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El miércoles pasado, el Congreso en pleno estaba citado para elegir a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el cuatrienio 2022-2026 pero, sorpresivamente, la sesión se aplazó y se reprogramó para el próximo martes 30 de agosto. ¿Qué pasó? En los pasillos del Capitolio se habla de un duro pulso de fuerzas que involucra a miembros de los partidos Liberal y Conservador y del Polo Democrático, además del registrador nacional, Alexánder Vega.
Se trata de toda una novela, con intrigas y movimientos bajo la mesa y hasta zancadillas para sacar a alguno de los postulados para favorecer a otro. Como está estipulado, la elección del CNE se hace de acuerdo con las bancadas y sus mayorías en el Capitolio, a partir de planchas que estas presentan, bien sea en solitario o en alianzas interpartidistas. Las cuentas iniciales dicen que el Pacto Histórico y los liberales tendrían cupo para dos sillas en el tribunal electoral, mientras que conservadores, la U, Cambio Radical, Alianza Verde y Centro Democrático tendrán de a una.
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Pero lo que se ha desatado esta vez es una puja intensa por quedarse con el control del CNE, entre las llamadas fuerzas progresistas, hoy en el Poder Ejecutivo, y los partidos tradicionales. Por ejemplo, se habla de que el Pacto Histórico apunta a poner tres magistrados, lo que iría en detrimento de los conservadores o los liberales. Entre los azules hay desconcierto, pues hay quienes aseguran que el senador Carlos Andrés Trujillo, presidente del Directorio Nacional Conservador, se habría reunido con el también senador Alexánder López, presidente del Polo, para “negociar” dicho cupo.
Un legislador conservador, pidiendo la reserva de su nombre, señaló que Trujillo está “desconociendo a la bancada, pues presenta una plancha, nos dice que todo está listo para votar, pero después se reúne con el senador López y negocia con él otra curul en el CNE para el Polo”. Otro congresista aseguró que la bancada “está totalmente desconcertada con las actuaciones de Trujillo y el próximo lunes vamos a pedir una reunión extraordinaria para evaluar todas estas cosas que están pasando”. La molestia es evidente.
Pero los rumores no paran ahí. Se habla también de una gran alianza entre los partidos tradicionales –la U, Cambio Radical, Liberal, Conservador y Centro Democrático, además de los cristianos– para conformar una plancha común que les permita quedarse con cinco de las nueve sillas del tribunal electoral. En ese caso, el Pacto Histórico y los verdes, es decir, las fuerzas progresistas, tendrían las otras cuatro y no serían mayoría.
Solo que en ese escenario, al Partido Liberal le tocaría negociar, pues no podría sino tener acceso a un magistrado y su apuesta es tener dos. Ese es el otro meollo del asunto. La colectividad roja tiene inscritos a Benjamín Ortiz, secretario general de la Registraduría, y a Altus Alejandro Baquero, secretario general de la Defensoría del Pueblo, como sus dos únicos candidatos. Y es aquí donde entra a jugar el nombre del registrador Alexánder Vega, quien además de Ortiz quiere poner al exrepresentante Harry Giovanni González en el lugar de Baquero, de quien se dice no cumpliría con los 15 años de experiencia profesional como abogado para llegar al CNE, lo cual él niega con documentos en mano.
Lo cierto es que el miércoles pasado, antes de que se aplazara la elección, el jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, al enterarse de las movidas de Vega, le ordenó al secretario de la colectividad, Miguel Ángel Sánchez, emitir un oficio a las mesas directivas del Congreso ratificando que sus dos únicos candidatos al CNE eran Ortiz y Baquero, sacando a Harry Giovanni González y Ángel María Preciado, quienes en un comienzo había sido inscritos como segunda opción.
Otra controversia en la elección del nuevo CNE corre por cuenta del candidato del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien esta semana fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia como presunto autor del delito de soborno de testigos en actuación penal, dentro del mismo caso en el que está imputado el expresidente Álvaro Uribe. Aun así, el partido insiste en su postulación. La senadora Paloma Valencia ratificó ese respaldo enfatizando que confían en su inocencia e incluso hablando de una “persecución”.
“Los candidatos del Centro Democrático los escoge el Centro Democrático y que no vengan a hablar de cuestionamientos, porque tienen no solamente investigado al embajador en Argentina, sino también al de Nicaragua y tienen además integrantes amnistiados del M-19. Que el Pacto Histórico escoja a los de ellos, que nosotros escogemos los de nosotros, Álvaro Hernán será el representante del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral”, expresó la congresista, en respuesta a las críticas de los sectores de izquierda.
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El meollo del asunto tiene que ver con una supuesta estrategia del uribismo para que Prada, al convertirse en magistrado del CNE, salga del resorte de la Corte Suprema de Justicia y su proceso pase a la Fiscalía. Según un concepto de 2011 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, “la Fiscalía General de la Nación es la competente para investigar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral cuando haya procesos penales en su contra”. Sin embargo, cabe advertir que en casos parecidos, como cuando un congresista renuncia para tratar de librarse de la jurisdicción de la Corte Suprema, esta ha decidido mantener su competencia.
Así las cosas, es de esperar que este fin de semana se realicen llamadas y reuniones para seguir armando el rompecabezas. Al fin y al cabo, el CNE, pese a todas las críticas que se le hacen y a la falta de autonomía en lo financiero, sigue siendo una entidad poderosa, pues maneja los procesos electorales en el país, la entrega de personerías jurídicas a los partidos, la vigilancia de la financiación de las campañas y otros asuntos claves de la democracia participativa.