Ley de Garantías, uno de los puntos calientes del debate sobre presupuesto de 2022

Comisiones económicas del Congreso dan aval al monto del Presupuesto General para 2022 presentado por el Gobierno del presidente Duque.

Foto: Archivo

Luego de varias críticas por una semana en que no se programaron sesiones plenarias, y que coincidió con la semana de receso escolar, este martes en la Cámara de Representantes y el Senado se inició la discusión del texto final del proyecto de presupuesto general para 2022. Temas como la sustitución de cultivos, una supuesta reforma pensional, los recursos para la Comisión de la Verdad y el desfinanciamiento de algunos proyectos de vivienda han ocupado la discusión, pero sin duda el tema sobre el que se han lanzado más alertas es la idea de modificar la Ley de Garantías. Para muchos congresistas, hacerlo ad portas de las elecciones derivaría en que las maquinarias políticas tradicionales se fortalezcan.

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Esa es la razón para que varios parlamentarios, incluso de la bancada de gobierno, hayan tildado de “mico” el querer modificar un parágrafo de la ley, según sus promotores, para impulsar la reactivación económica del país y garantizar la ejecución de las obras detenidas durante la época más dura de la pandemia. Por lo mismo, muchos congresistas han cambiado de parecer respecto a hace cuatro años, cuando el expresidente Juan Manuel Santos también impulsó la derogación de la Ley de Garantías, justificándose en que ya no tenía sentido porque se había eliminado la figura de la reelección presidencial, que era una de las razones de ser de la ley.

En la polémica intervino incluso el Consejo Gremial, que pidió no modificar la ley y puso sobre la mesa otras opciones para mantener el proceso de reactivación económica, por lo que se esperaba que el artículo que modificaba la Ley de Garantías fuera derogado. No obstante, en la ponencia que se discute se mantiene el artículo, aunque se hace la salvedad de que estará bajo control especial de la Contraloría.

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En dicho párrafo aclaratorio se establece que “todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la presente disposición serán objeto de control especial por parte de la Contraloría General de la República. El Contralor General de la República determinará, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la forma en que se ejercerá dicho control especial”.

En la previa de la discusión del presupuesto, varios congresistas reiteraron sus críticas y advertencias sobre los efectos de modificar la ley. El representante David Racero (Colombia Humana) manifestó que “en Plenaria de Cámara, discutiremos el proyecto de presupuesto 2022 donde se pretende meter el ‘mico’ del cambio a la ley de garantías y así legalizar la corrupción para la campaña del otro año. Haré mapa de quiénes votan a favor para evidenciar el interés clientelista”.

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Desde las toldas verdes, el senador Antonio Sanguino aseguró que en la discusión del presupuesto el “Gobierno y mayorías del Congreso demuestran de nuevo su desconexión con las ciudadanías. Modifican ley de garantías para financiar el clientelismo en las elecciones del 2022″, mientras que Mauricio Toro advirtió que este cambio es para “facilitar que politiqueros y corruptos, usen la plata de los colombianos para comprar votos y financiar campañas políticas en las próximas elecciones”. Algo similar denunció Katherine Miranda quien dijo que “quieren usar nuestros impuestos para aceitar la maquinaria política para las próximas elecciones”.

A pesar de que la modificación es impulsada por el Gobierno, el congresista Gabriel Santos (Centro Democrático) hizo un llamado a sus compañeros del Congreso para que apoyen la proposición de eliminar ese artículo, que fue firmada por otros congresistas como Katherine Miranda, Leon Fredy Muñoz, Wilmer Leal, Fabián Díaz, David Racero, Carlos Carreño, entre otros.

“La Ley de Garantías es una guía para el ejercicio equitativo y transparente de la democracia, evitando que recursos públicos terminen en campañas políticas. Es por eso que no es conveniente cambiar las reglas del juego ad portas de las próximas elecciones. Esto sería un golpe para la democracia del país”, indicó Santos.

Para el representante del Centro Democrático, si bien el debate sobre la modificación de la Ley de Garantías debe darse, este tiene que ser más “profundo y transparente”, debido a que por tiempos la discusión del proyecto de presupuesto se tiene que dar a más tardar el miércoles 20 de octubre. En eso coincidió el senador Ciro Ramírez, también del Centro Democrático, quien ante los micrófonos de Blu Radio señaló que “es importante darle un debate de fondo a la Ley de Garantías” y anticipó que no acompañará la modificación porque “es una ley obsoleta”.

Y aunque las críticas apuntan a que se tumbaría la modificación de la Ley de Garantías, hay bancadas que defienden abiertamente la derogación de este instrumento. Por ejemplo, el senador Juan Felipe Lemos (Partido de la U) dijo W Radio que la mayoría de la colectividad está a favor de modificar la ley, pues aclaró que la idea no es eliminarla sino modificarla por una algo coyuntural.

”Sé que hay suspicacia en la opinión, se ha establecido que tal vez sea este un artículo para favorecer campañas electorales, pero es importante que la opinión entienda que la discusión no es solamente y exclusivamente recabar sobre el elemento político, sino que se deben considerar los elementos técnicos que dan lugar a esta modificación”, señaló Lemos.