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Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) se refirió a las declaraciones fiscal General, Néstor Humberto Martínez, que anunciaron la existencia de una presunta red criminal dedicada a la compra de votos en las elecciones legislativas del 11 de marzo, que involucraría a varios candidatos al Congreso, entre ellos Fabian Castillo, Margarita Restrepo y la ya detenida Aída Merlano.
“Esto nos está permitiendo conocer a diferentes niveles cómo funciona la relación entre política, corrupción y procesos electorales para así avanzar hacia unas mejores reformas políticas electorales y hacer un llamado de atención muy serio a las organizaciones políticas porque siguen privilegiando la obtención de los votos sobre candidaturas transparentes”, manifestó Barrios.
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Entre otras cosas, la directora de la MOE señaló que, ante los actos corruptos, los partidos políticos deben asumir responsabilidad. “Ya estamos cansados de escuchar que la responsabilidad la tienen solamente los candidatos y que la organización política no tiene nada que ver. Los partidos políticos saben bien cómo funciona, así que deben responder por los avales que entregan, no solo regresando los recursos de la reposición de votos, sino recibiendo multas y perdiendo la ‘silla vacía’”.
Agregó también que “es absolutamente imposible que quienes hacen parte del juego de la política desconozca lo que está pasando”, por lo que, según Barrios, los sucesos denunciados abren preguntas sobre el clientelismo y la corrupción dentro de las colectividades. “Esto nos deja unas rutas muy claras sobre lo que tenemos que hacer en la lucha contra la corrupción y ojalá se tomen decisiones muy prontas de sanciones ejemplarizantes”, recalcó.
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Barrios aclaró que, por ahora, son cuatro los partidos políticos envueltos: el Conservador, Cambio Radical, La U y Centro Democrático. “Independientemente del partido, lo que estamos viendo es que hay una red de corrupción que les sirve a todos los que tienen recursos, plata, de esos partidos y que necesitan llegan al poder, no para legislar en nombre de los ciudadanos, sino para favorecer sus empresas negocios que tienen con el Estado”, anotó, agradeciendo a los ciudadanos que, desde las regiones, brindaron información para desmantelar dicha red.
“Esto termina fortaleciendo claramente la necesidad de la consulta anticorrupción con una decisión cerrada a la ciudadanía, porque esa consulta no va a estar apoyada por las organizaciones políticas; nos va a tocar desde la ciudadanía enviar mensajes muy fuertes contra la corrupción”, concluyó.
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