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El hermetismo reina por estos días entre los dirigentes de Arauca y los municipios donde ocurrieron los recientes hechos violentos. A pesar de consultar a varios de ellos, ninguno habló sobre la situación y las medidas del Gobierno, pero sí lo hicieron algunos defensores de derechos humanos y representantes de la población, como Mayerly Briceño, líder juvenil de Tame, Arauca, quien fue enfática en que lo más grave de la situación del departamento es la falta de Estado en la frontera.
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“El Estado aquí no tiene presencia de absolutamente nada, aquí vienen es a cuidar las petroleras, a resguardar el petróleo y como sale, esto no se trata de que vengan a militarizar, lo que necesitamos es una presencia del Estado real”, dijo Briceño, quien también mencionó que la gente de Arauca ha empezado a movilizarse para pedir el fin de la violencia. “Más zonas están dejando el miedo y saliendo a las calles a pedir por la paz. Es lo único que como pueblo podemos hacer, pedir que llegue la paz al territorio”.
En este momento esa población, que está en medio del fuego cruzado, es la prioridad para varias voces que han pedido apoyo para aquellos civiles que no pueden volver a sus hogares y están en peligro. Uno de los principales llamados que se hace es a la adecuación de albergues, como el que hizo Sonia López, defensora de derechos humanos y presidenta de la Fundación Joel Sierra, en Saravena, quien aplaudió que en Fortul ya se haya adecuado un lugar para un albergue e hizo un llamado a las administraciones municipales y departamental para que “dispongan de mínimos humanitarios” en caso de que la violencia derive en un desplazamiento masivo de personas.
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En medio de los reclamos de quienes viven de cerca las intimidaciones y el terror del accionar de los fusiles, varias voces políticas se han manifestado sobre las acciones que anunció esta semana el Gobierno Nacional, que se traducen en militarización y más pie de fuerza en la zona. Al respecto, voces de la oposición han dicho que es una salida que no soluciona los temas estructurales que han derivado en esta ola de violencia. “La única respuesta del Gobierno a la situación en Arauca es seguir militarizando el territorio. Ninguna salida ni propuesta social, nada relacionado con la implementación del Acuerdo de Paz. Eso explica que el legado de este Gobierno sea una montaña de muertos”, expresó el senador Iván Cepeda (Polo Democrático).
En eso coinciden varios analistas en temas de paz y seguridad, quienes fueron claros en que una solución a corto plazo (que de todas formas se trata de unos cinco o diez años) es avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y realizar un proceso de paz con el Eln. “La solución de fondo es un proceso de paz con el Eln que pasa por Arauca, donde está su estructura más importante. Ellos no se oponen al proceso de paz, lo que pasa es que ningún gobierno ha sido capaz de liderar ese proceso”, señaló Luis Eduardo Celis, analista en temas de conflicto armado.
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El experto calificó el problema de Arauca como el más profundo y complicado de todo el país, pues la base del conflicto está muy arraigada en la sociedad del departamento. “Hay unas guerrillas con raíces profundas, ellos han sido un cogobierno allí en los últimos cuarenta años”, agregó.
Otros expertos en temas de seguridad señalan como causas del problema la ausencia de propuesta social, institucional y de relaciones bilaterales con Venezuela, pues no hay una hoja de ruta en temas mínimos como inteligencia militar e intercambio de información. Jairo Libreros, experto en política internacional y profesor de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado, destacó que si Colombia y Venezuela tuvieran una comunicación y se pudieran establecer mecanismos para actuar contra los grupos criminales, el gobierno de Nicolás Maduro no hubiera abandonado la frontera para entregársela al Eln y los demás actores armados.
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“Hasta que el Gobierno no se tome administrativa y socialmente la frontera, esto no va a mejorar quizá ni en el mediano plazo. Enviar batallones para fortalecer la inteligencia solo lo creen los incautos, pues la fuerza pública no ha hecho presencia allí y se limitará a permanecer en rutas definidas. No va a poder entrar en las rutas de intercambio de rentas ilícitas y de tráfico de personas, ni va a poder hacer inteligencia, porque eso demanda tener un buen contacto con la población civil, que tiene que creer en el Ejército como combatiente legítimo del Estado y que si habla va a recibir la protección”, indicó el analista.
Por la misma vía, Luis Fernando Echavarría, experto en temas seguridad, criticó la falta de identificación de los problemas orgánicos del territorio, que a su juicio es el enlace entre las economías criminal y tradicional. Y como en la frontera hay una lucha por el dominio territorial y de esa economía mixta, su conclusión es que el tema no se resuelve con la presencia militar, que además consideró una acción previsible y coyuntural.
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“Todavía no sabemos las dimensiones ni los resultados de lo que ocurrió. El gran reto es la presencia institucional, pero es muy importante que existan las relaciones binacionales al menos para el combate del crimen organizado, porque la frontera no es un impedimento para el actuar de grupos criminales que solo deben cruzar un río o una trocha”, concluyó.
Así las cosas, teniendo en cuenta los reclamos en temas sociales, de paz y de relaciones con Venezuela, parece casi imposible que se tenga una solución durante el gobierno Duque, por su postura en dichos temas y está en su recta final; por lo que no es tiempo de decisiones profundas.