El ahora insubsistente secretario general de Cancillería, José Antonio Salazar, aseguró este miércoles –día en el que dejó oficialmente su cargo en medio de una nueva polémica por la licitación de pasaportes– que no ha podido hablar directamente con el presidente Gustavo Petro, que todas sus actuaciones estuvieron apegadas a la ley y le lanzó un duro dardo el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.
En una declaración de más de 15 minutos, entregada al frente del Palacio de San Carlos, Salazar aseguró que “el ministro encargado no es abogado, es ingeniero de minas. Está inhabilitado para el ejercicio del cargo público, porque, de acuerdo con la Constitución, que el funcionario que ha sido condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos públicos, y el doctor Murillo fue condenado en primera y segunda instancia por el delito de peculado”.
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Y precisó: “Justifico plenamente sus declaraciones equivocadas, erradas, porque él es un ingeniero de minas”.
Si bien sus palabras tienen matices porque en efecto la decisión judicial se dio en el pasado, Murillo ha ejercido luego de la misma como ministro, embajador y hasta ha sido precandidato presidencial, por lo que la inhabilidad no tiene sustento jurídico.
Sin embargo, sí refleja la molestia de Salazar con el canciller encargado por haber dicho, 24 horas antes, que no tenía las facultades para firmar las tres resoluciones que le entregaron la licitación de pasaportes a Thomas Greg y que, al final, terminaron con su declaratoria de insubsistente por parte del jefe de Estado.
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Murillo aseguró que “no es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74-923 para el proceso contractual antes referido”. Y desde su despacho complementaron que dicho el certificado era para el proceso licitatorio inicial que se declaró desierto y no para el nuevo proceso.
En todo caso, Salazar aseguró que el mismo Murillo “me restableció las funciones y me las aumentó”, que sí habló con él, pero que nunca quedó por escrito su salida y que justo el 22 de febrero se firmó la resolución que, dijo, lo avaló jurídicamente a tomar las daciones que hoy mantienen la polémica abierta sobre la licitación de pasaportes: “¿Cómo puedo explicarse semejante incongruencia?”.
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