Gobierno tumbó resoluciones que favorecieron a Thomas Greg en licitación de pasaportes
La Cancillería informó que el proceso, según su equipo jurídico, estuvo salpicado de irregularidades que se deben investigar.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro tumbó definitivamente las resoluciones con las cuales hace unas semanas se le entregó la licitación por cerca de 600.000 millones de pesos a Thomas Greg & Sons para continuar con la elaboración de las libretas de pasaporte en Colombia.
La decisión la confirmó este jueves la Cancillería a través de un comunicado, en el cual advirtió que todo el proceso, desde su punto de vista, estuvo rodeado de inconsistencias que deben ser investigadas a nivel penal, disciplinario y contractual. Incluso, dijo que ya interpuso los recursos judiciales necesarios.
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“Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, hemos revocado las resoluciones expedidas por el anterior Secretario General de la Cancillería, las cuales fueron emitidas por fuera de todo marco legal”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y agregó: “Esto, en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa”.
Las tres resoluciones que dejó sin piso este jueves la Cancillería fueron firmadas por el declarado insubsistente exsecretario del ministerio, José Antonio Salazar, a quien incluso la administración de Petro denunció penalmente ante la Fiscalía por presuntas sospechas de corrupción; lo hizo a través de la Agencia de Defensa Jurídica.
Las resoluciones firmadas por Salazar se emitieron el pasado 26 de febrero y, luego de que se conocieron, el presidente Petro dijo que este ahora exfuncionario había traicionado al Gobierno, ya que desde la administración del suspendido canciller Álvaro Leyva se insistió en que no se le podía entregar la licitación a Thomas debido a que, según la Casa de Nariño, se estaban presentando posibles favorecimientos para esa firma.
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“El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos”, completó el Ministerio de Exteriores en su comunicado de este 28 de marzo.
Incluso, a finales del 2023 cuando Leyva declaró desierta esta primera licitación se echó a andar otro proceso que hace poco fue suspendido, debido a los más de 500 cuestionamientos que se hicieron por parte de al menos 10 firmas interesadas y que están pendientes de ser respondidas por la Cancillería que ahora comanda Luis Gilberto Murillo.
En todo caso, en medio de esta polémica, a través de la figura de urgencia manifiesta se le extendió por un año más a Thomas la elaboración de estas libretas y por eso, según el Gobierno, su fabricación está garantizada por lo menos hasta octubre próximo.
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“Entre tanto, se culminará la revisión integral en curso, para definir la mejor opción que permita contratar un nuevo servicio de expedición de pasaportes con adecuado soporte técnico, tecnológico y financiero, a partir de octubre”, precisó la Cancillería.
En medio de todo esto hay una vieja disputa entre Petro y Thomas, firma a la cual el mandatario ha llegado a señalar de supuestamente desestabilizar la democracia.
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El Gobierno del presidente Gustavo Petro tumbó definitivamente las resoluciones con las cuales hace unas semanas se le entregó la licitación por cerca de 600.000 millones de pesos a Thomas Greg & Sons para continuar con la elaboración de las libretas de pasaporte en Colombia.
La decisión la confirmó este jueves la Cancillería a través de un comunicado, en el cual advirtió que todo el proceso, desde su punto de vista, estuvo rodeado de inconsistencias que deben ser investigadas a nivel penal, disciplinario y contractual. Incluso, dijo que ya interpuso los recursos judiciales necesarios.
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Las resoluciones firmadas por Salazar se emitieron el pasado 26 de febrero y, luego de que se conocieron, el presidente Petro dijo que este ahora exfuncionario había traicionado al Gobierno, ya que desde la administración del suspendido canciller Álvaro Leyva se insistió en que no se le podía entregar la licitación a Thomas debido a que, según la Casa de Nariño, se estaban presentando posibles favorecimientos para esa firma.
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