Los detalles del decreto de militarización de Cali y otras zonas del país

En la noche de este viernes, el presidente Iván Duque visitó Cali tras una complicada jornada del paro nacional. Tras varios hechos de violencia, algunos protagonizados por miembros de la oficialidad, el primer mandatario ordenó el “máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional” en todo el Valle del Cauca, incluida su capital.

Cerca a la medianoche, Presidencia publicó el decreto de lo ordenado por Iván Duque horas antes en una breve alocución. Contrario a lo mencionado en la intervención pública, su impacto va más allá de Cali y Valle del Cauca, y se emitieron directrices para los gobernantes de 8 departamentos y 13 ciudades del país.

Puede ver: Duque ordena “máximo despliegue de asistencia militar a Policía” en Cali y Valle del Cauca

Según el decreto 575 de 2021, los mandatarios de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva deben coordinar con Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.

La determinación del Ejecutivo busca que con dicha figura se pueda “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. En este sentido, se ordena que se coordine con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos existentes y se evite la instalación de nuevos.

Asimismo, se le ordena a alcaldes y gobernadores que tomen las medidas que sean necesarias para reactivar “la productividad y la movilidad” en las zonas de las que son responsables, esto incluye, según el decreto presidencial, aumentar los controles en las vías y hasta disponer de caravanas para garantizar la movilidad.

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También se ordena que haya una colaboración armónica con otras autoridades para “lograr la mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Las otras medidas decretadas apuntan a ordenar el toque de queda cuando haya “alteración significativa del orden público” y mantener informada a la opinión pública, tanto nacional como internacional, sobre los operativos y las denuncias de posibles agresiones en contra de la población y la Fuerza Pública.

Tras las ordenes mencionadas anteriormente, el decreto firmado por el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, advierte que los mandatarios que no lo apliquen pueden ser sancionados. Sin embargo, vale aclarar que el Ejecutivo de ninguna manera tiene poder de sanción y esto depende de los organismos de Control, específicamente la Procuraduría.

Este decreto de medianoche ha tenido distintas respuestas, pero varios sectores han presentado objeciones a este. Es el caso de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, que señaló que esta orden “contiene un peligroso vacío”. Para este, el documento firmado por el presidente Duque no hace referencia a priorizar el diálogo, evitar los excesos en el uso de la fuerza o el respeto de los derechos humanos. “Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables”, concluyó.

En un sentido similar estuvo la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus, que catalogó de inconstitucional la orden emitida por el presidente. Esto debido a que violaría la autonomía territorial, pone en primer lugar la acción militar frente a la policial en cuestiones de disturbios internos y usa de forma indiscriminada el toque de queda. Para esta, se emitieron medidas pertenecientes al estado de conmoción, pero sin recurrir a la figura que obliga a un control constitucional.

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Esta posición fue compartida también por otros como el senador Wilson Arias, del Polo Democrático y quien consideró el decreto como una conmoción interior disfrazada y una muestra del “hiperpresindecialismo y la concentración del poder”. En un sentido parecido, el también miembro de la oposición, Roy Barreras, hizo enfásis en que el decreto no hace mención de los abusos policiales y la presencia de civiles armados en contra de los manifestantes que se han reportado en algunas zonas como Cali.

En la noche de este viernes, el presidente Iván Duque visitó Cali tras una complicada jornada del paro nacional. Tras varios hechos de violencia, algunos protagonizados por miembros de la oficialidad, el primer mandatario ordenó el “máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional” en todo el Valle del Cauca, incluida su capital.

Cerca a la medianoche, Presidencia publicó el decreto de lo ordenado por Iván Duque horas antes en una breve alocución. Contrario a lo mencionado en la intervención pública, su impacto va más allá de Cali y Valle del Cauca, y se emitieron directrices para los gobernantes de 8 departamentos y 13 ciudades del país.

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Según el decreto 575 de 2021, los mandatarios de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva deben coordinar con Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.

La determinación del Ejecutivo busca que con dicha figura se pueda “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. En este sentido, se ordena que se coordine con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos existentes y se evite la instalación de nuevos.

Asimismo, se le ordena a alcaldes y gobernadores que tomen las medidas que sean necesarias para reactivar “la productividad y la movilidad” en las zonas de las que son responsables, esto incluye, según el decreto presidencial, aumentar los controles en las vías y hasta disponer de caravanas para garantizar la movilidad.

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También se ordena que haya una colaboración armónica con otras autoridades para “lograr la mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Las otras medidas decretadas apuntan a ordenar el toque de queda cuando haya “alteración significativa del orden público” y mantener informada a la opinión pública, tanto nacional como internacional, sobre los operativos y las denuncias de posibles agresiones en contra de la población y la Fuerza Pública.

Tras las ordenes mencionadas anteriormente, el decreto firmado por el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, advierte que los mandatarios que no lo apliquen pueden ser sancionados. Sin embargo, vale aclarar que el Ejecutivo de ninguna manera tiene poder de sanción y esto depende de los organismos de Control, específicamente la Procuraduría.

Este decreto de medianoche ha tenido distintas respuestas, pero varios sectores han presentado objeciones a este. Es el caso de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, que señaló que esta orden “contiene un peligroso vacío”. Para este, el documento firmado por el presidente Duque no hace referencia a priorizar el diálogo, evitar los excesos en el uso de la fuerza o el respeto de los derechos humanos. “Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables”, concluyó.

En un sentido similar estuvo la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus, que catalogó de inconstitucional la orden emitida por el presidente. Esto debido a que violaría la autonomía territorial, pone en primer lugar la acción militar frente a la policial en cuestiones de disturbios internos y usa de forma indiscriminada el toque de queda. Para esta, se emitieron medidas pertenecientes al estado de conmoción, pero sin recurrir a la figura que obliga a un control constitucional.

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