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Es un hecho que el Gobierno se la jugará por dar un giro a la política antidrogas. Desde su posesión, el presidente Gustavo Petro aseguró que la “paz total”, otra de sus banderas, solo se logrará si se abandona la fracasada guerra contra las drogas que libra el mundo desde la década de 1970. “¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz?”, dijo el presidente durante su discurso del pasado 7 de agosto.
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Desde ese momento, tanto el mandatario como los miembros de su gabinete y la bancada oficialista en el Congreso vienen promoviendo acciones para avanzar hacia una nueva mirada sobre las drogas y dejar de lado las políticas prohibicionistas que, según Petro, han dejado “70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año” y no han hecho otra cosa que fortalecer las mafias y debilitar a los países de la región.
El primer frente sobre este cambio ya está en marcha: en el Congreso cursa un proyecto de acto legislativo para regularizar el cannabis de uso adulto y darle a dicha planta un trato similar al que tienen otras sustancias nocivas como el alcohol y el tabaco. La iniciativa ya pasó los dos primeros debates y le quedan seis para que se concrete el cambio en la Constitución, y las mayorías progresistas en el Congreso indican que el proyecto saldrá a flote.
Pero ese es apenas el primer paso de la estrategia que tiene en mente el presidente Petro, quien esta semana destacó la editorial de “The Economist”, en la que el diario británico habló sobre la necesidad de que Estados Unidos cambie su visión sobre las drogas y se abra el debate en el mundo sobre legalizar sustancias como la cocaína. La publicación aplaudió además la visión de Petro en Colombia y del presidente de Perú, Pedro Castillo, calificando como “buena idea” el cambio que proponen ambos gobernantes.
Y aunque muchas críticas ha recibido el Gobierno por su propuesta, en múltiples escenarios el presidente Petro ha dicho que el tema no es solamente hacer una liberalización total del mercado de la droga. Su objetivo es avanzar hacia la regulación, creando así la posibilidad de que paguen tributos como lo hace cualquier otro producto que, aunque legal, es nocivo para la salud.
De ahí que el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, se refiriera a la necesidad de regular e imponerle impuestos a dicha sustancia. “Hay que legalizar (y gravar) la cocaína”, propuso el funcionario, quien asumió su cargo con el reto máximo de plantear medidas para reducir la evasión de impuestos.
Con esa mirada, Reyes ironizó con que en Colombia, bajo la regulación actual, “no habríamos cogido a Al Capone ni por traqueto ni por evasor”, por lo que mencionó que un paso cambio en la política prohibicionista es la posibilidad de “penalizar a los evasores VIP, que año a año le cuestan al Estado entre 40 y 80 billones de pesos que deberían irse a educación, salud, infraestructura y bienes públicos”.
Para ahondar en este planteamiento, Reyes mencionó ante los micrófonos de W Radio que “es importante que empecemos a pensar las consecuencias de este cambio” y que una regulación es la posibilidad de imponerle impuestos al consumo de este tipo de sustancias. “Una de las cosas más importantes es que tributaria, tal como los impuestos saludables como los que tenemos se están proponiendo algunos alimentos chatarra”, mencionó el funcionario.