Este martes comenzaron en la Comisión Séptima de la Cámara las reuniones entre los ponentes de la reforma pensional, funcionarios del Gobierno y grupos de interés para la concertación y eventual radicación del informe de ponencia. Ese texto es el que deberán discutir los miembros de esa célula legislativa en los próximos días.
El ambiente en esa comisión es complejo y hay viejas tensiones que no han sido resueltas. De hecho, ahí lleva estancada hace por lo menos cinco meses la reforma laboral, de la que solo se alcanzaron a aprobar poco más de 15 artículos en diciembre de 2023. Desde entonces no ha vuelto a agendarse.
Lo cierto es que la reforma laboral tiene muy pocas posibilidades de salir con vida este semestre, ya que todos los esfuerzos del Gobierno en esa comisión están puestos sobre la reforma pensional; para que sea aprobada deberá surtir dos debates en la Cámara antes del próximo 20 de junio, es decir, en seis semanas.
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De cara al comienzo del debate, El Espectador habló con el representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, quien fue designado ponente del proyecto en la Cámara.
Salcedo es cercano a la senadora Norma Hurtado, quien en el anterior debate del texto, en el Senado, presentó una propuesta alternativa para que el umbral de aporte a Colpensiones fuera de 1,5 salarios mínimos y no de 3 como lo quería el Gobierno. Finalmente, el Senado estableció que sea de 2,3. De no llegar a un consenso, Salcedo confirmó que presentará una ponencia en la misma dirección que la de su copartidaria.
“Yo soy amigo de la concertación. Voy a esperar esta semana, pues hemos sido citados por la coordinadora ponente, Martha Alfonso (Alianza Verde), para llegar a acuerdos. De hecho, esta tarde hay una reunión con los ponentes y ahí les voy a manifestar mis puntos”, dijo Salcedo, quien contó que este miércoles también fueron invitados por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. “Hay que mirar qué va pasando, si no hay acuerdos, presentaremos una alternativa”.
De acuerdo con el representante, los puntos que generan diferencias entre los miembros de la comisión son el umbral del aporte a Colpensiones y las condiciones para el régimen semicontributivo, especialmente en lo que tiene que ver con la devolución de los aportes cuando el ciudadano no logra pensionarse, pero sin la rentabilidad.
Otro de los puntos conflictivos es el último artículo aprobado en el debate en el Senado, que establece una discriminación afirmativa para la edad de pensión de las comunidades indígenas y afrodescendientes. “Voy a proponer la eliminación de este artículo. Tampoco estoy de acuerdo con la vigencia”, afirmó Salcedo.
En la vigencia, el Senado aprobó que se aplicará la reforma a partir el 1° de julio de 2025. Y según el representante, le preocupa que Colpensiones “en un año no va a alcanzar a tener lista la transición a un nuevo sistema. De las carreras no queda sino el cansancio”.
La propuesta de Salcedo es extender la vigencia a un año adicional, es decir, hasta el 1° de julio de 2026, y tendría dos razones: “Más tiempo para que Colpensiones prepare la transición. Segundo, en 2025 estamos preparándonos para elecciones y no es positivo darle un cheque en blanco al Gobierno”, dijo.
Entre lo positivo de la reforma, destacó el pilar solidario, para darle la posibilidad de ingreso a millones de personas, pero insistió en que hay que resolver la sostenibilidad del sistema.
Por último, indicó que los tiempos están muy apretados: “Ya empezamos la maratón. El viernes designaron ponentes, este martes hay audiencias y el viernes hay que presentar la ponencia. Entonces, la presidenta ha hecho corta la semana”.
¿Qué tal está el ambiente para lograr acuerdos con la ministra del Trabajo y la coordinadora ponente, Martha Alfonso?
“A ambas les gusta escuchar, pero también les gusta imponer. Lo vimos en el debate de la reforma a la salud con Marta Alfonso. Esperamos que no sigan insistiendo. Nosotros no tenemos que aprobar el proyecto tal y como viene desde el Gobierno y menos pasarlo a pupitrazo. Aquí tiene que darse una discusión abierta y con argumentos. Estamos haciendo un ejercicio para revisar artículo por artículo y llevaremos proposiciones”, dijo Salcedo.
Poco después de la aprobación del proyecto en la plenaria Senado, el presidente Petro aseguró que buscará que en la Cámara el umbral suba a 4 salarios mínimos, lo que generó malestar. En suma, el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que tocó al Congreso, y la propuesta de Petro de un referendo constituyente han calentado la discusión.
Por el momento, la coordinadora ponente Martha Alfonso ya ha asegurado que será casi imposible lograr lo que pide el jefe de Estado. Y dijo que “el reto más grande que tenemos es el poco tiempo para su discusión”. Pese a ello, destacó que este proyecto está “mucho más concertado que otras reformas”, por lo que percibe “un ambiente colectivo sobre la necesidad de esta reforma, avanzada en un 50 %”, pues todavía le faltan dos de cuatro debates necesarios.
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