Los líos en el rescate del galeón San José

Esta semana, con bombos y platillos, el presidente Juan Manuel Santos anunció desde Cartagena la estructuración de una alianza público-privada para rescatar el galeón San José: “Lo primordial es que vamos a rescatar un patrimonio arqueológico y con eso hay que tener mucho cuidado”, dijo.

Se trata, sin duda, de un hecho histórico. El galeón fue encontrado en noviembre de 2015 no muy lejos de las costas de la ciudad heroica, aunque su ubicación es un secreto. Hundido en 1708, estaba cargado con lingotes de oro y plata, mercancías y 11 millones de pesos de la época. Pero su proceso de recuperación ha estado lleno de controversia.

La disputa del Estado colombiano se da con España, titular de la embarcación cuando se hundió, y la compañía estadounidense Sea Search Armada (SSA), que insiste en reclamar parte del tesoro. Y, en efecto, no todo es color de rosa, pues según el profesor Antonio José Rengifo, director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional, existen varios interrogantes que ensombrecen ese propósito de rescate.

“Debido a problemas todavía no resueltos, tales como el reconocimiento de derechos y el embargo de la compañía Sea Search Armada sobre la mitad del naufragio que no forme parte del patrimonio cultural, el Estado colombiano parece anticiparse a lo que se pueda presentar en los estrados judiciales internacionales”, señala el académico.  

Asimismo, como la Corte Suprema de Justicia terminó atribuyéndole en su momento el porcentaje que busca la compañía estadounidense, el interrogante sobre las nuevas acciones que esta podría emprender permanece abierto, junto con el de la posición que asumirá el gobierno de España, país que ha venido reclamando los galeones de su bandera como propios. 

“Ante este panorama, la propuesta lanzada por el presidente Santos, en vez de constituirse en una solución y en un atractivo anzuelo para la inversión extranjera, podría terminar convertida en una tormenta, puesto que si no existe la debida fundamentación sobre los motivos y argumentos jurídicos que llevaron al Gobierno a disponer del galeón a través de este tipo de alianza, las nuevas demandas que desde ya se prevén harían impracticable cualquier tipo de propuesta”, advierte Rengifo.

Y agrega: “Aunque sería de suponer que la alianza anunciada por el jefe de Estado se realice con alguna de las muy pocas compañías que se dedican a rescatar naufragios históricos, faltaría establecer tanto la normatividad que regirá la propuesta de asociación, como sus posibles implicaciones”.

El académico señala además que aunque se desconoce con exactitud el valor al que ascendería la carga del naufragio, se conocen los manifiestos de embarque que forman parte de los archivos de Sevilla, a partir de los cuales se podría hacer un estimado, pues por ellos se sabe que se trata de uno de los naufragios históricos de mayor valor en el planeta.

Y, en tal sentido, llama la atención sobre el desconocimiento que existe respecto a los criterios que serán considerados para hacer las respectivas distinciones, entre ellos lo que es “patrimonio cultural” y aquello que definitivamente no lo es, puesto que resulta imposible prever las diversas variantes que plantearán los objetos rescatados.

A ese interrogante, concluye Rengifo, se suma la falta de información de los mecanismos contemplados para llevar al mercado aquellos bienes que definitivamente terminarán descartándose como parte del patrimonio cultural. Además no se ha establecido el papel y la participación que tendrá el Estado colombiano en la manera como finalmente se disponga de estos a través de subastas o ventas directas. 

Esta semana, con bombos y platillos, el presidente Juan Manuel Santos anunció desde Cartagena la estructuración de una alianza público-privada para rescatar el galeón San José: “Lo primordial es que vamos a rescatar un patrimonio arqueológico y con eso hay que tener mucho cuidado”, dijo.

Se trata, sin duda, de un hecho histórico. El galeón fue encontrado en noviembre de 2015 no muy lejos de las costas de la ciudad heroica, aunque su ubicación es un secreto. Hundido en 1708, estaba cargado con lingotes de oro y plata, mercancías y 11 millones de pesos de la época. Pero su proceso de recuperación ha estado lleno de controversia.

La disputa del Estado colombiano se da con España, titular de la embarcación cuando se hundió, y la compañía estadounidense Sea Search Armada (SSA), que insiste en reclamar parte del tesoro. Y, en efecto, no todo es color de rosa, pues según el profesor Antonio José Rengifo, director del Centro de Pensamiento sobre Mares y Océanos de la Universidad Nacional, existen varios interrogantes que ensombrecen ese propósito de rescate.

“Debido a problemas todavía no resueltos, tales como el reconocimiento de derechos y el embargo de la compañía Sea Search Armada sobre la mitad del naufragio que no forme parte del patrimonio cultural, el Estado colombiano parece anticiparse a lo que se pueda presentar en los estrados judiciales internacionales”, señala el académico.  

Asimismo, como la Corte Suprema de Justicia terminó atribuyéndole en su momento el porcentaje que busca la compañía estadounidense, el interrogante sobre las nuevas acciones que esta podría emprender permanece abierto, junto con el de la posición que asumirá el gobierno de España, país que ha venido reclamando los galeones de su bandera como propios. 

“Ante este panorama, la propuesta lanzada por el presidente Santos, en vez de constituirse en una solución y en un atractivo anzuelo para la inversión extranjera, podría terminar convertida en una tormenta, puesto que si no existe la debida fundamentación sobre los motivos y argumentos jurídicos que llevaron al Gobierno a disponer del galeón a través de este tipo de alianza, las nuevas demandas que desde ya se prevén harían impracticable cualquier tipo de propuesta”, advierte Rengifo.

Y agrega: “Aunque sería de suponer que la alianza anunciada por el jefe de Estado se realice con alguna de las muy pocas compañías que se dedican a rescatar naufragios históricos, faltaría establecer tanto la normatividad que regirá la propuesta de asociación, como sus posibles implicaciones”.

El académico señala además que aunque se desconoce con exactitud el valor al que ascendería la carga del naufragio, se conocen los manifiestos de embarque que forman parte de los archivos de Sevilla, a partir de los cuales se podría hacer un estimado, pues por ellos se sabe que se trata de uno de los naufragios históricos de mayor valor en el planeta.

Y, en tal sentido, llama la atención sobre el desconocimiento que existe respecto a los criterios que serán considerados para hacer las respectivas distinciones, entre ellos lo que es “patrimonio cultural” y aquello que definitivamente no lo es, puesto que resulta imposible prever las diversas variantes que plantearán los objetos rescatados.

A ese interrogante, concluye Rengifo, se suma la falta de información de los mecanismos contemplados para llevar al mercado aquellos bienes que definitivamente terminarán descartándose como parte del patrimonio cultural. Además no se ha establecido el papel y la participación que tendrá el Estado colombiano en la manera como finalmente se disponga de estos a través de subastas o ventas directas.