“Los discursos del uribismo justifican la violencia contra líderes y excombatientes”

“Hay palabras que matan”, enseña la sabiduría popular. Más aún, si esas palabras vienen de quienes ejercen el poder y de sus portavoces en el parlamento y en la opinión pública. Es lo que viene ocurriendo con el discurso del gobierno del presidente Iván Duque y del círculo duro del uribismo, que opera como justificación del macabro asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las antiguas Farc en tránsito a la vida civil. Ese solo hecho les otorga una inmensa cuota de responsabilidad política en la matazón que viene ocurriendo a lo largo y ancho del país.

“Los dineros ilícitos financian la protesta social” dijo Guillermo Botero, ministro de Defensa, en septiembre de 2018 en el marco del Congreso de Confecámaras en Cartagena. Agregó irresponsablemente que detrás de los cierres en vías como la Panamericana “siempre hay mafias organizadas”. Y remató en aquella ocasión sentenciando que “grupos armados financian la protesta social”.  

No fue un comentario aislado del ministro. El propio presidente Duque no ha ahorrado palabras para criminalizar la protesta y el liderazgo social. El 18 de enero del 2018, en su condición de candidato y en el marco del Forum Europa afirmó que “El populismo quiere cabalgar en las regiones apartadas de Colombia estigmatizando al empresariado, estigmatizando sectores de la economía y promoviendo el odio de clases y la supuesta protesta social”. Y sus congresistas del Centro Democrático no se quedan atrás: el 15 de noviembre de 2018 al referirse a la protesta estudiantil, la senadora María Fernanda Cabal se preguntó “¿Esta es la protesta social? ¿Por estos vándalos estamos pagando los colombianos matrículas semestrales desde 14 a 24 millones?”, mientras el senador Carlos Felipe Mejía, en marzo del 2019 respecto a la Minga Indígena señaló: “lo que están haciendo los indígenas no es ninguna protesta social, es vandalismo...”

Pero igual o mayor virulencia e irresponsabilidad exhibe el uribismo frente a los excombatientes, hoy en proceso de reincorporación, y que constituye un verdadero atentado al proceso de paz cuyo primer criterio para su sostenibilidad es garantizar y proteger la vida de los firmantes del Acuerdo. La senadora Paloma Valencia, en uno de sus acostumbrados ataques al ahora partido político FARC sentenció que no acepta “que los terroristas de este país, que violaron, que asesinaron, vengan a decir cuál debe ser la doctrina de las Fuerzas Armadas”. El propio senador Uribe, desde su cuenta de Twitter, en mayo de 2019, disparó: “Avanza FARC en el sur del Tolima, recuperar el país de la entrega de Santos a los violentos exige Fuerzas Armadas transparentes y a la ofensiva”. Y, por si fuera poco, hasta el presidente Duque, en Neiva en junio del 2019 amenazó con no permitir “que en el Huila vuelvan a acechar los criminales de las Farc, ahora en disidencia”.

Preocupa que la irresponsabilidad del Gobierno y su partido, en vez de disminuir con los asesinatos de líderes y excombatientes en proceso de paz, más bien se incrementa de manera grave. En reciente entrevista radial, el expresidente y senador Uribe, sin ruborizarse, sentenció mentirosamente que “al monte han vuelto 5.000 exintegrantes de las Farc”, y que los ETCR (Espacios Territoriales de Reincorporación) son ahora “armeríos y sitios donde tienen droga”. Como si fuera poco, esta semana los ciegos seguidores de Uribe nos sorprendieron con una campaña en Twitter en la que promovieron el hashtag  #LeTemoALaIzquierdaTerrorista, lo cual podrían convertirse en una sentencia de muerte contra quienes promuevan o militen en ideas de izquierda, sobre todo en las regiones más apartadas del país.

El presidente Iván Duque, como Jefe de Estado, tiene la responsabilidad constitucional ante el país y la comunidad internacional de proteger la vida de todos los colombianos. No puede guardar silencio cómplice con los discursos que desde su partido justifican la violencia contra líderes y excombatientes, que en muchos casos constituyen la antesala de los asesinatos. Y mucho menos enarbolarlo reiteradamente o permitirlo en los miembros de su gabinete. Es quizás el único asunto en el que no hace gala de su acostumbrada frivolidad. Presidente, sobre todo en Colombia, las palabras matan.

*Senador de la República por la Alianza Verde.

“Hay palabras que matan”, enseña la sabiduría popular. Más aún, si esas palabras vienen de quienes ejercen el poder y de sus portavoces en el parlamento y en la opinión pública. Es lo que viene ocurriendo con el discurso del gobierno del presidente Iván Duque y del círculo duro del uribismo, que opera como justificación del macabro asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes de las antiguas Farc en tránsito a la vida civil. Ese solo hecho les otorga una inmensa cuota de responsabilidad política en la matazón que viene ocurriendo a lo largo y ancho del país.

“Los dineros ilícitos financian la protesta social” dijo Guillermo Botero, ministro de Defensa, en septiembre de 2018 en el marco del Congreso de Confecámaras en Cartagena. Agregó irresponsablemente que detrás de los cierres en vías como la Panamericana “siempre hay mafias organizadas”. Y remató en aquella ocasión sentenciando que “grupos armados financian la protesta social”.  

No fue un comentario aislado del ministro. El propio presidente Duque no ha ahorrado palabras para criminalizar la protesta y el liderazgo social. El 18 de enero del 2018, en su condición de candidato y en el marco del Forum Europa afirmó que “El populismo quiere cabalgar en las regiones apartadas de Colombia estigmatizando al empresariado, estigmatizando sectores de la economía y promoviendo el odio de clases y la supuesta protesta social”. Y sus congresistas del Centro Democrático no se quedan atrás: el 15 de noviembre de 2018 al referirse a la protesta estudiantil, la senadora María Fernanda Cabal se preguntó “¿Esta es la protesta social? ¿Por estos vándalos estamos pagando los colombianos matrículas semestrales desde 14 a 24 millones?”, mientras el senador Carlos Felipe Mejía, en marzo del 2019 respecto a la Minga Indígena señaló: “lo que están haciendo los indígenas no es ninguna protesta social, es vandalismo...”

Pero igual o mayor virulencia e irresponsabilidad exhibe el uribismo frente a los excombatientes, hoy en proceso de reincorporación, y que constituye un verdadero atentado al proceso de paz cuyo primer criterio para su sostenibilidad es garantizar y proteger la vida de los firmantes del Acuerdo. La senadora Paloma Valencia, en uno de sus acostumbrados ataques al ahora partido político FARC sentenció que no acepta “que los terroristas de este país, que violaron, que asesinaron, vengan a decir cuál debe ser la doctrina de las Fuerzas Armadas”. El propio senador Uribe, desde su cuenta de Twitter, en mayo de 2019, disparó: “Avanza FARC en el sur del Tolima, recuperar el país de la entrega de Santos a los violentos exige Fuerzas Armadas transparentes y a la ofensiva”. Y, por si fuera poco, hasta el presidente Duque, en Neiva en junio del 2019 amenazó con no permitir “que en el Huila vuelvan a acechar los criminales de las Farc, ahora en disidencia”.

Preocupa que la irresponsabilidad del Gobierno y su partido, en vez de disminuir con los asesinatos de líderes y excombatientes en proceso de paz, más bien se incrementa de manera grave. En reciente entrevista radial, el expresidente y senador Uribe, sin ruborizarse, sentenció mentirosamente que “al monte han vuelto 5.000 exintegrantes de las Farc”, y que los ETCR (Espacios Territoriales de Reincorporación) son ahora “armeríos y sitios donde tienen droga”. Como si fuera poco, esta semana los ciegos seguidores de Uribe nos sorprendieron con una campaña en Twitter en la que promovieron el hashtag  #LeTemoALaIzquierdaTerrorista, lo cual podrían convertirse en una sentencia de muerte contra quienes promuevan o militen en ideas de izquierda, sobre todo en las regiones más apartadas del país.

El presidente Iván Duque, como Jefe de Estado, tiene la responsabilidad constitucional ante el país y la comunidad internacional de proteger la vida de todos los colombianos. No puede guardar silencio cómplice con los discursos que desde su partido justifican la violencia contra líderes y excombatientes, que en muchos casos constituyen la antesala de los asesinatos. Y mucho menos enarbolarlo reiteradamente o permitirlo en los miembros de su gabinete. Es quizás el único asunto en el que no hace gala de su acostumbrada frivolidad. Presidente, sobre todo en Colombia, las palabras matan.

*Senador de la República por la Alianza Verde.