¿En qué consiste el proyecto de ley?
El Ministerio de Defensa y el gobierno colombiano presentaron un proyecto de ley contra el reclutamiento de mercenarios. Este es un paso importante para abordar problemas relativos a la privatización de la seguridad. Sin embargo, este fenómeno no es solo un problema nacional, sino global y está enraizado en el funcionamiento del capitalismo contemporáneo y facilitado por recursos estatales que reciben las empresas de seguridad privada (ESP). Para comprender mejor este fenómeno, es crucial analizar cómo operan estas empresas, no solo en Colombia, sino en un contexto internacional.
El proyecto de ley tiene como meta principal evitar el reclutamiento y la participación de ciudadanos colombianos en actividades mercenarias. Entre sus principales puntos, se destacan los siguientes:
- Tipificación del delito de mercenarismo. El proyecto propone que el reclutamiento de colombianos para actuar como mercenarios en conflictos internacionales sea considerado un delito penal. Quienes promuevan, faciliten o participen en el reclutamiento enfrentarán severas sanciones.
- Prohibición del entrenamiento paramilitar para fines mercenarios. La legislación también incluye medidas para restringir el uso de la experiencia militar y paramilitar adquirida en Colombia para su exportación hacia conflictos en otros países. El entrenamiento de personal para tales fines también será castigado.
- Cooperación internacional. El proyecto pretende mejorar la cooperación entre Colombia y otros países afectados por la contratación de mercenarios. Esto incluye la firma de tratados y acuerdos internacionales para mejorar la persecución de este tipo de crímenes.
- Protección a veteranos. Una de las justificaciones detrás de la propuesta es que muchos exmilitares colombianos terminan recurriendo a la actividad mercenaria debido a la falta de oportunidades laborales y beneficios adecuados después de su retiro. El proyecto contempla la creación de programas de reintegración y apoyo económico para los veteranos, con el propósito de reducir su vulnerabilidad al reclutamiento.
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Situación de los mercenarios colombianos
El fenómeno del mercado de mercenarios en Colombia tiene raíces profundas. Colombianos, especialmente exmiembros de las Fuerzas Armadas y antiguos combatientes de grupos paramilitares, han encontrado en el trabajo de mercenarios una salida económica, especialmente en zonas de conflicto como Oriente Medio, África y, más recientemente, Europa del este. Uno de los casos más notorios fue la participación de exmilitares colombianos en la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, lo que puso en evidencia la magnitud del fenómeno.
Colombia ha sido uno de los principales exportadores de mercenarios debido a varios factores:
- Alta capacitación militar. Los militares colombianos, entrenados para enfrentar situaciones de alta violencia debido al conflicto armado interno, son valorados por su experiencia en combate.
- Falta de oportunidades económicas. La reintegración de exmilitares y excombatientes a la vida civil ha sido históricamente deficiente en Colombia, lo que deja a muchas personas sin empleo ni estabilidad económica. Ante esta situación, el trabajo mercenario se convierte en una opción lucrativa.
- Demanda global. La demanda de mercenarios en zonas de conflicto es alta. Empresas privadas de seguridad y gobiernos en guerra ven en los colombianos una mano de obra cualificada, dispuesta a trabajar en condiciones peligrosas a cambio de salarios relativamente altos.
¿Una buena decisión?
La pregunta sobre si esta legislación es adecuada o no puede abordarse desde distintos ángulos. Por un lado, es evidente que el mercado de mercenarios crea problemas tanto internos como externos. La participación de ciudadanos colombianos en conflictos ajenos puede dañar la imagen internacional del país, además de involucrar a Colombia en disputas políticas y bélicas que no son de su incumbencia. Asimismo, el reclutamiento de exmilitares para fines mercenarios puede significar la exportación de violencia y criminalidad.
Desde este punto de vista, el proyecto de ley parece ser un paso necesario para regular un problema que está creciendo. Sin embargo, es importante considerar algunos aspectos clave:
- El papel de la reintegración económica. Un aspecto crucial que podría determinar el éxito de esta legislación es la ejecución de medidas efectivas para la reintegración económica de los exmilitares. No se puede simplemente penalizar a los mercenarios sin ofrecerles alternativas viables. Programas de empleo, capacitación y apoyo económico para los veteranos y excombatientes serán esenciales para reducir el atractivo del trabajo mercenario.
- Dificultades en la ejecución. Es probable que muchos reclutadores operen en la clandestinidad, usando redes internacionales y contratos difíciles de rastrear. Además, algunos mercenarios podrían ser contratados directamente por gobiernos extranjeros, lo que dificultaría aún más la persecución legal.
- El mercado global de la guerra. El mercenarismo es parte de una economía bélica global que involucra a varios sectores, desde gobiernos hasta empresas privadas. Para que la legislación sea realmente efectiva, sería necesario que Colombia trabaje de la mano con otras naciones y organismos internacionales para abordar este problema desde una perspectiva global.
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Captura de recursos y rentas del capital
Las ESP han logrado capturar recursos estatales, incluidos el entrenamiento militar y la tecnología avanzada. Según Peter Singer, las empresas de seguridad privada, como Blackwater (Academi) y DynCorp, han usado a exmilitares entrenados por los Estados para convertirlos en parte de sus operaciones internacionales en zonas de conflicto.
En el contexto colombiano, algunos analistas han subrayado cómo las ESP explotan la formación militar colombiana para obtener rentabilidad en mercados internacionales. Más de 4000 exmilitares colombianos han sido contratados para servir en conflictos internacionales, principalmente en Oriente Medio y África. Esto muestra cómo el capital humano entrenado con recursos estatales se está usando para producir rentas privadas. Este fenómeno de captura no solo implica una pérdida de recursos humanos para el Estado colombiano, sino que contribuye al crecimiento de un mercado global que capitaliza la violencia privatizada.
Redes globales
Las ESP originarias de potencias como Estados Unidos, Reino Unido e Israel operan en zonas de conflicto y no solo proporcionan servicios de seguridad, sino que están involucradas en redes ilegales. Según el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las ESP están vinculadas a actividades como el narcotráfico, contrabando de armas y lavado de dinero. Las investigaciones de Deborah Avant en The Market for Force también exploran cómo estas empresas no operan de forma aislada, sino que son parte de redes transnacionales que explotan zonas de conflicto sin supervisión estatal efectiva.
En Colombia, las ESP han reclutado mandos altos y medios de las fuerzas armadas para servir en estos mercados globales. Esto se relaciona directamente con los estudios que documentan cómo la falta de oportunidades laborales para los exmilitares facilita su integración en estas redes paraestatales. Sin una estrategia nacional para abordar este problema, es probable que el reclutamiento de exmilitares siga aumentando la vulnerabilidad del Estado colombiano frente a estas redes globales.
La magnitud del mercado global de las ESP y su vínculo con actividades ilícitas está bien documentada en estudios empíricos internacionales. Se estima que el mercado de las ESP alcanzó los 200 mil millones de dólares en 2020 y sigue creciendo a un ritmo del 7-10 % anual. Empresas como Blackwater (Academi), G4S y DynCorp han estado involucradas en violaciones de derechos humanos en zonas de conflicto como Irak, Afganistán y África. El efecto de estas empresas va más allá de los crímenes cometidos en el campo de batalla. También facilitan economías ilícitas, como el lavado de dinero y el tráfico de armas, que prolongan los conflictos y debilitan a los Estados donde operan.
Esto muestra cómo las ESP se aprovechan de la falta de regulación global para operar en la periferia de la legalidad, aprovechando las debilidades de los Estados como el colombiano.
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Efectos del proyecto
La idea de la ley es la de enfrentar el mercado de mercenarios criminalizando el reclutamiento, financiamiento y uso de mercenarios, pero enfrenta serios desafíos al confrontar una industria global bien establecida. En su libro The Modern Mercenary, Sean McFate argumenta que las empresas mercenarias globales son altamente adaptables y tienen la capacidad de eludir la regulación nacional mediante el uso de redes transnacionales. Este argumento es crucial para entender por qué una ley nacional, aunque necesaria, puede tener un alcance limitado.
Los logros efectivos del proyecto de ley dependerán de su capacidad para coordinarse con marcos legales internacionales más amplios, como la Convención Internacional contra el Reclutamiento de Mercenarios de 1989. Sin embargo, como señalan algunos analistas, la falta de ratificación y la definición restrictiva de mercenario han debilitado el efecto de esta convención, dejando muchas brechas legales que las ESP siguen explotando.
El proyecto es un paso necesario hacia la regulación del control relativo del mercado de mercenarios, pero su éxito dependerá de la capacidad de cooperación internacional y la creación de mecanismos globales más efectivos. Como han señalado autores como Peter Singer, el mercado de mercenarios es un fenómeno global que no puede abordarse exclusivamente desde una perspectiva nacional.
La legislación colombiana debe integrarse en un marco más amplio que aborde las dinámicas transnacionales del mercado de la violencia y garantice que los sectores privados no sigan explotando las debilidades de los Estados con profundas divisiones internas y conflictos perdurables de naturaleza violenta.
*Investigador RePEC/IDEAS Munich, profesor de economía política de la Facultad de Economía y Administración de la UIS, Santander.
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