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A través de resolución, el presidente Petro ordenó a todas sus entidades que tengan un trato respetuoso hacia la guerrilla del ELN, con la que se adelantan negociaciones de paz desde el año pasado.“Se ordena a las autoridades del Gobierno Nacional a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las Partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguajes de desescalamiento del conflicto armado”, dice el documento de cuatro páginas.
La resolución 194 del 8 de julio de 2023, ratifica al ELN como una organización armada rebelde y deja en firme su estatus político. Lo llamativo de esta nueva resolución es que, a pesar de que el trato con respeto pareciera estar implícito a cualquier negociación política y diplomática, presidencia lo expidió como una directriz para todos los negociadores y el Gobierno en general.
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Esta advertencia no es nueva. En el protocolo de acciones específicas, donde quedó reglamentado el cese al fuego el pasado 14 de junio, el Gobierno ya había hecho este llamado de atención y mencionaba la importancia de “no utilizar lenguajes irrespetuosos, estigmatizantes y la generación de noticias falsas que afecten el buen nombre y la legitimidad de alguna de las partes”.
La resolución levantó polémica sobre la oposición. Por ejemplo, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo que la guerrilla “no baja de “esclavistas” y “señores feudales” a los empresarios colombianos”.
Mientras @petrogustavo pide a los miembros de su gobierno usar “lenguaje respetuoso” con los crimínales del ELN, él y varios de sus funcionarios no bajan de “esclavistas” y “señores feudales” a los empresarios colombianos.
— Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) July 12, 2023
¡El mundo al revés!
Otro punto del documento es que recalca que el cese al fuego está condicionado al cumplimiento de los acuerdos y protocolos aprobados por la mesa y que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación elaborará evaluaciones sobre el cumplimiento del cese. Además, el documento cambia la denominación que el Gobierno le da a esta guerrilla, que antes era concebida como un GAO (Grupo Armado Organizado) y ahora es reconocida como una organización armada rebelde.
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El pasado 9 de junio, cuando se anunció el acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal que firmaron el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, salieron a la luz tres documentos que condensan las reglas generales para iniciar su implementación.
Esos documentos son el Acuerdo No. 10, que contiene el marco general del cese al fuego; el protocolo de Acciones Específicas, que describe las acciones prohibidas para la Fuerza Pública y para el ELN; y el protocolo de Mandato del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que crea un organismo cuatripartito (ELN, Gobierno, Misión de Verificación de la ONU e Iglesia Católica) que será el encargado de velar por el cumplimiento del cese.
Esos documentos dejan en claro que las partes no podrán realizar acciones prohibidas en el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido controversia por declaraciones de miembros del ELN que aseguran que el cese al fuego no le prohíbe a esta guerrilla realizar secuestros, extorsiones y otros delitos que afectan a la población civil.
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