Los caminos de Santos para implementar nuevo acuerdo de paz

El avispero político está alborotado. Todo, por cuenta de las declaraciones que desde Londres entregó el presidente Juan Manuel Santos sobre la eventualidad en la que una vez listo el nuevo acuerdo de paz, podría acudir de inmediato al Congreso para su posterior implementación saltándose la voluntad del pueblo que sigue atento a que sea convocado a las urnas, nuevamente, para refrendar por segunda vez el acuerdo logrado con las Farc. (Lea: Santos anuncia implementación de nuevo acuerdo vía Congreso ¿no habrá refrendación?)

Es claro que refrendación e implementación son dos puntos bien diferentes. El primero, exige un necesario mecanismo de participación ciudadana para darle el sí o el no, en este caso, a un nuevo acuerdo de paz. El segundo, hace referencia al desarrollo jurídico que, obligatoriamente, deberán tener los acuerdos logrados con las Farc para darles seguridad y puedan implementarse. Y es, precisamente, este asunto el que ha causado revuelo en las voces que se oponen a que el presidente no acuda una vez más a la voz del pueblo para darle legitimidad al nuevo acuerdo de paz. (Vea nuestro especial sobre el proceso de paz con las Farc)

Lo cierto es que el presidente Juan Manuel Santos no ha tomado esa decisión, pese a tener la potestad para hacerlo. Y su preocupación sobre la forma en la que fueron acogidas sus declaraciones fue tal, que se vio obligado a salir explicar en pleno encuentro con la primera ministra británica, Theresa May, que “cuando tengamos un nuevo acuerdo de paz, tengo diferentes alternativas. La más común y la que está prevista en nuestra Constitución es presentarle el acuerdo al Congreso. Tengo otra alternativa que sería otro plebiscito. La Corte Constitucional en su fallo, dijo que si se llega a un nuevo acuerdo puedo presentarle el nuevo acuerdo al pueblo a través del plebiscito (…) pero tomaré esa decisión una vez tengamos el nuevo acuerdo”.

Sin embargo, desde el Congreso mismo, el presidente de esta corporación, Mauricio Lizcano, explicó que la implementación de esos acuerdos es posible hacerla desde el legislativo porque la Corte Constitucional dejó abierta esa posibilidad en su sentencia sobre plebiscito. Por ende, no habría necesidad de convocar de nuevo a los colombianos a las urnas sino que, una vez recogidas las propuestas del No admitidas las más viables por las Farc y la delegación de paz del gobierno, en La Habana, el siguiente paso sería acudir al Congreso.

Para ello, hay un as bajo la manga mucho más importante sobre el que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado. Tiene que ver con el Acto Legislativo para la Paz, que aprobó el Congreso y sobre el cual posan varias demandas que se convertirían en un salvavidas para el gobierno. La Corte Constitucional podría tomar varias decisiones: la primera, declarar inexequible la refrendación como condición para proceder a implementarlos y, a partir de allí, el Congreso entrar a legislar tal cual como están los acuerdos y desconocer el triunfo del No del pasado 2 de octubre.

Otra salida ligada a esta anterior, es que tumbada la condición de la refrendación, el alto tribunal podría declarar, a su vez, constitucional el mecanismo de fast track para sacar adelante el acuerdo de paz en el Congreso. Es decir, se activaría un proceso rápido para que el legislativo no tarde años en implementar los acuerdos. “Así, tendría el presidente autorización para implementar los acuerdos y ellos entrarían al bloque de constitucionalidad. Si la corte no ordena sancionar el acto legislativo, tendría que presentar los diferentes proyectos, tanto de acto legislativo como leyes estatutarias como procedimiento ordinario”, explica el representante Hernán Penagos, coordinador ponente del proyecto de Acto Legislativo. No obstante, advierte que darse la segunda decisión, el procedimiento tardaría, mínimo, un año.

El presidente Santos, finalmente, habló de los cabildos abiertos en los que cada municipio podrá debatir abiertamente el acuerdo final de paz y decidir si le da vía libre o no. “Eso nos permitirá unirnos alrededor de este nuevo acuerdo que necesita el país y eso es benéfico para el expresidente Uribe, para mi administración y para todo Colombia”, dijo el presidente Santos.

La posición del jefe de Estado no es gratuita. En todo caso, los acuerdos necesariamente deben pasar por el Congreso para su posterior desarrollo, así que las preocupaciones de los del No entran a tener mayor sustento, debido a que en las reuniones que han sostenido en Colombia con los delegados del gobierno, han reiterado la necesidad de que el nuevo acuerdo pase por las manos de los colombianos. Resta esperar qué decisión adoptará, en últimas, el presidente Juan Manuel Santos que, eso sí, no dejará escapar de nuevo la última oportunidad de paz que liderará durante su mandato, antes de que el país entre en un ambiente electoral de cara al debate presidencial del 2018. 

El avispero político está alborotado. Todo, por cuenta de las declaraciones que desde Londres entregó el presidente Juan Manuel Santos sobre la eventualidad en la que una vez listo el nuevo acuerdo de paz, podría acudir de inmediato al Congreso para su posterior implementación saltándose la voluntad del pueblo que sigue atento a que sea convocado a las urnas, nuevamente, para refrendar por segunda vez el acuerdo logrado con las Farc. (Lea: Santos anuncia implementación de nuevo acuerdo vía Congreso ¿no habrá refrendación?)

Es claro que refrendación e implementación son dos puntos bien diferentes. El primero, exige un necesario mecanismo de participación ciudadana para darle el sí o el no, en este caso, a un nuevo acuerdo de paz. El segundo, hace referencia al desarrollo jurídico que, obligatoriamente, deberán tener los acuerdos logrados con las Farc para darles seguridad y puedan implementarse. Y es, precisamente, este asunto el que ha causado revuelo en las voces que se oponen a que el presidente no acuda una vez más a la voz del pueblo para darle legitimidad al nuevo acuerdo de paz. (Vea nuestro especial sobre el proceso de paz con las Farc)

Lo cierto es que el presidente Juan Manuel Santos no ha tomado esa decisión, pese a tener la potestad para hacerlo. Y su preocupación sobre la forma en la que fueron acogidas sus declaraciones fue tal, que se vio obligado a salir explicar en pleno encuentro con la primera ministra británica, Theresa May, que “cuando tengamos un nuevo acuerdo de paz, tengo diferentes alternativas. La más común y la que está prevista en nuestra Constitución es presentarle el acuerdo al Congreso. Tengo otra alternativa que sería otro plebiscito. La Corte Constitucional en su fallo, dijo que si se llega a un nuevo acuerdo puedo presentarle el nuevo acuerdo al pueblo a través del plebiscito (…) pero tomaré esa decisión una vez tengamos el nuevo acuerdo”.

Sin embargo, desde el Congreso mismo, el presidente de esta corporación, Mauricio Lizcano, explicó que la implementación de esos acuerdos es posible hacerla desde el legislativo porque la Corte Constitucional dejó abierta esa posibilidad en su sentencia sobre plebiscito. Por ende, no habría necesidad de convocar de nuevo a los colombianos a las urnas sino que, una vez recogidas las propuestas del No admitidas las más viables por las Farc y la delegación de paz del gobierno, en La Habana, el siguiente paso sería acudir al Congreso.

Para ello, hay un as bajo la manga mucho más importante sobre el que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado. Tiene que ver con el Acto Legislativo para la Paz, que aprobó el Congreso y sobre el cual posan varias demandas que se convertirían en un salvavidas para el gobierno. La Corte Constitucional podría tomar varias decisiones: la primera, declarar inexequible la refrendación como condición para proceder a implementarlos y, a partir de allí, el Congreso entrar a legislar tal cual como están los acuerdos y desconocer el triunfo del No del pasado 2 de octubre.

Otra salida ligada a esta anterior, es que tumbada la condición de la refrendación, el alto tribunal podría declarar, a su vez, constitucional el mecanismo de fast track para sacar adelante el acuerdo de paz en el Congreso. Es decir, se activaría un proceso rápido para que el legislativo no tarde años en implementar los acuerdos. “Así, tendría el presidente autorización para implementar los acuerdos y ellos entrarían al bloque de constitucionalidad. Si la corte no ordena sancionar el acto legislativo, tendría que presentar los diferentes proyectos, tanto de acto legislativo como leyes estatutarias como procedimiento ordinario”, explica el representante Hernán Penagos, coordinador ponente del proyecto de Acto Legislativo. No obstante, advierte que darse la segunda decisión, el procedimiento tardaría, mínimo, un año.

El presidente Santos, finalmente, habló de los cabildos abiertos en los que cada municipio podrá debatir abiertamente el acuerdo final de paz y decidir si le da vía libre o no. “Eso nos permitirá unirnos alrededor de este nuevo acuerdo que necesita el país y eso es benéfico para el expresidente Uribe, para mi administración y para todo Colombia”, dijo el presidente Santos.

La posición del jefe de Estado no es gratuita. En todo caso, los acuerdos necesariamente deben pasar por el Congreso para su posterior desarrollo, así que las preocupaciones de los del No entran a tener mayor sustento, debido a que en las reuniones que han sostenido en Colombia con los delegados del gobierno, han reiterado la necesidad de que el nuevo acuerdo pase por las manos de los colombianos. Resta esperar qué decisión adoptará, en últimas, el presidente Juan Manuel Santos que, eso sí, no dejará escapar de nuevo la última oportunidad de paz que liderará durante su mandato, antes de que el país entre en un ambiente electoral de cara al debate presidencial del 2018.