La “traición” de los pasaportes: Petro busca revertir licitación entregada a Thomas

Este lunes, en menos de dos horas, tres resoluciones firmadas por el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y un trino del presidente Gustavo Petro desataron una tormenta política que sacudió a esa entidad y, probablemente, impactará en el gabinete. La licitación de pasaportes y el pleito con la multinacional Thomas Greg & Sons fueron, una vez más, el origen de la discordia.

Este lunes, en menos de dos horas, tres resoluciones firmadas por el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores y un trino del presidente Gustavo Petro desataron una tormenta política que sacudió a esa entidad y, probablemente, impactará en el gabinete. La licitación de pasaportes y el pleito con la multinacional Thomas Greg & Sons fueron, una vez más, el origen de la discordia.

En un giro inesperado, el secretario de este ministerio, José Antonio Salazar, tumbó todas las decisiones que había tomado el suspendido canciller Álvaro Leyva sobre el proceso: revocó la declaratoria de desierta de la licitación (LP-001-2023), terminó la urgencia manifiesta y le adjudicó a Thomas el contrato por casi $600 mil millones para la personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes.

Aunque se trata de medidas para las que estaba facultado, como representante legal del Fondo Rotatorio del ministerio, al parecer Salazar no las consultó con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y menos con el presidente Gustavo Petro. De hecho, el primero está fuera del país, en Ginebra (Suiza), asistiendo a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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El presidente, que había respaldado a Leyva y habló en varias oportunidades de “una intención corrupta” y un “cartel de contratación” detrás de la licitación, reaccionó inmediatamente a través de su cuenta de X. “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata”, dijo Petro, quien volvió a cargar contra la empresa: “El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular (...) Toda la investigación penal debe desarrollarse”.

El secretario respondió y dijo que tenía que tomar la decisión para defender al Estado de un daño patrimonial. “Si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz”, respondió al mensaje del mandatario. Además, anunció que presentará recurso de reposición al decreto de insubsistencia que se firmó en la noche del lunes, por lo que hasta el momento sigue en el cargo.

Mientras algunos sectores políticos cuestionan el desorden del proceso, con el paso de las horas surgen nuevos interrogantes sobre el desenlace jurídico de esta polémica, lo que pasará con el contrato y el rumbo que tomará la demanda que Thomas había instaurado contra la Nación; así como los efectos políticos que tendrá la polémica en la Cancillería y la Casa de Nariño.

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¿Qué pasará con el contrato de pasaportes?

El pasado jueves 22 de febrero, la Cancillería, bajo el encargo de Luis Gilberto Murillo, le devolvió a Salazar las facultades para direccionar todos los procesos licitatorios de la entidad, lo que en la práctica fue el primer paso para virar completamente en el caso de los pasaportes, pues Leyva se las había quitado para hacerse cargo del proceso y declarar desierta la licitación.

Por esta razón, en la primera resolución que firmó este lunes (resolución 1394 de 2024), el secretario resolvió que la licitación debía regresar al estado en que se encontraba antes de la declaración desierta de Leyva (13 de septiembre de 2023), luego terminó la urgencia manifiesta con la que se había extendido el anterior contrato por un año (resolución 1395)y, finalmente, adjudicó el contrato teniendo en cuenta que en septiembre del año pasado Thomas Greg & Sons era la única empresa habilitada (resolución 1396).

Según los expertos, todo se traduce en que se deberá firmar el contrato y en que la empresa deberá iniciar inmediatamente a cumplir con el suministro de los pasaportes en las condiciones del proceso original; es decir, por un valor de $600 mil millones y hasta el 31 de julio de 2026. En este punto cabe resaltar que en la Casa de Nariño, donde a propósito se llevó a cabo un consejo de ministros, intentaron frenar por todos los medios la decisión, pero no fue posible.

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Para el abogado Juan David Duque, profesor de la Universidad del Rosario, el anuncio de Petro de declarar insubsistente al secretario de la Cancillería no afecta para nada la adjudicación, pues la decisión goza del atributo de presunción de legalidad y se firmó mientras el funcionario tenía competencia. Según explica, podría ser controvertida mediante control de nulidad y restablecimiento del derecho o ser revocada, excepcionalmente, si se demuestra que se obtuvo por medios ilegales.

Al anularse la declaratoria desierta de la licitación, el otro efecto se produciría sobre la demanda que estaba emprendiendo Thomas Greg, por casi $115.000 millones, contra el Estado. Juristas explican que el recurso queda sin piso, pues la justicia no revisará un acto administrativo que desapareció. El problema surgiría en el momento que el Gobierno intenta echar para atrás la medida, pues hoy por hoy la compañía tiene todos los argumentos para ganar el pleito.

Esto, además, genera otra pregunta que concierne directamente al suspendido Álvaro Leyva. Como la Procuraduría lo había sancionado por suspender la licitación y las resoluciones de este lunes también eliminan el motivo de la investigación disciplinaria, en teoría su defensa podría pedir que se deje sin efecto la suspensión para que la Presidencia lo lleve de vuelta al gabinete.

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Quienes sí quedaron en el limbo son los cerca de 19 interesados en la nueva licitación, por $416.000 millones, que a la larga también dependía de las decisiones de Leyva. Según representantes de estas firmas, la noticia de la adjudicación a Thomas los tomó por sorpresa, pues incluso tuvieron acceso a las resoluciones una vez los medios las publicaron.

Por ahora, ese segundo proceso está en pausa, pues la Cancillería así lo determinó con el argumento de revisar las cerca de 550 observaciones realizadas a los prepliegos. Sin embargo, la incertidumbre sigue creciendo, pues ninguna de las empresas sabe qué pasará, sobre todo porque muchos creían que el próximo 25 de abril se iba a adjudicar el nuevo contrato. Esto, de alguna manera, también puede abrir otro boquete para nuevas demandas por falta de garantías en el proceso.

Mientras en la Cancillería reina la confusión por el cruce de versiones y analizan cómo reaccionar; en la Casa de Nariño, según voces cercanas al presidente, hay molestia por la movida del secretario Salazar, pero también se analiza el panorama político, pues un posible regreso de Leyva al gabinete reaviva los rumores de un cambio de fuerzas en la primera línea de Petro, justo cuando el Gobierno se mueve en el Congreso y busca reacomodarse de cara el debate de sus reformas.

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