Los “micos” que rondan el reequilibrio de poderes

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“Micos”, vicios de inconstitucionalidad y la posibilidad de que se hunda en su trámite son algunos de los líos que enfrenta la reforma de equilibrio de poderes que empieza debate hoy en la Comisión Primera del Senado. El Gobierno ha convertido esta iniciativa en la fórmula para solventar la impunidad en el juzgamiento de magistrados de las altas cortes y altos funcionarios públicos. La reforma tiene de telón de fondo los recientes escándalos en la Rama Judicial, el más reciente el de la presunta entrega de $500 millones al magistrado Jorge Pretelt para favorecer a Fidupetrol en un fallo de tutela.

 

La advertencia la hizo la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, quien explicó que en el tribunal de aforados que crea la reforma hay un concepto de inviolabilidad judicial que “se constituye en un verdadero orangután que podría llevar al fracaso del trámite de la reforma”. Explica que en el artículo 178-A se consagra la inviolabilidad para los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, “lo que quiere decir, ni más ni menos, que dichos funcionarios pasan de ser aforados —tenían un juez, aunque inoperante— a convertirse en intocables, no es otra cosa que la irresponsabilidad absoluta por las decisiones judiciales”.

 

La denuncia de la senadora Morales no es de poca monta, pues, teniendo en cuenta la sentencia SU 047/99, si un magistrado de una alta corte o el fiscal general, aunque llegaren a dictar una providencia manifiestamente contraria a la ley (prevaricato) o arbitraria o injusta (abuso de autoridad) no podrían ser investigados, juzgados y menos condenados, explicó la parlamentaria.

 

Por eso concluye que “una vez concedida la inviolabilidad, ni siquiera se les podrá abrir investigación a propósito de cualquiera de sus actuaciones, de tal suerte que la tal excepción contemplada de que no se les puede investigar “salvo que se demuestre que sus decisiones fueron proferidas con el propósito de favorecer indebidamente intereses ajenos o propios” es otra mentira para la taquilla, pues de entrada nadie tendrá competencia para examinar el contenido de la providencia judicial. ¿Cómo demostrar el interés oscuro que puede existir detrás de una decisión, si no se puede examinar el contenido de tal decisión?”.

 

La respuesta a las acusaciones de la exfiscal la dio el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien llamó a la senadora Morales a dar el debate con altura. “No es sano para el país que haga carrera que cada vez que hay una norma que a uno no le gusta o que tiene alguna crítica, en lugar de debatirla con seriedad se salga a calificarla como micos o orangutanes”, expresó el jefe de la cartera política.

 

Cristo también explicó que “la nueva comisión de aforados va a tener la facultad de investigar y acusar o por indignidad por mala conducta o por responsabilidad penal a los aforados por las conductas en las cuales incurran. Lo que no tiene lógica es que creemos en la comisión de aforados un organismo que vaya a evaluar los fallos y las providencias de las altas cortes, lo que generaría una incertidumbre jurídica”. Desde el Ministerio del Interior consideran que las sentencias no pueden ser objeto de investigación. Sin embargo, aclaran que si se acopian pruebas de irregularidades por parte de los jueces se podría abrir un proceso.

 

Pero este no es el único “mico” o vicio de inconstitucionalidad que podría tener la reforma. La ponencia plantea que los procesos que están abiertos en la Comisión de Acusación, si no hay avances en el término de un año, pasarían al tribunal de aforados. Sin embargo, expertos consideran que a ningún ciudadano se le pueden cambiar las reglas de juego cuando ya ha iniciado el proceso, y por eso no se podría cambiar ni el mecanismo ni el juez en los procesos que ya están abiertos en la Comisión de Acusación.

 

El otro problema de constitucionalidad también tendría que ver con el año de plazo que se les da a los representantes investigadores de la Comisión de Acusación para dar resultado de las más de 1.300 investigaciones que hay en este tribunal legislativo. De acuerdo con la norma, no se puede presionar a un juez para que tome decisiones en un término de tiempo específico. De igual forma, el afán por dar respuestas judiciales en los procesos que se adelantan actualmente en la Comisión podría llevar a los representantes investigadores a un eventual prevaricato por omisión o por las decisiones que tomen sin suficiente sustento probatorio.

 

Si la reforma llegara a aprobarse como está, el articulado en la ponencia que empezará a discutirse hoy en la Comisión Primera del Senado, en la revisión que realizará la Corte Constitucional, seguramente se presentarán demandas contra su contenido que podrían ocasionar el hundimiento de la creación del supertribunal de aforados, la única alternativa que se ha planteado para que los magistrados y el fiscal no se mantengan en la impunidad. 

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“Micos”, vicios de inconstitucionalidad y la posibilidad de que se hunda en su trámite son algunos de los líos que enfrenta la reforma de equilibrio de poderes que empieza debate hoy en la Comisión Primera del Senado. El Gobierno ha convertido esta iniciativa en la fórmula para solventar la impunidad en el juzgamiento de magistrados de las altas cortes y altos funcionarios públicos. La reforma tiene de telón de fondo los recientes escándalos en la Rama Judicial, el más reciente el de la presunta entrega de $500 millones al magistrado Jorge Pretelt para favorecer a Fidupetrol en un fallo de tutela.

 

La advertencia la hizo la senadora del Partido Liberal Viviane Morales, quien explicó que en el tribunal de aforados que crea la reforma hay un concepto de inviolabilidad judicial que “se constituye en un verdadero orangután que podría llevar al fracaso del trámite de la reforma”. Explica que en el artículo 178-A se consagra la inviolabilidad para los magistrados de las altas cortes y el fiscal general, “lo que quiere decir, ni más ni menos, que dichos funcionarios pasan de ser aforados —tenían un juez, aunque inoperante— a convertirse en intocables, no es otra cosa que la irresponsabilidad absoluta por las decisiones judiciales”.

 

La denuncia de la senadora Morales no es de poca monta, pues, teniendo en cuenta la sentencia SU 047/99, si un magistrado de una alta corte o el fiscal general, aunque llegaren a dictar una providencia manifiestamente contraria a la ley (prevaricato) o arbitraria o injusta (abuso de autoridad) no podrían ser investigados, juzgados y menos condenados, explicó la parlamentaria.

 

Por eso concluye que “una vez concedida la inviolabilidad, ni siquiera se les podrá abrir investigación a propósito de cualquiera de sus actuaciones, de tal suerte que la tal excepción contemplada de que no se les puede investigar “salvo que se demuestre que sus decisiones fueron proferidas con el propósito de favorecer indebidamente intereses ajenos o propios” es otra mentira para la taquilla, pues de entrada nadie tendrá competencia para examinar el contenido de la providencia judicial. ¿Cómo demostrar el interés oscuro que puede existir detrás de una decisión, si no se puede examinar el contenido de tal decisión?”.

 

La respuesta a las acusaciones de la exfiscal la dio el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien llamó a la senadora Morales a dar el debate con altura. “No es sano para el país que haga carrera que cada vez que hay una norma que a uno no le gusta o que tiene alguna crítica, en lugar de debatirla con seriedad se salga a calificarla como micos o orangutanes”, expresó el jefe de la cartera política.

 

Cristo también explicó que “la nueva comisión de aforados va a tener la facultad de investigar y acusar o por indignidad por mala conducta o por responsabilidad penal a los aforados por las conductas en las cuales incurran. Lo que no tiene lógica es que creemos en la comisión de aforados un organismo que vaya a evaluar los fallos y las providencias de las altas cortes, lo que generaría una incertidumbre jurídica”. Desde el Ministerio del Interior consideran que las sentencias no pueden ser objeto de investigación. Sin embargo, aclaran que si se acopian pruebas de irregularidades por parte de los jueces se podría abrir un proceso.

 

Pero este no es el único “mico” o vicio de inconstitucionalidad que podría tener la reforma. La ponencia plantea que los procesos que están abiertos en la Comisión de Acusación, si no hay avances en el término de un año, pasarían al tribunal de aforados. Sin embargo, expertos consideran que a ningún ciudadano se le pueden cambiar las reglas de juego cuando ya ha iniciado el proceso, y por eso no se podría cambiar ni el mecanismo ni el juez en los procesos que ya están abiertos en la Comisión de Acusación.

 

El otro problema de constitucionalidad también tendría que ver con el año de plazo que se les da a los representantes investigadores de la Comisión de Acusación para dar resultado de las más de 1.300 investigaciones que hay en este tribunal legislativo. De acuerdo con la norma, no se puede presionar a un juez para que tome decisiones en un término de tiempo específico. De igual forma, el afán por dar respuestas judiciales en los procesos que se adelantan actualmente en la Comisión podría llevar a los representantes investigadores a un eventual prevaricato por omisión o por las decisiones que tomen sin suficiente sustento probatorio.

 

Si la reforma llegara a aprobarse como está, el articulado en la ponencia que empezará a discutirse hoy en la Comisión Primera del Senado, en la revisión que realizará la Corte Constitucional, seguramente se presentarán demandas contra su contenido que podrían ocasionar el hundimiento de la creación del supertribunal de aforados, la única alternativa que se ha planteado para que los magistrados y el fiscal no se mantengan en la impunidad.