Los cuestionamientos del Congreso a los recursos de la paz que se “embolataron”

A las 4:00 p.m. está programado el debate de control político citado por congresistas de Alianza Verde, Dignidad, Pacto Histórico y Comunes.

Foto: Laura Angélica Ospina

El Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General, la Procuraduría y la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización, son algunas de las entidades citadas al debate de control que se desarrollará este miércoles en el Congreso, en el que desde varias orillas políticas cuestionarán sobre un posible escándalo de corrupción que estalló justo al final del Gobierno Duque: el caso OCAD-Paz.

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Se trata de un posible nuevo hecho de corrupción, que se mencionó por primera vez en una investigación periodística de Blu Radio, y en el que se advirtió sobre el desvío de unos $500.000 millones de recursos de paz. De acuerdo con la investigación, los dineros se desviaron a sobornos a congresistas, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría, con el fin de aprobar proyectos en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), es decir en los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz.

El debate de control político se empezó a cocinar solo siete días después de la posesión del Congreso. Algunos parlamentarios alternativos como Humberto de la Calle, Ariel Ávila y Jonathan Pulido, de la Centro Esperanza, e incluso desde la oposición, como Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), hicieron las primeras proposiciones para que antes de que Duque abandonara la Casa de Nariño se diera el debate sobre la posible desviación y apropiación de dineros en la aprobación de los proyectos de paz.

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A esas voces se sumaron congresistas como Jennifer Pedraza, representante del partido Dignidad, quien radicó un cuestionario dirigido al fiscal Francisco Barbosa para pedirle explicaciones más allá de la citación a Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), sobre la información que halló sobre la posible desviación de recursos. No obstante, según Pedraza, su cuestionario no fue contestado así que radicó una tutela por obstrucción a la información.

Pedraza, además, cuestionará en el debate si hubo una posible avenencia entre el gobierno Duque y el excontralor Felipe Córdoba, para crear “dos nuevas contralorías delegadas para tramitar las aprobaciones de los proyectos creando un peaje para cobrar coimas”. Por otro lado, la representante por Bogotá adelantó que revelará testimonios de personas vinculadas al entramado de corrupción y que explicarán de forma detallada cómo operaron.

La representante Carolina Giraldo (Alianza Verde), también se animó a investigar el tema y tras varias indagaciones su conclusión es que en el escándalo hubo incluso tentáculos de testaferros de alias ‘Otoniel’. De acuerdo con la congresista, esto ocurrió con dos contratos en Risaralda. El más grave sería uno por $2.216 millones, que se firmó con el objetivo de mejorar vías terciarias en el municipio de Balboa y que fue asignado al Consorcio Las Ingenierías S.A.S. Según la investigación, detrás del consorcio estaría Jhon Freddy Zapata Garzón, hoy condenado por ser un empresario fachada del Clan del Golfo.

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“Encontramos una olla podrida en lo que tiene que ver con los recursos del OCAD-Paz en Risaralda. En este debate vamos a hablar de las relaciones en algunos contratos como el de Balboa y también de todo un entramado que hay en otros contratos relacionado con la política tradicional”, afirmó la representante por ese departamento, quien también denunciará “obras inconclusas, chambonas y presuntos sobrecostos” en este proceso.

Otros tres contratos analizados por el congresista Duvalier Sánchez, también de Alianza Verde, tienen un posible sobrecosto de unos $18.000 millones. Eso afirmó el representante del Valle del Cauca, quien halló irregularidades en los contratos para adecuar vías terciarias de Condoto, Chocó; Pueblo Bello, Cesar y Los Andes, Nariño.

Sánchez fue más allá y llegó a señalar que “el entramado de corrupción alrededor de la paz está liderado por el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, organización del Valle, que de un día para otro adquirió capacidades para contratar medio billón de pesos”. Además, señaló directamente a alcaldes, gobernadores y otros dirigentes de partidos como la U, Conservador y Liberal, quienes habrían promovido la designación de Fondo Mixto para la Promoción del Deporte como ejecutor de los proyectos de la paz.

Para el congresista, en esta presunta red de corrupción se “violaron los principios de transparencia, publicidad y responsabilidad en la contratación con dinero público y entregaron a dedo 66 procesos contractuales a contratistas e interventores”, cuyos nombres serían revelados en el debate que se realizará en la tarde de este miércoles.

Por este caso, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar a Wadith Manzur, Yamil Aran y Alfredo Ape Cuello, congresistas del Partido Conservador, quienes estarían involucrados en calidad de intermediarios en el complot de corrupción para desviar recursos destinados a los municipios más golpeados por la guerra. Además de eso, la Procuraduría adelanta 24 actuaciones disciplinarias por los posibles hechos irregulares en el caso.