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La ardua lucha que ha librado la consulta anticorrupción avanzó. El presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto a través del cual se convoca a las urnas el domingo 26 de agosto para que los colombianos voten sí o no por los siete mandatos que contempla la iniciativa. Una que recogió más de 4’500.000 firmas entre enero y julio del año pasado, y que obtuvo el aval de conveniencia por parte de la plenaria del Senado de la República el pasado 5 de junio, en una votación unánime de 84 votos a favor y cero en contra.
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De esta manera, el primer mandatario le dio la orden a la Registraduría Nacional de que empiece la preparación necesaria para garantizar la realización de la consulta, que se estrenará a nivel nacional y que busca configurar una serie de medidas legislativas que den pie a una política más transparente a través de siete mandatos.
Estos contemplan bajarles el salario a los congresistas, eliminar el beneficio de casa por cárcel a condenados por corrupción, tener pliegos tipo en toda clase de contrataciones, vigilar el presupuesto participativo a través de audiencias públicas, acabar con los contratos a dedo, obligar a los altos funcionarios a que rindan cuentas de su gestión y sus ingresos personales, y limitar a máximo tres períodos el tiempo de permanencia en las corporaciones públicas.
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No obstante, aunque el mecanismo logró poner de acuerdo a las bancadas en el Congreso para que votaran favorablemente su conveniencia —algo que no había alcanzado ni siquiera el Acuerdo de Paz—, la iniciativa enfrenta ahora su mayor reto: convocar a la cantidad de personas necesaria para superar el umbral de participación que determina la ley, según la cual, para que tenga validez, debe votar por lo menos el 30 % del censo electoral vigente. Es decir, para que los mandatos sean de obligatorio cumplimiento deberán sufragar unos 12 millones de colombianos.
“La gente cree que lo difícil era todo este trámite, pero ahora viene lo realmente complejo, que es lograr las mayorías ciudadanas en las urnas para que estos siete mandatos anticorrupción se conviertan en una realidad”, señaló Claudia López, senadora de la Alianza Verde y una de las promotoras de la iniciativa, en entrevista reciente con El Espectador.
Ese reto en las urnas lo ha calificado como la “real batalla”, pues implicará que los colombianos que rechazan la corrupción salgan de los computadores y las redes sociales, depositen su voto y aprueben las medidas que consideren necesarias para garantizar mayor transparencia en varios asuntos en el Estado. “Vamos a demostrar que no es quejándonos, que no es en Twitter ni en Facebook como vamos a derrotar la corrupción, es en las urnas donde tenemos que domesticar a la clase”, concluyó la congresista.
En caso de que la consulta obtenga la participación necesaria, los mandatos serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Además, la reglamentación y la expedición de las leyes que se necesiten, por ejemplo, para reducir el salario de los congresistas o implementar la utilización de pliegos tipos en la contratación estatal, se deberá hacer realidad en máximo un año.
Por supuesto, hay muchas dudas sobre el mecanismo, pues desde que la Constitución de 1991 lo expidió, es la primera vez que se utilizará en el país, a pesar de que ya ha habido consultas locales en diferentes regiones, como las que se han realizado en contra de la explotación minera en municipios como Cajamarca, Tolima o Pijao (Quindío), entre otros.