Contraloría llama a la Cancillería y a Thomas Greg por riesgos en caso de pasaportes

Ni el Gobierno ni Thomas Greg & Sons han querido ceder en sus posturas frente a la polémica licitación de pasaportes. Luego de que el hoy insubsistente secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, firmara la resolución que le adjudica el contrato a la firma (por cerca de $600.000 millones), ésta se notificó y dijo que está lista para iniciar; sin embargo, desde el Gobierno insisten en que Salazar no tenía autorización para tomar esa decisión y que están buscando cómo echarla para atrás.

Este choque ha generado incertidumbre por el posible impacto en la expedición de los pasaportes, pues cabe recordar que actualmente el proceso se maneja con un contrato de urgencia manifiesta que también quedó en veremos por otra resolución firmada por Salazar. A esto se suma que si el Gobierno no firma el contrato, es probable que la empresa responda con otra demanda por falta de garantías, que se sumaría a la que ya fue interpuesta por cerca de $115.000 millones.

Lea también: Gobierno Petro ajustó estrategia para no darle a Thomas contrato de pasaportes

Por todo esto, la Contraloría buscará sentar el próximo martes 12 de marzo a la Cancillería y a Thomas Greg & Sons en una mesa de trabajo que tiene como objetivo garantizar que no habrá detrimento patrimonial ni riesgos sobre la expedición de pasaporte. Lo que busca este organismo es que se llegue a una suerte de acuerdo que priorice la continuidad del trámite sin ningún problema para los ciudadanos.

Entre tanto, las movidas de parte y parte continúan. Este semana el canciller Álvaro Leyva intentó, a través de su defensa, tumbar la sanción de tres meses que le impuso la Procuraduría; sin embargo, ésta fue ratificada, por lo que los abogados de Leyva anunciaron una solicitud de nulidad y señalaron tres presuntas irregularidades en el proceso: “la ambigüedad en los cargos, la falta de imparcialidad y la indebida lección del procedimiento verbal”.

No se pierda: Defensa de Leyva dice que hay “falta de imparcialidad” en proceso disciplinario

También se han visto movimientos en la Casa de Nariño. El lunes, a puerta cerrada, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se reunió por tres horas con la nueva secretaria Jurídica de la Casa de Nariño, Paula Robledo, con quien analizó los caminos jurídicos para ponerles freno a las tres resoluciones de Salazar que le dieron el contrato a Thomas Greg & Sons.

“Este es un proceso que hay que revisarlo. Estamos estudiando integralmente para ver cuál es el mejor camino que debe seguir el Gobierno Nacional. No vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares”, dijo Murillo en una declaración al programa “Avanza el Cambio”.

Entre tanto, Thomas Greg estaría alistando una segunda demanda basada –entre otras cosas– en que las tres resoluciones que revivieron este drama contractual no hayan sido suspendidas, revocadas o anuladas. Murillo dijo que no tiene miedo de ir a los tribunales: “Yo conozco perfectamente los riesgos de esto, llevo 30 o más años en la administración pública y he sido víctima de las malas decisiones de la justicia”.

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Ni el Gobierno ni Thomas Greg & Sons han querido ceder en sus posturas frente a la polémica licitación de pasaportes. Luego de que el hoy insubsistente secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, firmara la resolución que le adjudica el contrato a la firma (por cerca de $600.000 millones), ésta se notificó y dijo que está lista para iniciar; sin embargo, desde el Gobierno insisten en que Salazar no tenía autorización para tomar esa decisión y que están buscando cómo echarla para atrás.

Este choque ha generado incertidumbre por el posible impacto en la expedición de los pasaportes, pues cabe recordar que actualmente el proceso se maneja con un contrato de urgencia manifiesta que también quedó en veremos por otra resolución firmada por Salazar. A esto se suma que si el Gobierno no firma el contrato, es probable que la empresa responda con otra demanda por falta de garantías, que se sumaría a la que ya fue interpuesta por cerca de $115.000 millones.

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Entre tanto, las movidas de parte y parte continúan. Este semana el canciller Álvaro Leyva intentó, a través de su defensa, tumbar la sanción de tres meses que le impuso la Procuraduría; sin embargo, ésta fue ratificada, por lo que los abogados de Leyva anunciaron una solicitud de nulidad y señalaron tres presuntas irregularidades en el proceso: “la ambigüedad en los cargos, la falta de imparcialidad y la indebida lección del procedimiento verbal”.

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“Este es un proceso que hay que revisarlo. Estamos estudiando integralmente para ver cuál es el mejor camino que debe seguir el Gobierno Nacional. No vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares”, dijo Murillo en una declaración al programa “Avanza el Cambio”.

Entre tanto, Thomas Greg estaría alistando una segunda demanda basada –entre otras cosas– en que las tres resoluciones que revivieron este drama contractual no hayan sido suspendidas, revocadas o anuladas. Murillo dijo que no tiene miedo de ir a los tribunales: “Yo conozco perfectamente los riesgos de esto, llevo 30 o más años en la administración pública y he sido víctima de las malas decisiones de la justicia”.

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