Lo que dejó el Congreso en tiempos de paro

No es una novedad que la última semana de sesiones legislativas del Congreso sea un generalizado corre-corre para lograr la aprobación de proyectos. Cada quien, desde su trinchera política, encabeza todo tipo de llamados, alertas y gestiones para conseguir que su iniciativa sea agendada y no se quede sin discutir antes de que culmine el período legislativo, en este caso el que arrancó el pasado 16 de marzo y concluyó ayer, 20 de junio. Este cierre del Congreso no fue la excepción: lo que se vivió la semana pasada fueron jornadas maratónicas y disputas de todo calibre para hacerse a un cupo en la agenda de cada día, lograr aglutinar otra vez mayorías y conseguir la tan anhelada aprobación.

De tal calado fue la recta final que el Gobierno tuvo que citar al Legislativo a sesiones extras, entre hoy y mañana, pero —tal como lo establece la Constitución— en estas jornadas solo tienen cabida iniciativas específicas propuestas por el Ejecutivo, en este caso únicamente el proyecto de ley relacionado con la sobretasa a la gasolina. Lo anterior, tras un pedido de la Federación Nacional de Municipios, que instó a estudiar y aprobar la iniciativa ante el “inminente riesgo que corren los recursos que hoy perciben los municipios del país por concepto de la sobretasa de la gasolina y el ACPM”.

Lea también: Congreso, a sesiones extras para discutir sobretasa a la gasolina

Más allá de eso, a diferencia de otras oportunidades, gran parte de la legislatura estuvo marcada por una coyuntura inédita: el estallido social causado por el paro nacional, que ya completa casi sesenta días. La influencia de semejante hecho, así como ha ocurrido en otros escenarios de la vida nacional, tuvo repercusiones en el Congreso, donde proliferaron las voces e iniciativas de quienes —en el recinto donde se gestan y modifican las leyes, así como donde se hace control político al Gobierno— pretendían responder a los reclamos de las calles.

En opinión de analistas, si se mide con esa vara, el balance del Congreso es agridulce, pues si bien se hundieron iniciativas tan impopulares como las reformas tributaria y a la salud, y el proyecto que buscaba la extensión del período presidencial, otras relacionadas con la educación, el medio ambiente y el desarrollo del Acuerdo de Paz quedaron en veremos. Además, en materia de control político, aunque el ministro de Defensa, Diego Molano, fue citado para responder por los excesos de la fuerza pública durante el paro, finalmente logró conservar su cargo.

“De una manera bastante curiosa, el Congreso termina esta legislatura aprobando muchos proyectos que le interesan al Gobierno de Iván Duque y descartando otros que no eran de interés del Ejecutivo”, explica Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario. A su turno, el analista político Mauricio Jaramillo advierte que el balance “es muy pobre”, si se tiene en cuenta que los congresistas “solo se basaron en proyectos de ley que no eran emblemáticos de ninguna manera. Con la reforma a la salud y la reforma fiscal vimos un Congreso absolutamente pasivo, como ha sido su rol en términos generales durante buena parte de la pandemia. El control político al Gobierno también ha sido muy débil”.

Lo que se hundió

Aunque fueron varias las iniciativas que no lograron prosperar en el Congreso, el hundimiento del proyecto de matrícula cero levantó ampolla. La iniciativa buscaba que la matrícula de los universitarios de estratos bajos que estudian en universidades públicas fuera gratuita. “Las mayorías uribistas en el Senado le dan la espalda de nuevo a los jóvenes”, reclamó el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde), uno de sus autores. Por su parte, Gustavo Bolívar (Coalición Decentes) manifestó que persistirán en el proyecto en el período que arranca el 20 de julio, pero llamó la atención por su poco respaldo en el Congreso. “Lo seguiremos intentando, pero con estas minorías es imposible”, dijo.

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Otra de las iniciativas que quedó en el tintero, aun cuando tenía mensaje de urgencia del propio Gobierno, fue el proyecto de ley que buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú, ideado para que Colombia hiciera parte oficialmente de uno de los tratados más importantes de Latinoamérica y el Caribe para fortalecer la democracia ambiental. Aunque ayer en la Cámara de Representantes se aprobó una proposición para que Escazú fuera incluido en las sesiones extras, sus propios autores dudan que se llegue a alcanzar tal escenario.

“¿Y por qué el presidente Duque no cita a sesiones extraordinarias al Congreso para aprobar el Acuerdo de Escazú? Su compromiso con la defensa del medio ambiente es solo discurso para agradar a la comunidad internacional y a la ONU. Lo suyo no es la ecología, sino la cosmetología”, alegó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.

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Tampoco corrió con suerte el proyecto de especialidad agraria, iniciativa que desarrollaba un punto del Acuerdo de Paz y pretendía delegar jueces especializados para resolver conflictos por el uso y la tenencia de la tierra. Del listado también hacen parte el proyecto que buscaba prohibir el fracking en Colombia. “Hundido por falta de quórum. En este Congreso no niegan los proyectos con votos, los niegan con ‘jugaditas’. Pero tranquilos, el 20 de julio lo radicaremos de nuevo”, manifestó la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde).

Lo que se aprobó

Tampoco estuvo exento de controversia lo que sí aprobó el Congreso. Por ejemplo, el proyecto de ley de la propia procuradora Margarita Cabello, que busca reformar el Código General Disciplinario, el cuerpo normativo que sienta las bases para comenzar los procesos contra servidores públicos. Lo anterior, en respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la destitución del exalcalde Gustavo Petro. En su determinación, la Corte había advertido que la Procuraduría General, como órgano administrativo, no podía restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular.

Sin embargo, organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que le da facultades propias de los jueces al Ministerio Público, así como facultades de policía judicial, para “poder para autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones”. Incluso, hubo críticas porque, a ojos de la MOE, la iniciativa abre la posibilidad de aumentar la burocracia en la Procuraduría al crear una serie de cargos.

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No menos cuestionado fue el proyecto de reforma a la justicia. Aunque la iniciativa pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia —apuntando también a aumentar el presupuesto, que haya estrategias para disminuir la congestión y se fortalezca la equidad de género—, se reclamó que hubo un “mico” para que los profesionales del Derecho puedan aspirar a ser fiscal, procurador, defensor del Pueblo o registrador, reconociéndoles la experiencia en labores como “ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas y administración pública”.

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Aunque estuvo pendiendo de un hilo, finalmente salió avante la “ley de comida chatarra”, que pretende que haya un etiquetado frontal en los alimentos ultraprocesados. La iniciativa pasa a sanción presidencial “después de tres intentos y más de seis años de lucha, pues había sido archivado por el lobby de la industria”, destacó su autor, el representante Mauricio Toro (Alianza Verde).

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También fue aprobado el proyecto que amplía la licencia de paternidad, hoy de diez días hábiles, que pasará a ser de dos semanas. Adicionalmente, el proyecto que, con el objetivo de enfrentar los delitos ambientales, consagra herramientas para la lucha contra el acaparamiento de tierras y el tráfico de fauna, así como el que les permite a los padres acordar el orden de los apellidos de sus hijos, para definir si va primero el del padre o el de madre.

Incluso, pese a que aún le falta la mitad del tránsito legislativo, se alcanzó a salvar y discutir antes de que concluyera la legislatura el proyecto de acto legislativo que reduce el receso de los congresistas, buscando que empiecen a sesionar desde febrero y no desde marzo.

Concluido este período de sesiones, resta el último año legislativo, justo en medio del año preelectoral, que arrancará el próximo 20 de julio. De acuerdo con el analista Mauricio Jaramillo, lo que se viene ahora serán las campañas de reelección de los congresistas, que buscarán, a como dé lugar, asegurar su escaño en el Legislativo. “Veremos un Congreso afanado por lavar su imagen de cara a las elecciones de 2022. Por ello, probablemente habrá congresistas que comenzarán a desmarcarse del resto del Congreso y a ser críticos del Gobierno”.

No es una novedad que la última semana de sesiones legislativas del Congreso sea un generalizado corre-corre para lograr la aprobación de proyectos. Cada quien, desde su trinchera política, encabeza todo tipo de llamados, alertas y gestiones para conseguir que su iniciativa sea agendada y no se quede sin discutir antes de que culmine el período legislativo, en este caso el que arrancó el pasado 16 de marzo y concluyó ayer, 20 de junio. Este cierre del Congreso no fue la excepción: lo que se vivió la semana pasada fueron jornadas maratónicas y disputas de todo calibre para hacerse a un cupo en la agenda de cada día, lograr aglutinar otra vez mayorías y conseguir la tan anhelada aprobación.

De tal calado fue la recta final que el Gobierno tuvo que citar al Legislativo a sesiones extras, entre hoy y mañana, pero —tal como lo establece la Constitución— en estas jornadas solo tienen cabida iniciativas específicas propuestas por el Ejecutivo, en este caso únicamente el proyecto de ley relacionado con la sobretasa a la gasolina. Lo anterior, tras un pedido de la Federación Nacional de Municipios, que instó a estudiar y aprobar la iniciativa ante el “inminente riesgo que corren los recursos que hoy perciben los municipios del país por concepto de la sobretasa de la gasolina y el ACPM”.

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Más allá de eso, a diferencia de otras oportunidades, gran parte de la legislatura estuvo marcada por una coyuntura inédita: el estallido social causado por el paro nacional, que ya completa casi sesenta días. La influencia de semejante hecho, así como ha ocurrido en otros escenarios de la vida nacional, tuvo repercusiones en el Congreso, donde proliferaron las voces e iniciativas de quienes —en el recinto donde se gestan y modifican las leyes, así como donde se hace control político al Gobierno— pretendían responder a los reclamos de las calles.

En opinión de analistas, si se mide con esa vara, el balance del Congreso es agridulce, pues si bien se hundieron iniciativas tan impopulares como las reformas tributaria y a la salud, y el proyecto que buscaba la extensión del período presidencial, otras relacionadas con la educación, el medio ambiente y el desarrollo del Acuerdo de Paz quedaron en veremos. Además, en materia de control político, aunque el ministro de Defensa, Diego Molano, fue citado para responder por los excesos de la fuerza pública durante el paro, finalmente logró conservar su cargo.

“De una manera bastante curiosa, el Congreso termina esta legislatura aprobando muchos proyectos que le interesan al Gobierno de Iván Duque y descartando otros que no eran de interés del Ejecutivo”, explica Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario. A su turno, el analista político Mauricio Jaramillo advierte que el balance “es muy pobre”, si se tiene en cuenta que los congresistas “solo se basaron en proyectos de ley que no eran emblemáticos de ninguna manera. Con la reforma a la salud y la reforma fiscal vimos un Congreso absolutamente pasivo, como ha sido su rol en términos generales durante buena parte de la pandemia. El control político al Gobierno también ha sido muy débil”.

Lo que se hundió

Aunque fueron varias las iniciativas que no lograron prosperar en el Congreso, el hundimiento del proyecto de matrícula cero levantó ampolla. La iniciativa buscaba que la matrícula de los universitarios de estratos bajos que estudian en universidades públicas fuera gratuita. “Las mayorías uribistas en el Senado le dan la espalda de nuevo a los jóvenes”, reclamó el senador Antonio Sanguino (Alianza Verde), uno de sus autores. Por su parte, Gustavo Bolívar (Coalición Decentes) manifestó que persistirán en el proyecto en el período que arranca el 20 de julio, pero llamó la atención por su poco respaldo en el Congreso. “Lo seguiremos intentando, pero con estas minorías es imposible”, dijo.

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Otra de las iniciativas que quedó en el tintero, aun cuando tenía mensaje de urgencia del propio Gobierno, fue el proyecto de ley que buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú, ideado para que Colombia hiciera parte oficialmente de uno de los tratados más importantes de Latinoamérica y el Caribe para fortalecer la democracia ambiental. Aunque ayer en la Cámara de Representantes se aprobó una proposición para que Escazú fuera incluido en las sesiones extras, sus propios autores dudan que se llegue a alcanzar tal escenario.

“¿Y por qué el presidente Duque no cita a sesiones extraordinarias al Congreso para aprobar el Acuerdo de Escazú? Su compromiso con la defensa del medio ambiente es solo discurso para agradar a la comunidad internacional y a la ONU. Lo suyo no es la ecología, sino la cosmetología”, alegó el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.

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Tampoco corrió con suerte el proyecto de especialidad agraria, iniciativa que desarrollaba un punto del Acuerdo de Paz y pretendía delegar jueces especializados para resolver conflictos por el uso y la tenencia de la tierra. Del listado también hacen parte el proyecto que buscaba prohibir el fracking en Colombia. “Hundido por falta de quórum. En este Congreso no niegan los proyectos con votos, los niegan con ‘jugaditas’. Pero tranquilos, el 20 de julio lo radicaremos de nuevo”, manifestó la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde).

Lo que se aprobó

Tampoco estuvo exento de controversia lo que sí aprobó el Congreso. Por ejemplo, el proyecto de ley de la propia procuradora Margarita Cabello, que busca reformar el Código General Disciplinario, el cuerpo normativo que sienta las bases para comenzar los procesos contra servidores públicos. Lo anterior, en respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la destitución del exalcalde Gustavo Petro. En su determinación, la Corte había advertido que la Procuraduría General, como órgano administrativo, no podía restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular.

Sin embargo, organismos como la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que le da facultades propias de los jueces al Ministerio Público, así como facultades de policía judicial, para “poder para autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones”. Incluso, hubo críticas porque, a ojos de la MOE, la iniciativa abre la posibilidad de aumentar la burocracia en la Procuraduría al crear una serie de cargos.

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No menos cuestionado fue el proyecto de reforma a la justicia. Aunque la iniciativa pretende modificar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia —apuntando también a aumentar el presupuesto, que haya estrategias para disminuir la congestión y se fortalezca la equidad de género—, se reclamó que hubo un “mico” para que los profesionales del Derecho puedan aspirar a ser fiscal, procurador, defensor del Pueblo o registrador, reconociéndoles la experiencia en labores como “ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas y administración pública”.

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Aunque estuvo pendiendo de un hilo, finalmente salió avante la “ley de comida chatarra”, que pretende que haya un etiquetado frontal en los alimentos ultraprocesados. La iniciativa pasa a sanción presidencial “después de tres intentos y más de seis años de lucha, pues había sido archivado por el lobby de la industria”, destacó su autor, el representante Mauricio Toro (Alianza Verde).

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También fue aprobado el proyecto que amplía la licencia de paternidad, hoy de diez días hábiles, que pasará a ser de dos semanas. Adicionalmente, el proyecto que, con el objetivo de enfrentar los delitos ambientales, consagra herramientas para la lucha contra el acaparamiento de tierras y el tráfico de fauna, así como el que les permite a los padres acordar el orden de los apellidos de sus hijos, para definir si va primero el del padre o el de madre.

Incluso, pese a que aún le falta la mitad del tránsito legislativo, se alcanzó a salvar y discutir antes de que concluyera la legislatura el proyecto de acto legislativo que reduce el receso de los congresistas, buscando que empiecen a sesionar desde febrero y no desde marzo.

Concluido este período de sesiones, resta el último año legislativo, justo en medio del año preelectoral, que arrancará el próximo 20 de julio. De acuerdo con el analista Mauricio Jaramillo, lo que se viene ahora serán las campañas de reelección de los congresistas, que buscarán, a como dé lugar, asegurar su escaño en el Legislativo. “Veremos un Congreso afanado por lavar su imagen de cara a las elecciones de 2022. Por ello, probablemente habrá congresistas que comenzarán a desmarcarse del resto del Congreso y a ser críticos del Gobierno”.