Los frentes de disputa que se acentúan con la detención de Uribe
El país político reaccionó al fallo de la Corte Suprema de Justicia y son múltiples las interpretaciones frente a lo que se avecina. Incluso, desde el Centro Democrático pidieron una constituyente. ¿Qué opinan desde las orillas políticas y qué coletazos vienen?
Si bien la pandemia supuso un respiro transitorio a la siempre vigente y rapaz polarización que aqueja a Colombia, la decisión que adoptó ayer la Corte Suprema de Justicia, al dictar medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, exacerbó una vez más la división política que afecta al país y se vislumbra ya como un nuevo y caldeado frente de discusión y contienda.
En contexto: “Hay posibles riesgos de obstrucción de la justicia”: Corte Suprema sobre detención de Uribe
No es para menos. No solo se trata de una decisión inédita de la Corte contra un expresidente de la república —a quien por primera vez le dictan medida de aseguramiento—, sino que afecta al senador más votado de la historia y al gran barón electoral de Colombia en los últimos veinte años. De allí la oleada de opiniones, interpretaciones y vaticinios de lo que se viene para el país político por cuenta de la privación de su libertad en detención domiciliaria.
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Casi que dando a conocer la determinación, Uribe se limitó a declarar “profunda tristeza” por su familia y por los ciudadanos que “todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”. En esa línea, pese a ser uno de los últimos en reaccionar, el presidente Iván Duque —como era natural— salió en defensa de su mentor, declarándose su amigo y catalogándolo como un “patriota genuino y al servicio de Colombia”. En una alocución desde la Casa de Nariño, el mandatario dijo que, por cuenta de su trabajo, el expresidente y su familia “han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones”.
“Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, incluso, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”, lamentó el presidente, quien reclamó “plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”.
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Y precisamente esa consigna, la de criticar que hay quienes hoy gozan de unos supuestos privilegios judiciales —alusión indirecta a la otrora guerrilla de las Farc—, mientras Uribe debe defenderse en detención domiciliaria, parece ser el caballito de batalla del uribismo. Lo dicho por Paloma Valencia lo corrobora, al asegurar que una muestra de la “degradación moral” de Colombia es que hay “narcoterroristas en el Congreso y Uribe en la cárcel”, lo que se configura, agregó, como el epílogo de la paz del expresidente Juan Manuel Santos, con un “acuerdo de criminales”. Pero fue más allá y en la plenaria del Senado abogó por una constituyente para reformar la justicia, incluyendo acabar la JEP.
En contexto: Constituyente, la propuesta del Centro Democrático tras detención de Álvaro Uribe
A su turno, la senadora María del Rosario Guerra manifestó que la decisión es un “triunfo jurídico de la izquierda que siempre quiso ver a Uribe preso con montajes y falsos testigos”, mientras que María Fernanda Cabal declaró que hay guerrilleros “impunes en el Congreso” y Uribe está preso. Hasta el expresidente Andrés Pastrana se pronunció y, al respaldar a su sucesor, sostuvo que el proceso “pone a prueba la fe en la justicia”. El congresista Juan Felipe Lemos fue más allá y calificó lo ocurrido como una “ruptura abrupta del equilibrio democrático”.
Desde la oposición, la postura conjunta fue de respeto a las determinaciones judiciales, la convicción de que no se puede dudar de la independencia de la Corte ante una decisión adversa y, particularmente, que nadie está por encima de la ley. El senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, reaccionó al asegurar que “cualquiera que sea el desarrollo del proceso, Colombia debe respetar su justicia”.
El senador Iván Cepeda, contraparte en el proceso que hoy tiene a Uribe en detención domiciliaria, indicó que la determinación de la Corte “ayuda a consolidar la democracia” e insistió en que “no hay individuos que estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosos que estos sean”. El partido FARC también habló y compartió una foto de Uribe señalando que “los tiranos quieren convencernos de que son intocables (…), pero la verdad es al final los pueblos triunfan sobre ellos”.
El presidente de esa colectividad, Rodrigo Londoño, dijo que se “afianza la independencia de poderes y se fortalece la institucionalidad”, mientras que el senador Jorge Robledo instó a acatar y respetar lo decidido por la Corte. Por su parte, la representante Juanita Goebertus reivindicó que “la independencia en la administración de justicia es pilar esencial de la democracia” y la representante María José Pizarro sostuvo que las decisiones de la justicia deben respetarse, sin presiones de ningún tipo”.
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Desde otras orillas políticas, el exnegociador y excandidato presidencial Humberto de la Calle opinó que lo institucional “es respetar las decisiones judiciales, estas y las que vendrán”. A su turno, Sergio Fajardo declaró que en todos los casos “se debe obrar bajo la majestad de la justicia”. Hasta mandatarios activos opinaron de forma indirecta: Claudia López rodeó a las autoridades judiciales y expresó que las decisiones de la justicia “se respetan, se controvierten en derecho y se acatan”, mientras que el alcalde Daniel Quintero dijo reconocer el dolor que causa la detención de Uribe en sus familiares. “Mi abrazo sincero y solidario en estos momentos”.
Lo que viene
Ante la detención domiciliaria contra Uribe, analistas coinciden en que se exacerbarán los ánimos y la polarización en el país. Una muestra de ello fue el llamado a movilizarse contra la decisión adversa al expresidente que se hizo en ciudades como Bogotá y Medellín, pese a la pandemia y las restricciones vigentes. Sin embargo, los efectos podrían ir más allá e incluso incidirían tanto de manera adversa como positiva para la gobernabilidad de Iván Duque.
Para Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la U. del Rosario, lo que se avecina es el pulso más álgido entre uribismo y antiuribismo, mientras que se vislumbran dificultades para Duque en búsqueda de su coalición en el Congreso. “Si la polarización vuelve a dominar la agenda, puede haber complicaciones y fracturas en la coalición de Gobierno”.
A su turno, el analista Héctor Riveros opinó que la decisión bloquea las agendas políticas, en tanto cualquier debate o discusión queda relegada a un segundo plano, mientras que el presidente padecerá una complicada situación: “Si bien tomó partido a favor de Uribe, el mandatario reivindicó respeto por la institucionalidad y no va a quedar bien con nadie. Para el uribismo, parecerá tibio y la oposición dirá que no respeta a la Corte”.
Riveros explica también que, a diferencia del llamado a indagatoria de la propia Corte contra Uribe en octubre de 2019, serán pocas y tímidas las manifestaciones públicas de respaldo frente al senador, “lo que limitará la capacidad de reacción del uribismo”. Finalmente, el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Gobierno de la U. Externado, señaló que la detención domiciliaria de Uribe, en un escenario de pandemia y confinamiento, “no tiene mayor significado”. No obstante, dijo que el presidente Duque podría sacar provecho de la situación y capitalizarla, en tanto “Cambio Radical, sectores de la U y otros partidos podrían cerrar filas alrededor de Uribe”.
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Ante la duda de si el expresidente seguirá ocupando o no su curul, el abogado Francisco Bernate, magíster en derecho penal y doctor en derecho, aseguró que debe ser suspendido de su cargo hasta que haya un fallo absolutorio o condenatorio. Ello implica, por supuesto, que no puede sesionar virtualmente.
Esta tesis estaría soportada tanto en el artículo 134 de la Constitución y el artículo 359 de la Ley 600 del 2000. La carta magna establece que no habrá suplente para los cargos de las corporaciones públicas, pero “podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales”. Así las cosas, la curul sería ocupada por Yenny Esperanza Rozo quien obtuvo 24.930 votos en 2018.
En contexto: ¿Qué pasa con la curul de Uribe tras medida de aseguramiento?
Al margen de las posturas de lado y lado, de las opiniones a favor y en contra, lo cierto es que la detención domiciliaria contra Uribe no es una decisión de fondo, con todo y que habrá muchos más frentes de discusión política; para el Centro Democrático, la oposición e incluso para las próximas elecciones. No obstante, en el plano judicial, el desafío es respetar las instituciones y que cualquier determinación esté lo suficientemente respaldada. Aún falta mucha tela por cortar.
Si bien la pandemia supuso un respiro transitorio a la siempre vigente y rapaz polarización que aqueja a Colombia, la decisión que adoptó ayer la Corte Suprema de Justicia, al dictar medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, exacerbó una vez más la división política que afecta al país y se vislumbra ya como un nuevo y caldeado frente de discusión y contienda.
En contexto: “Hay posibles riesgos de obstrucción de la justicia”: Corte Suprema sobre detención de Uribe
No es para menos. No solo se trata de una decisión inédita de la Corte contra un expresidente de la república —a quien por primera vez le dictan medida de aseguramiento—, sino que afecta al senador más votado de la historia y al gran barón electoral de Colombia en los últimos veinte años. De allí la oleada de opiniones, interpretaciones y vaticinios de lo que se viene para el país político por cuenta de la privación de su libertad en detención domiciliaria.
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Casi que dando a conocer la determinación, Uribe se limitó a declarar “profunda tristeza” por su familia y por los ciudadanos que “todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”. En esa línea, pese a ser uno de los últimos en reaccionar, el presidente Iván Duque —como era natural— salió en defensa de su mentor, declarándose su amigo y catalogándolo como un “patriota genuino y al servicio de Colombia”. En una alocución desde la Casa de Nariño, el mandatario dijo que, por cuenta de su trabajo, el expresidente y su familia “han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones”.
“Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, incluso, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”, lamentó el presidente, quien reclamó “plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad”.
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Y precisamente esa consigna, la de criticar que hay quienes hoy gozan de unos supuestos privilegios judiciales —alusión indirecta a la otrora guerrilla de las Farc—, mientras Uribe debe defenderse en detención domiciliaria, parece ser el caballito de batalla del uribismo. Lo dicho por Paloma Valencia lo corrobora, al asegurar que una muestra de la “degradación moral” de Colombia es que hay “narcoterroristas en el Congreso y Uribe en la cárcel”, lo que se configura, agregó, como el epílogo de la paz del expresidente Juan Manuel Santos, con un “acuerdo de criminales”. Pero fue más allá y en la plenaria del Senado abogó por una constituyente para reformar la justicia, incluyendo acabar la JEP.
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A su turno, la senadora María del Rosario Guerra manifestó que la decisión es un “triunfo jurídico de la izquierda que siempre quiso ver a Uribe preso con montajes y falsos testigos”, mientras que María Fernanda Cabal declaró que hay guerrilleros “impunes en el Congreso” y Uribe está preso. Hasta el expresidente Andrés Pastrana se pronunció y, al respaldar a su sucesor, sostuvo que el proceso “pone a prueba la fe en la justicia”. El congresista Juan Felipe Lemos fue más allá y calificó lo ocurrido como una “ruptura abrupta del equilibrio democrático”.
Desde la oposición, la postura conjunta fue de respeto a las determinaciones judiciales, la convicción de que no se puede dudar de la independencia de la Corte ante una decisión adversa y, particularmente, que nadie está por encima de la ley. El senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, reaccionó al asegurar que “cualquiera que sea el desarrollo del proceso, Colombia debe respetar su justicia”.
El senador Iván Cepeda, contraparte en el proceso que hoy tiene a Uribe en detención domiciliaria, indicó que la determinación de la Corte “ayuda a consolidar la democracia” e insistió en que “no hay individuos que estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosos que estos sean”. El partido FARC también habló y compartió una foto de Uribe señalando que “los tiranos quieren convencernos de que son intocables (…), pero la verdad es al final los pueblos triunfan sobre ellos”.
El presidente de esa colectividad, Rodrigo Londoño, dijo que se “afianza la independencia de poderes y se fortalece la institucionalidad”, mientras que el senador Jorge Robledo instó a acatar y respetar lo decidido por la Corte. Por su parte, la representante Juanita Goebertus reivindicó que “la independencia en la administración de justicia es pilar esencial de la democracia” y la representante María José Pizarro sostuvo que las decisiones de la justicia deben respetarse, sin presiones de ningún tipo”.
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Desde otras orillas políticas, el exnegociador y excandidato presidencial Humberto de la Calle opinó que lo institucional “es respetar las decisiones judiciales, estas y las que vendrán”. A su turno, Sergio Fajardo declaró que en todos los casos “se debe obrar bajo la majestad de la justicia”. Hasta mandatarios activos opinaron de forma indirecta: Claudia López rodeó a las autoridades judiciales y expresó que las decisiones de la justicia “se respetan, se controvierten en derecho y se acatan”, mientras que el alcalde Daniel Quintero dijo reconocer el dolor que causa la detención de Uribe en sus familiares. “Mi abrazo sincero y solidario en estos momentos”.
Lo que viene
Ante la detención domiciliaria contra Uribe, analistas coinciden en que se exacerbarán los ánimos y la polarización en el país. Una muestra de ello fue el llamado a movilizarse contra la decisión adversa al expresidente que se hizo en ciudades como Bogotá y Medellín, pese a la pandemia y las restricciones vigentes. Sin embargo, los efectos podrían ir más allá e incluso incidirían tanto de manera adversa como positiva para la gobernabilidad de Iván Duque.
Para Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la U. del Rosario, lo que se avecina es el pulso más álgido entre uribismo y antiuribismo, mientras que se vislumbran dificultades para Duque en búsqueda de su coalición en el Congreso. “Si la polarización vuelve a dominar la agenda, puede haber complicaciones y fracturas en la coalición de Gobierno”.
A su turno, el analista Héctor Riveros opinó que la decisión bloquea las agendas políticas, en tanto cualquier debate o discusión queda relegada a un segundo plano, mientras que el presidente padecerá una complicada situación: “Si bien tomó partido a favor de Uribe, el mandatario reivindicó respeto por la institucionalidad y no va a quedar bien con nadie. Para el uribismo, parecerá tibio y la oposición dirá que no respeta a la Corte”.
Riveros explica también que, a diferencia del llamado a indagatoria de la propia Corte contra Uribe en octubre de 2019, serán pocas y tímidas las manifestaciones públicas de respaldo frente al senador, “lo que limitará la capacidad de reacción del uribismo”. Finalmente, el profesor Jorge Iván Cuervo, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Gobierno de la U. Externado, señaló que la detención domiciliaria de Uribe, en un escenario de pandemia y confinamiento, “no tiene mayor significado”. No obstante, dijo que el presidente Duque podría sacar provecho de la situación y capitalizarla, en tanto “Cambio Radical, sectores de la U y otros partidos podrían cerrar filas alrededor de Uribe”.
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Ante la duda de si el expresidente seguirá ocupando o no su curul, el abogado Francisco Bernate, magíster en derecho penal y doctor en derecho, aseguró que debe ser suspendido de su cargo hasta que haya un fallo absolutorio o condenatorio. Ello implica, por supuesto, que no puede sesionar virtualmente.
Esta tesis estaría soportada tanto en el artículo 134 de la Constitución y el artículo 359 de la Ley 600 del 2000. La carta magna establece que no habrá suplente para los cargos de las corporaciones públicas, pero “podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales”. Así las cosas, la curul sería ocupada por Yenny Esperanza Rozo quien obtuvo 24.930 votos en 2018.
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Al margen de las posturas de lado y lado, de las opiniones a favor y en contra, lo cierto es que la detención domiciliaria contra Uribe no es una decisión de fondo, con todo y que habrá muchos más frentes de discusión política; para el Centro Democrático, la oposición e incluso para las próximas elecciones. No obstante, en el plano judicial, el desafío es respetar las instituciones y que cualquier determinación esté lo suficientemente respaldada. Aún falta mucha tela por cortar.