Representante, usted fue una de las 52 firmas que buscan revivir la figura del transfuguismo mediante un proyecto de acto legislativo que ya fue radicado en el Senado. ¿Cuál es la justificación de este articulado?
Mal llamado transfuguismo, en realidad es un proyecto de libertad política. Dada la situación de orfandad política y jurídica de congresistas que quisieran poder movilizarse a otros partidos, vimos la necesidad de modificar el inciso 2 del artículo 107 de la Constitución Política. En este momento se establece que es necesario renunciar 18 meses antes de la inscripción de las elecciones si se quiere cambiar de partido. Imagínese un congresista que haya sacado 50 mil votos y termine solamente trabajando dos años, pues no es transparente y no compensaría también la credibilidad de sus votantes. Buscamos que se nos permita por una sola vez en el cuatrenio, renunciar un mes antes y trasladarnos a otro partido sin renunciar a la curul. Otro artículo importante que vimos es el fortalecimiento de la participación de jóvenes y mujeres a través de listas cerradas.
Y eso tiene que ver con la reforma política que radicó el gobierno...
Sí, y la idea es abrir una gran puerta democrática, y participativa de todos los sectores para que ya no se conciba la política como un escenario en el que usted tiene que tener poder y plata para llegar a representar un territorio, sino que usted tenga la voluntad, el conocimiento y cumpla con los requisitos, lo pueda hacer. En nuestro proyecto también buscamos fortalecer la participación política y territorial de los movimientos, grupos significativos y coaliciones.
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¿De qué manera?
Vimos el resultado de las elecciones regionales y departamentales a consejo, asamblea, alcaldías y gobernaciones y la gran mayoría, cerca del 75% de todos los cargos de elección popular que salieron victoriosos, se hicieron a través de grupos significativos. Muchos de los candidatos se suscribieron por firmas, pero permitieron la coalición de varios partidos. Entonces, acá les estamos permitiendo dichas coaliciones, pero que tengan un porcentaje representativo que los respalde del 15%.
¿En qué va la Liga Gobernante Anticorrupción?
La Liga ya es un partido con personería jurídica, pero no tiene militantes con credenciales. Juan Manuel Cortés y yo, que somos representantes por Santander, no formamos parte de la Liga, ni Marelen Castillo, quien llegó al Congreso bajo el estatuto de oposición. El partido presentó listas para consejo, alcaldía, gobernación y asamblea en varios departamentos, pero no lograron ninguna credencial. Han perdido mucha fuerza, cuando en las presidenciales fue arrolladora. Colombia quería un cambio, una transformación, y creyó en el ingeniero que en paz descanse. Ahora es un partido fantasma.
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¿Y qué va a suceder con Cortés, Castillo y usted que están en orfandad política?
Los tres estamos en una situación jurídica y política incierta. El Ministerio del Interior, a través de la oficina de consulta jurídica, va a elevar una petición al Consejo de Estado para que nos aclaren qué sucederá con quienes llegamos al Congreso por un grupo significativo de ciudadanos pero no formamos parte de un partido. También queremos saber qué limitaciones habrá para las próximas elecciones, pues no queremos incurrir en doble militancia.
Representante, como miembro de la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, ¿qué opinión le quedó de la intervención del canciller en el debate de control político sobre la relación diplomática de Colombia con Venezuela esta semana?
Es cierto que el presidente, como jefe máximo de Estado, debe ser prudente para no romper los lazos diplomáticos. Sin embargo, ante el mundo quedamos como un país cómplice de arbitrariedades, violaciones de derechos humanos y el robo de unas elecciones populares. Lo que me preocupa es que en Colombia, gran parte de los programas del Plan Nacional de Desarrollo no se ejecutan con el presupuesto general de la nación. Más de 3.500 programas que se han implementado en el último cuatrienio fueron financiados con recursos internacionales. Parte de la inversión social proviene de la cooperación internacional, que ahora está en riesgo por los nombramientos irresponsables de cancilleres y embajadores, y por el manejo de las relaciones con Venezuela.
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