Listo el cronograma para el traslado de excombatientes del Yarí a Caquetá

Tras más de un año de gestiones y concertaciones, el Gobierno Nacional y delegados de reincorporados que se acogieron al Acuerdo de Paz, definieron al fin el cronograma del traslado de 43 excombatientes y sus familias del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del Yarí, de Playa Rica, zona rural del municipio de La Macarena (Meta) al predio San José, ubicado en el municipio de El Doncello (Caquetá).

En contexto: Más de 100 excombatientes del antiguo espacio del Yarí serán trasladados a Caquetá

A diferencia de otros desplazamientos colectivos de exguerrilleros, según el Gobierno, este proceso de traslado no obedece a temas de seguridad o amenazas contra los integrantes del espacio territorial. Se trasladarán de forma consensuada por la imposibilidad de consolidarse a futuro en ese terreno por razones tanto jurídicas como prácticas, pues el predio actual fue comprometido por la exguerrilla para la reparación a las víctimas del conflicto.

Dicha versión fue cuestionada por representantes de los excombatientes, quienes hace menos de 15 días denunciaron que viven una crisis por la violencia en la zona de los Llanos del Yarí, que ha provocado, según dicen, el desplazamiento de 106 familias de una zona de reincorporación.

En contexto: Excombatientes denuncian crisis por violencia en zona de reincorporación

La situación se desató luego de que fueran incendiadas en una carretera rural de la zona varias camionetas de los esquemas de seguridad de los excombatientes que se reincorporan en los Llanos del Yarí. “El despojo de la dotación a los agentes escoltas, quienes también son firmantes de paz, así como la incineración de los vehículos del esquema colectivo de esta comunidad de paz es una clara amenaza a la vida de los reincorporados”, señaló en su momento el Consejo Nacional de Reincorporación de Comunes (CNR) en un comunicado.

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Frente al cronograma acordado para el traslado, el Gobierno explicó las familias llegarán al predio San José, de 70 hectáreas de extensión, adquirido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el que se diseñará y construirá un proyecto de vivienda y se habilitarán proyectos productivos en el marco de la ruta de reincorporación.

Frente al predio, el Ejecutivo explicó que se avanza en los trámites de licencia ambiental con Corpoamazonia, así como en las tareas de acondicionamiento del territorio, en el que se han invertido más de $1.100 millones. Allí aplica la figura de entrega provisional, que les da a los excombatientes el derecho de uso, explotación y permanencia de estos territorios.

“Una vez se formalicen los respectivos estudios de prefactibilidad, que definirán cuáles serán las condiciones del proyecto de vivienda definitiva, cada uno de ellos recibirá una escritura individual para que puedan disfrutar de su casa con su familia. El terreno restante se dividirá en porcentajes iguales para que sea empleado en proyectos productivos”, explicó el Gobierno Nacional.

En ese sentido, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, aseguró que la entrega de este predio es un hito fundamental de este proceso de traslado concertado, “pues ya contamos con los estudios de prefactibilidad que nos permitirán iniciar con el diseño del proyecto de viviendas definitivas que garantizará el acceso a vivienda de las personas en reincorporación y sus familias que llegarán desde el Meta al Caquetá”.

De acuerdo con el funcionario, mientras se avanza en el diseño y ejecución de las viviendas definitivas, se gestionarán soluciones rápidas para la habitabilidad de la población en condiciones dignas. Por ello, cada familia contará con aprovisionamiento de servicios públicos básicos, manejo adecuado de residuos sólidos y aguas servidas a través de campos de filtración.

“El traslado concertado avanza satisfactoriamente, y desde el Gobierno seguiremos garantizando el debido proceso porque tenemos la convicción de que debemos construir sobre lo ya construido. El traslado concertado de estas 138 personas será coordinado por las Fuerzas Armadas de Colombia, y estará acompañado por organismos internacionales y Ministerio Público, para garantizar todas las condiciones de seguridad”, agregó Stapper.

Tras más de un año de gestiones y concertaciones, el Gobierno Nacional y delegados de reincorporados que se acogieron al Acuerdo de Paz, definieron al fin el cronograma del traslado de 43 excombatientes y sus familias del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del Yarí, de Playa Rica, zona rural del municipio de La Macarena (Meta) al predio San José, ubicado en el municipio de El Doncello (Caquetá).

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A diferencia de otros desplazamientos colectivos de exguerrilleros, según el Gobierno, este proceso de traslado no obedece a temas de seguridad o amenazas contra los integrantes del espacio territorial. Se trasladarán de forma consensuada por la imposibilidad de consolidarse a futuro en ese terreno por razones tanto jurídicas como prácticas, pues el predio actual fue comprometido por la exguerrilla para la reparación a las víctimas del conflicto.

Dicha versión fue cuestionada por representantes de los excombatientes, quienes hace menos de 15 días denunciaron que viven una crisis por la violencia en la zona de los Llanos del Yarí, que ha provocado, según dicen, el desplazamiento de 106 familias de una zona de reincorporación.

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La situación se desató luego de que fueran incendiadas en una carretera rural de la zona varias camionetas de los esquemas de seguridad de los excombatientes que se reincorporan en los Llanos del Yarí. “El despojo de la dotación a los agentes escoltas, quienes también son firmantes de paz, así como la incineración de los vehículos del esquema colectivo de esta comunidad de paz es una clara amenaza a la vida de los reincorporados”, señaló en su momento el Consejo Nacional de Reincorporación de Comunes (CNR) en un comunicado.

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Frente al cronograma acordado para el traslado, el Gobierno explicó las familias llegarán al predio San José, de 70 hectáreas de extensión, adquirido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el que se diseñará y construirá un proyecto de vivienda y se habilitarán proyectos productivos en el marco de la ruta de reincorporación.

Frente al predio, el Ejecutivo explicó que se avanza en los trámites de licencia ambiental con Corpoamazonia, así como en las tareas de acondicionamiento del territorio, en el que se han invertido más de $1.100 millones. Allí aplica la figura de entrega provisional, que les da a los excombatientes el derecho de uso, explotación y permanencia de estos territorios.

“Una vez se formalicen los respectivos estudios de prefactibilidad, que definirán cuáles serán las condiciones del proyecto de vivienda definitiva, cada uno de ellos recibirá una escritura individual para que puedan disfrutar de su casa con su familia. El terreno restante se dividirá en porcentajes iguales para que sea empleado en proyectos productivos”, explicó el Gobierno Nacional.

En ese sentido, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Andrés Stapper, aseguró que la entrega de este predio es un hito fundamental de este proceso de traslado concertado, “pues ya contamos con los estudios de prefactibilidad que nos permitirán iniciar con el diseño del proyecto de viviendas definitivas que garantizará el acceso a vivienda de las personas en reincorporación y sus familias que llegarán desde el Meta al Caquetá”.

De acuerdo con el funcionario, mientras se avanza en el diseño y ejecución de las viviendas definitivas, se gestionarán soluciones rápidas para la habitabilidad de la población en condiciones dignas. Por ello, cada familia contará con aprovisionamiento de servicios públicos básicos, manejo adecuado de residuos sólidos y aguas servidas a través de campos de filtración.

“El traslado concertado avanza satisfactoriamente, y desde el Gobierno seguiremos garantizando el debido proceso porque tenemos la convicción de que debemos construir sobre lo ya construido. El traslado concertado de estas 138 personas será coordinado por las Fuerzas Armadas de Colombia, y estará acompañado por organismos internacionales y Ministerio Público, para garantizar todas las condiciones de seguridad”, agregó Stapper.