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Las dudas que todavía persisten sobre los beneficios a los integrantes de bandas criminales y los apretados tiempos que le restan al mecanismo de “fast track” motivaron que el proyecto de sometimiento de este tipo de grupos armados ilegales quedara prácticamente hundido.
Roy Barreras, ponente de la iniciativa, fue quien solicitó el aplazamiento de la discusión de la iniciativa y se estudiará sobre la posibilidad de que los debates de proyectos que fueron radicados por “fast track”, como este, puedan continuar o no los debates por vía ordinaria o si, por el contrario, toca volver a radicar.
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Lo cierto es que, por tiempos, el proyecto de sometimiento radicado por el gobierno, luego de que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo líder del Clan del Golfo, manifestara su voluntad de someterse a la justicia, no alcanzará a surtir su trámite en el Congreso antes del 30 de noviembre.
Por otra parte, una subcomisión conformada por senadores y representantes intentará llegar a consensos por las múltiples diferencias que existen alrededor del articulado que fue presentado. Algunos otros, como el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, piden prudencia, pues “transformación estructural de lo que tiene que ver con el derecho penal”.
El proyecto de ley de sometimiento para bandas criminales plantea las formas en la que los miembros de diferentes grupos armados al margen de la ley puedan someterse el régimen de justicia de manera individual y colectiva, planteando algunos beneficios, como rebajas de pena y la posibilidad de mantener hasta el 5 % “del producto que se obtenga de la enajenación de los bienes que sean objeto de extinción de dominio y se encuentren estrechamente ligados a grupos delictivos organizados”.