“Ley de regiones no implica nueva burocracia”: Carlos Camargo

¿Se sienten satisfechos los departamentos con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo?

La verdad es que registramos con gran satisfacción los logros alcanzados en el Plan Nacional de Desarrollo. De las iniciativas propuestas se acogió un 80 %, y hay que reconocer que lo que se acordó con el gobierno del presidente Duque fue honrado en términos de compromisos con las regiones. En aspectos como lo de las regalías, en lo de la modificación del impuesto al consumo, en lo de salud, los resultados fueron muy satisfactorios.

Sin embargo, en la actualidad cursa en el Congreso un proyecto de acto legislativo que modificaría el Sistema General de Regalías. ¿Hay alguna preocupación al respecto?

Ese proyecto fue aprobado el lunes en segundo debate, y es cierto, hay algunas preocupaciones. Restarían seis debates y desde la Federación vamos a buscar la manera de que estas sean subsanadas para que los departamentos y gobernadores se sientan tranquilos de que no van a ser cercenadas la capacidad de maniobra y la autonomía y descentralización territorial.

¿Qué les preocupa exactamente?

Un tema tiene que ver con el Fondo de Inversión Regional, que viene funcionando en cabeza de los departamentos y no se quiere que se traslade a los municipios, como lo propone el proyecto, pues se perdería autonomía. El otro aspecto es la distribución de las regalías directas para los departamentos productores y no productores. Para los primeros, la concepción del proyecto es que sean entre 30 y 40 % las regalías directas, y para los segundos, que vaya de acuerdo al comportamiento de los precios del barril del petróleo en el mercado. Y está lo de acabar con los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), que son los que evalúan, viabilizan, aprueban y priorizan los programas y proyectos que serán financiados con recursos de regalías, pero que hoy no son más que aparatos burocráticos.

¿Por qué ha sido tan difícil la eliminación de esos OCAD?

Esos órganos se crearon en 2011, en el gobierno Santos. Se han hecho varios intentos de hacerles una reestructuración, pero ha sido imposible. En campaña, el presidente Duque propuso acabarlos. Los OCAD se han convertido en cuellos de botella, en experiencias negativas que no han permitido que el tema de las regalías funcione de manera mucho más expedita.

¿Cómo hacer para que los compromisos del Gobierno frente a la crisis en la salud no se queden en letra muerta?

En la Cumbre de Gobernadores que se realizó en San Agustín se llegó a acuerdos entre el Gobierno y los gobernadores en dos aspectos: frente a la verificación del control y pago de los servicios No POS. Es decir, que la nación recentralice el pago de las deudas, algo sin precedentes que implica un avance significativo. Y lo segundo, en el saneamiento fiscal y financiero de los hospitales. Eso va de la mano de la ley de punto final que ha trazado el Gobierno, una hoja de ruta para buscar, precisamente, el saneamiento de los hospitales, de las EPS, de las IPS. Lo que ha dicho el ministro, de la mano del superintendente de Salud, es que se va a hacer una evaluación, un diagnóstico, y se va a buscar la manera de sacar de funcionamiento a las entidades que no funcionen. Son dos aspectos que quedaron en el Plan de Desarrollo.

Pero por ahora eso solo se queda en buenas intenciones…

Pero también hay otros aspectos, por ejemplo, en el tema de aseguramiento en salud, en el subsidio de la oferta, en la protección de la cobertura de la población migrante, que es un problema muy delicado. Son cosas que se han ido consolidando poco a poco.

En la reciente Cumbre de Gobernadores en Florencia hubo reparos de algunos frente al “fracking”. ¿Cuál es la posición de la Federación al respecto?

Hay que ser claros en esto: la Federación, como gremio, no adoptó una posición. Estamos en proceso de discusión, se está debatiendo el tema, hay posiciones encontradas, disímiles. El único escenario que la Federación viene generando es el de unas mesas técnicas para que se abra la discusión, que, hay que reconocerlo, es de total coyuntura.

¿Qué significa para los departamentos la aprobación de la ley de regiones?

Es un sueño hecho realidad, una deuda histórica pendiente por saldar con las regiones. Es la consolidación de los procesos asociativos. No es la creación —y hay que desvirtuar ese mito— de una entidad territorial nueva, de un aparato burocrático nuevo. No se van a generar gastos de funcionamiento nuevos. Ya avanzan los procesos de constitución y consolidación de las regiones administrativas de planificación (RAP): la Central, la del Pacífico, la del Caribe, la del Eje Cafetero, la de Antioquia-Córdoba, la de la Orinoquia. La idea es ser aliados para explotar nuestras potencialidades, aunar esfuerzos para apalancar proyectos del interés de las regiones.

¿Colombia sigue siendo un país muy centralista?

Seguimos siendo un país centralista, pero con la ley de regiones les estamos mandando un mensaje a los ciudadanos y al mundo de que el espíritu de la Constitución de 1991 no es letra muerta ni un saludo a la bandera. Todas las acciones y políticas que se vienen adelantando van desde la periferia hacia el centro. La periferia tiene una importancia inconmensurable que hay que valorar en temas de regalías, de proyectos de inversión de alto impacto, de salud, de educación. Con esa ley tenemos un futuro promisorio y hay que apostarle a consolidar la descentralización y la autonomía de las regiones.

¿No les preocupa que el ministro de Hacienda se la pase diciendo que no hay plata y que el Gobierno anterior dejó la olla raspada?

No, hay que tener en cuenta que una cosa es el Plan Nacional de Desarrollo y otro el Plan Plurianual de Inversiones, donde están establecidas una serie de asignaciones globales para buscar proyectos de gran impacto regional, que son los que van a tener prioridad.

Otro tema recurrente y que ya avanza en el Congreso es el de la eliminación de la Ley de Garantías…

Es absolutamente necesaria su eliminación. Esa ley ya dejó de cumplir su razón de ser, no tiene el fundamento constitucional para el cual fue concebida, que era buscar el equilibrio en la contienda electoral a partir de la reelección presidencial. Ya no cumple ninguna función en términos prácticos.

¿Y Fededepartamentos estaría de acuerdo con emparejar los períodos del presidente con los de los mandatarios locales y regionales?

Es una propuesta que se ha venido discutiendo, pero sigue en el congelador. Creo que es el momento de abrir el debate, a ver cómo se llega a un consenso o una posición unificada.

¿En qué consiste el convenio firmado con Phillip Morris?

Es un convenio entre la tabacalera y el Estado colombiano, en cabeza de los 32 gobernadores del país y el Distrito Capital. Se remonta a 2009, con un convenio de inversión y cooperación, precisamente sobre la lucha anticontrabando de cigarrillos y licores. Ahí se establecen unas líneas de acción y, por ejemplo, los recursos a invertir tendrán destinación específica para adelantar programas en lucha contra cultivos de uso ilícito, fortalecimiento institucional, foros, obras de infraestructura, laboratorios de tabaco. Tenemos varias líneas, ya que se dio desde marzo la reactivación del convenio.

¿El contrabando sigue siendo un tema muy crítico para las finanzas regionales?

Ese ha sido el flagelo que ha azotado de manera dramática las finanzas departamentales. Y es un fenómeno creciente, que arrancó con un 13 %, pasó al 18 % y después al 25 %. Se requiere el concurso de la institucionalidad, tanto pública como privada, para hacerle frente. El sector privado es fundamental aquí en los procesos de sensibilización y para enfrentar decididamente este flagelo.

El país asiste hoy a un deterioro de la seguridad. ¿Qué está pasando en las regiones?

Es claro que diferentes grupos armados ilegales están buscando la manera de llenar los espacios que dejaron las Farc tras su desmovilización. Creemos que el Estado está enfrentando esta situación, pero no es fácil. Es que la problemática no es una y son diferentes frentes los que tiene abiertos la criminalidad, con múltiples manifestaciones: ataque a líderes sociales, reclutamiento de menores, atentados a las torres de energía y oleoductos, atentados terroristas como el de la Escuela de Policía en Bogotá.

¿Ustedes ven verdadera voluntad en el gobierno Duque de implementar los Acuerdos de Paz?

Creo que sí existe voluntad de parte del gobierno Duque, y sin que esto signifique inmiscuirme en asuntos de política, uno observa compromiso y claridad en los comentarios que ha hecho. Estamos en un país democrático y se debe escuchar a todos los sectores de opinión para unificar criterios. Es algo muy complejo, pero la idea es trabajar, respetando los diferentes puntos de vista, para lograr la consolidación e implementación de la paz.

¿Qué balance hacen desde Fededepartamentos de los nueve meses de gobierno Duque?

Hay que reconocerle su compromiso y amor de patria, y el llamado es a rodearlo en estos tiempos de tempestades. Hay que buscar la unidad del país en los temas que nos involucran a todos y creer que tenemos unas muy buenas instituciones, que hay que fortalecer y entregarles el voto de confianza. Los gobernadores están dispuestos a seguir trabajando de la mano del Gobierno, y si existen diferencias conceptuales o de criterios, como sucede en toda relación, el objetivo es avanzar en esos desacuerdos.

¿Se sienten satisfechos los departamentos con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo?

La verdad es que registramos con gran satisfacción los logros alcanzados en el Plan Nacional de Desarrollo. De las iniciativas propuestas se acogió un 80 %, y hay que reconocer que lo que se acordó con el gobierno del presidente Duque fue honrado en términos de compromisos con las regiones. En aspectos como lo de las regalías, en lo de la modificación del impuesto al consumo, en lo de salud, los resultados fueron muy satisfactorios.

Sin embargo, en la actualidad cursa en el Congreso un proyecto de acto legislativo que modificaría el Sistema General de Regalías. ¿Hay alguna preocupación al respecto?

Ese proyecto fue aprobado el lunes en segundo debate, y es cierto, hay algunas preocupaciones. Restarían seis debates y desde la Federación vamos a buscar la manera de que estas sean subsanadas para que los departamentos y gobernadores se sientan tranquilos de que no van a ser cercenadas la capacidad de maniobra y la autonomía y descentralización territorial.

¿Qué les preocupa exactamente?

Un tema tiene que ver con el Fondo de Inversión Regional, que viene funcionando en cabeza de los departamentos y no se quiere que se traslade a los municipios, como lo propone el proyecto, pues se perdería autonomía. El otro aspecto es la distribución de las regalías directas para los departamentos productores y no productores. Para los primeros, la concepción del proyecto es que sean entre 30 y 40 % las regalías directas, y para los segundos, que vaya de acuerdo al comportamiento de los precios del barril del petróleo en el mercado. Y está lo de acabar con los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), que son los que evalúan, viabilizan, aprueban y priorizan los programas y proyectos que serán financiados con recursos de regalías, pero que hoy no son más que aparatos burocráticos.

¿Por qué ha sido tan difícil la eliminación de esos OCAD?

Esos órganos se crearon en 2011, en el gobierno Santos. Se han hecho varios intentos de hacerles una reestructuración, pero ha sido imposible. En campaña, el presidente Duque propuso acabarlos. Los OCAD se han convertido en cuellos de botella, en experiencias negativas que no han permitido que el tema de las regalías funcione de manera mucho más expedita.

¿Cómo hacer para que los compromisos del Gobierno frente a la crisis en la salud no se queden en letra muerta?

En la Cumbre de Gobernadores que se realizó en San Agustín se llegó a acuerdos entre el Gobierno y los gobernadores en dos aspectos: frente a la verificación del control y pago de los servicios No POS. Es decir, que la nación recentralice el pago de las deudas, algo sin precedentes que implica un avance significativo. Y lo segundo, en el saneamiento fiscal y financiero de los hospitales. Eso va de la mano de la ley de punto final que ha trazado el Gobierno, una hoja de ruta para buscar, precisamente, el saneamiento de los hospitales, de las EPS, de las IPS. Lo que ha dicho el ministro, de la mano del superintendente de Salud, es que se va a hacer una evaluación, un diagnóstico, y se va a buscar la manera de sacar de funcionamiento a las entidades que no funcionen. Son dos aspectos que quedaron en el Plan de Desarrollo.

Pero por ahora eso solo se queda en buenas intenciones…

Pero también hay otros aspectos, por ejemplo, en el tema de aseguramiento en salud, en el subsidio de la oferta, en la protección de la cobertura de la población migrante, que es un problema muy delicado. Son cosas que se han ido consolidando poco a poco.

En la reciente Cumbre de Gobernadores en Florencia hubo reparos de algunos frente al “fracking”. ¿Cuál es la posición de la Federación al respecto?

Hay que ser claros en esto: la Federación, como gremio, no adoptó una posición. Estamos en proceso de discusión, se está debatiendo el tema, hay posiciones encontradas, disímiles. El único escenario que la Federación viene generando es el de unas mesas técnicas para que se abra la discusión, que, hay que reconocerlo, es de total coyuntura.

¿Qué significa para los departamentos la aprobación de la ley de regiones?

Es un sueño hecho realidad, una deuda histórica pendiente por saldar con las regiones. Es la consolidación de los procesos asociativos. No es la creación —y hay que desvirtuar ese mito— de una entidad territorial nueva, de un aparato burocrático nuevo. No se van a generar gastos de funcionamiento nuevos. Ya avanzan los procesos de constitución y consolidación de las regiones administrativas de planificación (RAP): la Central, la del Pacífico, la del Caribe, la del Eje Cafetero, la de Antioquia-Córdoba, la de la Orinoquia. La idea es ser aliados para explotar nuestras potencialidades, aunar esfuerzos para apalancar proyectos del interés de las regiones.

¿Colombia sigue siendo un país muy centralista?

Seguimos siendo un país centralista, pero con la ley de regiones les estamos mandando un mensaje a los ciudadanos y al mundo de que el espíritu de la Constitución de 1991 no es letra muerta ni un saludo a la bandera. Todas las acciones y políticas que se vienen adelantando van desde la periferia hacia el centro. La periferia tiene una importancia inconmensurable que hay que valorar en temas de regalías, de proyectos de inversión de alto impacto, de salud, de educación. Con esa ley tenemos un futuro promisorio y hay que apostarle a consolidar la descentralización y la autonomía de las regiones.

¿No les preocupa que el ministro de Hacienda se la pase diciendo que no hay plata y que el Gobierno anterior dejó la olla raspada?

No, hay que tener en cuenta que una cosa es el Plan Nacional de Desarrollo y otro el Plan Plurianual de Inversiones, donde están establecidas una serie de asignaciones globales para buscar proyectos de gran impacto regional, que son los que van a tener prioridad.

Otro tema recurrente y que ya avanza en el Congreso es el de la eliminación de la Ley de Garantías…

Es absolutamente necesaria su eliminación. Esa ley ya dejó de cumplir su razón de ser, no tiene el fundamento constitucional para el cual fue concebida, que era buscar el equilibrio en la contienda electoral a partir de la reelección presidencial. Ya no cumple ninguna función en términos prácticos.

¿Y Fededepartamentos estaría de acuerdo con emparejar los períodos del presidente con los de los mandatarios locales y regionales?

Es una propuesta que se ha venido discutiendo, pero sigue en el congelador. Creo que es el momento de abrir el debate, a ver cómo se llega a un consenso o una posición unificada.

¿En qué consiste el convenio firmado con Phillip Morris?

Es un convenio entre la tabacalera y el Estado colombiano, en cabeza de los 32 gobernadores del país y el Distrito Capital. Se remonta a 2009, con un convenio de inversión y cooperación, precisamente sobre la lucha anticontrabando de cigarrillos y licores. Ahí se establecen unas líneas de acción y, por ejemplo, los recursos a invertir tendrán destinación específica para adelantar programas en lucha contra cultivos de uso ilícito, fortalecimiento institucional, foros, obras de infraestructura, laboratorios de tabaco. Tenemos varias líneas, ya que se dio desde marzo la reactivación del convenio.

¿El contrabando sigue siendo un tema muy crítico para las finanzas regionales?

Ese ha sido el flagelo que ha azotado de manera dramática las finanzas departamentales. Y es un fenómeno creciente, que arrancó con un 13 %, pasó al 18 % y después al 25 %. Se requiere el concurso de la institucionalidad, tanto pública como privada, para hacerle frente. El sector privado es fundamental aquí en los procesos de sensibilización y para enfrentar decididamente este flagelo.

El país asiste hoy a un deterioro de la seguridad. ¿Qué está pasando en las regiones?

Es claro que diferentes grupos armados ilegales están buscando la manera de llenar los espacios que dejaron las Farc tras su desmovilización. Creemos que el Estado está enfrentando esta situación, pero no es fácil. Es que la problemática no es una y son diferentes frentes los que tiene abiertos la criminalidad, con múltiples manifestaciones: ataque a líderes sociales, reclutamiento de menores, atentados a las torres de energía y oleoductos, atentados terroristas como el de la Escuela de Policía en Bogotá.

¿Ustedes ven verdadera voluntad en el gobierno Duque de implementar los Acuerdos de Paz?

Creo que sí existe voluntad de parte del gobierno Duque, y sin que esto signifique inmiscuirme en asuntos de política, uno observa compromiso y claridad en los comentarios que ha hecho. Estamos en un país democrático y se debe escuchar a todos los sectores de opinión para unificar criterios. Es algo muy complejo, pero la idea es trabajar, respetando los diferentes puntos de vista, para lograr la consolidación e implementación de la paz.

¿Qué balance hacen desde Fededepartamentos de los nueve meses de gobierno Duque?

Hay que reconocerle su compromiso y amor de patria, y el llamado es a rodearlo en estos tiempos de tempestades. Hay que buscar la unidad del país en los temas que nos involucran a todos y creer que tenemos unas muy buenas instituciones, que hay que fortalecer y entregarles el voto de confianza. Los gobernadores están dispuestos a seguir trabajando de la mano del Gobierno, y si existen diferencias conceptuales o de criterios, como sucede en toda relación, el objetivo es avanzar en esos desacuerdos.