la meritocracia, autonomía administrativa y presupuestal, lucha contra la corrupción, acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para solución de conflictos”.
(Lea: “Sandra Urrutia será la nueva ministra de las TIC”)
También están pendientes las radicaciones de los proyectos que buscan la creación de dos ministerios prometidos: de la Mujer y de la Paz, Seguridad y Convivencia. Como lo adelantó el presidente Petro, la primera de estas carteras estará manejada por la vicepresidenta Francia Márquez y tendrá como objetivo lograr igualdad salarial entre hombre y mujer, reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión e ingreso vital y medio salario mínimo a la madre cabeza de familia. Por su parte, del Ministerio de Paz se sabe que se encargará de la centralización de las entidades relacionadas con el conflicto armado, como la JEP, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, y demás organismos que nacieron del Acuerdo con las Farc, que por ahora están repartidas en otras carteras.