Los pendientes del Congreso para erradicar el acoso sexual, según feministas

Las luchas feministas en los siglos XVIII y XIX se concentraron en exigir la igualdad en el acceso a una educación y un trabajo, por encima a los derechos políticos como el de votar o ser elegidas en puestos de poder, los cuales llegaron tiempo después. Y aunque lo lograron, estos primeros espacios que habitaron más allá de la esfera privada de sus hogares también se convirtieron en un escenario de inseguridad y violencias, porque hay una construcción social y cultural, propiciada por una mirada androcéntrica, que relaciona a las mujeres con objetos de deseo a las que se les puede ejercer la fuerza y subordinar a relaciones de poder ostentadas por los hombres.

Esta cápsula histórica la recordó la profesora del departamento de Derechos Constitucional de la Universidad del Externado, Carolina Vergel, cuando hizo su intervención en la audiencia pública de la Comisión para la Equidad de Mujer del Congreso en el que reconocieron que los lugares de trabajos, las universidades y los colegios son, efectivamente, espacios de inseguridad y violencias contra las mujeres. Además de nombrar, reconocer y rechazar el acoso, como una de las formas de discriminación y violencia de género, este panel también se concentró en las fallas y vacíos legales y jurídicos para la restitución de los derechos vulnerados las víctimas de hostigamiento física y psicológicamente.

Tanto el Congreso como el sistema judicial en todo su entramado recibieron recriminación por parte de las mujeres, periodistas, colectivas y organizaciones civiles y defensoras de DD. HH. “Tenemos un grave problema. Las mujeres tienen miedo a la justicia, tienen miedo a ser escuchadas, a ser cuestionadas, a que nadie les crea, a perder el trabajo o no conseguir más trabajo, o que pase el tiempo y no pase nada”, dijo la abogada feminista y cocreadora de Las Igualadas de El Espectador, Viviana Bohórquez.

Y aunque hay leyes y normativas, lo que coincidieron las mujeres que tomaron la palabra es que no se cumplen a cabalidad, hay desconocimiento de estos o no cuentan con perspectiva de género y esta sumatoria, dijeron, termina por revictimizar a las víctimas por el sistema judicial que tiene como mandato constitucional garantizar sus derechos y una vida libre de violencias. Solo con ver las cifras se entiende la realidad: 2% de los casos llegan a sentencias judiciales y un 98% de impunidad. Una realidad que a veces conduce al silencio de las mujeres y el beneficio de los agresores.

También esta realidad, según explicaron las mujeres, termina justificando mecanismos de ciudadanía de denuncias paralelos al formal al no encontrar respuesta, restablecimiento de derechos y reparación por parte de la institucionales. “Las denuncias públicas de acoso que se realizan en medios de comunicación y redes sociales son ejercicios legítimos de libertad de expresión, discursos de interés público y ameritan protección especial por parte del Estado”, dijo la abogada de Siete Polas, Vanessa Daza, pidiéndole al Congreso cobijar el llamado scrache como discurso de protección, incluidas las garantías a periodistas y mujeres que desde el anonimato se animan a denunciar casos de acoso.

“Las redes sociales son más rápidas que cualquier órgano disciplinar y sancionatorio”, apuntó por su lado Bohórquez, quien le pidió al Congreso modificar la Ley 1010 de 2006, sobre el acoso laboral, en el que se incluye el acoso laboral sexual, permitiendo las denuncias anónimas, ampliando la prescripción de los casos (seis meses tienen las víctimas para denunciar), modificar los comités de convivencia para que sean órganos imparciales, cobijar todas las modalidades de contratos (la ley solo protege a las de contratos directos) y garantizar que por ningún motivo las víctimas pierdan su trabajo por romper el silencio.

Así mismo, todas coincidieron que hay que cambiar el enfoque de castigo por uno que repare a las mujeres y eso implica, por ejemplo, a que las autoridades judiciales les den más agilidad a las denuncias contra los victimarios que las tutelas que estos mismos ponen por injuria, calumnia y afectación al buen nombre. “Con esto violan la obligación a la debida diligencia con lo que el Estado contrajo con la Belem do Pará (Convención Interamericana para la eliminación de violencias)”, dijo María Camila Correa, profesora de la Universidad del Rosario.

En eso mismo hizo énfasis la concejala de Medellín por el movimiento feminista Estamos Listas, Dora Saldarriaga: “El Estado ejerce una violencia institucional contra las mujeres” y esto lo explica por la omisión o la inacción de las instituciones encargadas en aplicar justicia. Prueba de ello, están las cifras compartidas por la penalista Helena Hernández. “De las 2.369 noticias criminales [por acoso] en este 2020, solo 70 están en juicio y solo 15 se encuentran en ejecución de penas. La administración de justicia no está respondiendo y hay que convertir a la Fiscalía como el núcleo estructural para intervenir esta situación”, comentó.

Un claro ejemplo de lo ocurrido es el caso de 131 estudiantes de matemáticas de la Universidad Distrital que denunciaron a un profesor por acoso sexual y solo han recibido la espalda de las instituciones a las que han tocado la puerta para pedir ayuda y acompañamiento del caso. Según una de las personas firmantes cuando se hizo público el caso, Daniela Bermúdez, lo que han encontrado son cuestionamientos de por qué no grabaron los hechos, les negaron una tutela exigiendo el reconocimiento de la vulneración de sus derechos. “Llevamos un año entre citas, quejas y cajas y cuando uno piensa que lo peor ya pasó, es mentira”, dijo, recordando la sesión que tuvieron con la Procuraduría que permitió que el abogado del profesor estuviera en la recolección de los testimonios.

Por eso mismo, las docentes que intervinieron exigieron una pronta publicación de la directiva que debe expedir el Ministerio de Educación por orden de la Corte Constitucional, pues son innumerables los casos conocidos en la opinión pública y muchos más los que permanecen en silencio por el miedo, la revictimización de las que se ven envueltas las mujeres y por las retaliaciones que podrían recibir por el hecho de hablar y ponerle rostro al acoso y a un sistema patriarcal que las vulnera y atemoriza. “Pedimos una directiva no con un enfoque policivo, sino que facilite una labor de reflexión por parte de las universidades. No es difícil de reconocer que a las instituciones les dé miedo aceptar estos problemas porque esto afecta la imagen, pero no saben cómo hablar del tema. Hay que plantear un debido proceso en clave de víctimas, no en clave de las mismas universidades y profesores”, dijo la profesora Vergel, que propuso, al tiempo de hacer críticas, un sello de calidad de buenas prácticas que comulguen en este sentido para distinguir las organizaciones educativas que se comprometan con un tema que calificó de derechos humanos y calidad de la institución.

Sobre esta propuesta, que se tornó cada vez más como un pedido luego de cada una de las participantes hablara, el viceministro de Educación, Luis Fernando Pérez, prometió que la exigencia de los protocolos estaría incluida al momento de certificar la calidad de la institución. Siguiendo el hilo de la institucionalidad, a diferencia de la Fiscalía, la Defensoría aceptó que desde la autoridad judicial se cometen errores por el desconocimiento de la perspectiva de género y eso lleva a que muchos casos se le dé más celeridad a la contrarrespuesta del agresor quien, como se dijo, tutela su derecho al buen nombre y denuncia por injuria y calumnia a las víctimas.

“Es importante trabajar en la prevención, que haya sanciones políticas y sociales contra quienes cometen esos actos en el ámbito laboral. Hay que ponerle una tranca al acoso que está normalizado y naturalizado”, dijo el vicedefensor, Jorge Calero. Desde esa misma orilla, el procurador delegado para los asuntos de la niñez y la mujer, Virgilio Hernández, alertó las dificultades para que los procesos salgan exitosos, en cuanto no hay integralidad en los protocolos para la atención de casos de acoso. Igualmente, dijo que las rutas de atención muchas veces toman más un carácter de compromiso que de convicción.

“No hay política de prevención enfocadas contra el machismo y esa cultura patriarcal enquistada en nuestras instituciones sociales, desafortunadamente ese machismo es la raíz de las violencias debido al genero y el sexo, como el acoso sexual. El compromiso de las instituciones como hemos visto es muy débil para hacer campañas de prevención”, dijo Hernández.

La vicefiscal Martha Mancera señaló como el problema a lo planteado por las mujeres en la dificultad de atribuirle un delito penal a la denuncia, especialmente en casos de acoso horizontales, que pasa cuando se tratan de personas pares. Y, de esta forma, le remitió al Congreso esa oportunidad de mejorar la norma para flexibilizar el tipo penal. Sobre esto, Camila Martínez, de Sisma Mujeres, dijo que las relaciones de poder son también sociales por la construcción histórica de subordinación que se le atribuyó a la mujer, por más homólogas que estas sean con los hombres en un puesto de trabajo, por poner como ejemplo.

También la vicefiscal expuso como otra barrera la jurisprudencia de la Corte Constitucional con relación a la reiteración del delito. Así como cuando la Fiscalía pasa a ser sujeto procesal cuando le remiten los informes de acusación del caso a los jueces. “Escapa de nuestro resorte la decisión final (sentencia condenatoria)”, concluyó.

Sobre esto, Viviana Bohórquez acotó: “los fiscales no saben que es acoso, no saben que insistir en una salida es acoso. Entiendo que es un delito complejo, pero si la ley se está quedando corta para esta realidad, deberían hacer una crítica, reconocer los problemas y manifestar las preocupaciones para poder cambiar”.

La vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López, compartió que desde la institución están capacitando a los operadores judiciales con enfoque de género y diferencial. “Claro que se han cometido equivocaciones, se han reconocido y se viene trabajando en el tema para abrir caminos”.

Desde la Comisión de la Mujer recogerán las quejas, recomendaciones y pedidos para diseñar un proyecto de ley enfocado en que las mujeres reciban justicia restaurativa, en que los modelos de prevención sean fuertes para ir deconstruyendo una estructura machista que permite estos comportamientos y una sistema judicial androcéntrico que le sirve a los agresores a salir bien librados de los casos. Sin embargo, las reflexiones subyacen más allá del Congreso que, por más leyes que tramite y apruebe, el problema no se va a solucionar si la sociedad y las instituciones (entiéndase la familia, colegios, universidades, entidades públicas, entre otros) no se repiensan las formas de relación con las mujeres y no se autoexaminan sobre palabras, actitudes, gestos y actos que, aunque siempre se han dicho y hecho, no están bien y representan un riesgo para la dignidad y la vida de las mujeres.

Las luchas feministas en los siglos XVIII y XIX se concentraron en exigir la igualdad en el acceso a una educación y un trabajo, por encima a los derechos políticos como el de votar o ser elegidas en puestos de poder, los cuales llegaron tiempo después. Y aunque lo lograron, estos primeros espacios que habitaron más allá de la esfera privada de sus hogares también se convirtieron en un escenario de inseguridad y violencias, porque hay una construcción social y cultural, propiciada por una mirada androcéntrica, que relaciona a las mujeres con objetos de deseo a las que se les puede ejercer la fuerza y subordinar a relaciones de poder ostentadas por los hombres.

Esta cápsula histórica la recordó la profesora del departamento de Derechos Constitucional de la Universidad del Externado, Carolina Vergel, cuando hizo su intervención en la audiencia pública de la Comisión para la Equidad de Mujer del Congreso en el que reconocieron que los lugares de trabajos, las universidades y los colegios son, efectivamente, espacios de inseguridad y violencias contra las mujeres. Además de nombrar, reconocer y rechazar el acoso, como una de las formas de discriminación y violencia de género, este panel también se concentró en las fallas y vacíos legales y jurídicos para la restitución de los derechos vulnerados las víctimas de hostigamiento física y psicológicamente.

Tanto el Congreso como el sistema judicial en todo su entramado recibieron recriminación por parte de las mujeres, periodistas, colectivas y organizaciones civiles y defensoras de DD. HH. “Tenemos un grave problema. Las mujeres tienen miedo a la justicia, tienen miedo a ser escuchadas, a ser cuestionadas, a que nadie les crea, a perder el trabajo o no conseguir más trabajo, o que pase el tiempo y no pase nada”, dijo la abogada feminista y cocreadora de Las Igualadas de El Espectador, Viviana Bohórquez.

Y aunque hay leyes y normativas, lo que coincidieron las mujeres que tomaron la palabra es que no se cumplen a cabalidad, hay desconocimiento de estos o no cuentan con perspectiva de género y esta sumatoria, dijeron, termina por revictimizar a las víctimas por el sistema judicial que tiene como mandato constitucional garantizar sus derechos y una vida libre de violencias. Solo con ver las cifras se entiende la realidad: 2% de los casos llegan a sentencias judiciales y un 98% de impunidad. Una realidad que a veces conduce al silencio de las mujeres y el beneficio de los agresores.

También esta realidad, según explicaron las mujeres, termina justificando mecanismos de ciudadanía de denuncias paralelos al formal al no encontrar respuesta, restablecimiento de derechos y reparación por parte de la institucionales. “Las denuncias públicas de acoso que se realizan en medios de comunicación y redes sociales son ejercicios legítimos de libertad de expresión, discursos de interés público y ameritan protección especial por parte del Estado”, dijo la abogada de Siete Polas, Vanessa Daza, pidiéndole al Congreso cobijar el llamado scrache como discurso de protección, incluidas las garantías a periodistas y mujeres que desde el anonimato se animan a denunciar casos de acoso.

“Las redes sociales son más rápidas que cualquier órgano disciplinar y sancionatorio”, apuntó por su lado Bohórquez, quien le pidió al Congreso modificar la Ley 1010 de 2006, sobre el acoso laboral, en el que se incluye el acoso laboral sexual, permitiendo las denuncias anónimas, ampliando la prescripción de los casos (seis meses tienen las víctimas para denunciar), modificar los comités de convivencia para que sean órganos imparciales, cobijar todas las modalidades de contratos (la ley solo protege a las de contratos directos) y garantizar que por ningún motivo las víctimas pierdan su trabajo por romper el silencio.

Así mismo, todas coincidieron que hay que cambiar el enfoque de castigo por uno que repare a las mujeres y eso implica, por ejemplo, a que las autoridades judiciales les den más agilidad a las denuncias contra los victimarios que las tutelas que estos mismos ponen por injuria, calumnia y afectación al buen nombre. “Con esto violan la obligación a la debida diligencia con lo que el Estado contrajo con la Belem do Pará (Convención Interamericana para la eliminación de violencias)”, dijo María Camila Correa, profesora de la Universidad del Rosario.

En eso mismo hizo énfasis la concejala de Medellín por el movimiento feminista Estamos Listas, Dora Saldarriaga: “El Estado ejerce una violencia institucional contra las mujeres” y esto lo explica por la omisión o la inacción de las instituciones encargadas en aplicar justicia. Prueba de ello, están las cifras compartidas por la penalista Helena Hernández. “De las 2.369 noticias criminales [por acoso] en este 2020, solo 70 están en juicio y solo 15 se encuentran en ejecución de penas. La administración de justicia no está respondiendo y hay que convertir a la Fiscalía como el núcleo estructural para intervenir esta situación”, comentó.

Un claro ejemplo de lo ocurrido es el caso de 131 estudiantes de matemáticas de la Universidad Distrital que denunciaron a un profesor por acoso sexual y solo han recibido la espalda de las instituciones a las que han tocado la puerta para pedir ayuda y acompañamiento del caso. Según una de las personas firmantes cuando se hizo público el caso, Daniela Bermúdez, lo que han encontrado son cuestionamientos de por qué no grabaron los hechos, les negaron una tutela exigiendo el reconocimiento de la vulneración de sus derechos. “Llevamos un año entre citas, quejas y cajas y cuando uno piensa que lo peor ya pasó, es mentira”, dijo, recordando la sesión que tuvieron con la Procuraduría que permitió que el abogado del profesor estuviera en la recolección de los testimonios.

Por eso mismo, las docentes que intervinieron exigieron una pronta publicación de la directiva que debe expedir el Ministerio de Educación por orden de la Corte Constitucional, pues son innumerables los casos conocidos en la opinión pública y muchos más los que permanecen en silencio por el miedo, la revictimización de las que se ven envueltas las mujeres y por las retaliaciones que podrían recibir por el hecho de hablar y ponerle rostro al acoso y a un sistema patriarcal que las vulnera y atemoriza. “Pedimos una directiva no con un enfoque policivo, sino que facilite una labor de reflexión por parte de las universidades. No es difícil de reconocer que a las instituciones les dé miedo aceptar estos problemas porque esto afecta la imagen, pero no saben cómo hablar del tema. Hay que plantear un debido proceso en clave de víctimas, no en clave de las mismas universidades y profesores”, dijo la profesora Vergel, que propuso, al tiempo de hacer críticas, un sello de calidad de buenas prácticas que comulguen en este sentido para distinguir las organizaciones educativas que se comprometan con un tema que calificó de derechos humanos y calidad de la institución.

Sobre esta propuesta, que se tornó cada vez más como un pedido luego de cada una de las participantes hablara, el viceministro de Educación, Luis Fernando Pérez, prometió que la exigencia de los protocolos estaría incluida al momento de certificar la calidad de la institución. Siguiendo el hilo de la institucionalidad, a diferencia de la Fiscalía, la Defensoría aceptó que desde la autoridad judicial se cometen errores por el desconocimiento de la perspectiva de género y eso lleva a que muchos casos se le dé más celeridad a la contrarrespuesta del agresor quien, como se dijo, tutela su derecho al buen nombre y denuncia por injuria y calumnia a las víctimas.

“Es importante trabajar en la prevención, que haya sanciones políticas y sociales contra quienes cometen esos actos en el ámbito laboral. Hay que ponerle una tranca al acoso que está normalizado y naturalizado”, dijo el vicedefensor, Jorge Calero. Desde esa misma orilla, el procurador delegado para los asuntos de la niñez y la mujer, Virgilio Hernández, alertó las dificultades para que los procesos salgan exitosos, en cuanto no hay integralidad en los protocolos para la atención de casos de acoso. Igualmente, dijo que las rutas de atención muchas veces toman más un carácter de compromiso que de convicción.

“No hay política de prevención enfocadas contra el machismo y esa cultura patriarcal enquistada en nuestras instituciones sociales, desafortunadamente ese machismo es la raíz de las violencias debido al genero y el sexo, como el acoso sexual. El compromiso de las instituciones como hemos visto es muy débil para hacer campañas de prevención”, dijo Hernández.

La vicefiscal Martha Mancera señaló como el problema a lo planteado por las mujeres en la dificultad de atribuirle un delito penal a la denuncia, especialmente en casos de acoso horizontales, que pasa cuando se tratan de personas pares. Y, de esta forma, le remitió al Congreso esa oportunidad de mejorar la norma para flexibilizar el tipo penal. Sobre esto, Camila Martínez, de Sisma Mujeres, dijo que las relaciones de poder son también sociales por la construcción histórica de subordinación que se le atribuyó a la mujer, por más homólogas que estas sean con los hombres en un puesto de trabajo, por poner como ejemplo.

También la vicefiscal expuso como otra barrera la jurisprudencia de la Corte Constitucional con relación a la reiteración del delito. Así como cuando la Fiscalía pasa a ser sujeto procesal cuando le remiten los informes de acusación del caso a los jueces. “Escapa de nuestro resorte la decisión final (sentencia condenatoria)”, concluyó.

Sobre esto, Viviana Bohórquez acotó: “los fiscales no saben que es acoso, no saben que insistir en una salida es acoso. Entiendo que es un delito complejo, pero si la ley se está quedando corta para esta realidad, deberían hacer una crítica, reconocer los problemas y manifestar las preocupaciones para poder cambiar”.

La vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria López, compartió que desde la institución están capacitando a los operadores judiciales con enfoque de género y diferencial. “Claro que se han cometido equivocaciones, se han reconocido y se viene trabajando en el tema para abrir caminos”.

Desde la Comisión de la Mujer recogerán las quejas, recomendaciones y pedidos para diseñar un proyecto de ley enfocado en que las mujeres reciban justicia restaurativa, en que los modelos de prevención sean fuertes para ir deconstruyendo una estructura machista que permite estos comportamientos y una sistema judicial androcéntrico que le sirve a los agresores a salir bien librados de los casos. Sin embargo, las reflexiones subyacen más allá del Congreso que, por más leyes que tramite y apruebe, el problema no se va a solucionar si la sociedad y las instituciones (entiéndase la familia, colegios, universidades, entidades públicas, entre otros) no se repiensan las formas de relación con las mujeres y no se autoexaminan sobre palabras, actitudes, gestos y actos que, aunque siempre se han dicho y hecho, no están bien y representan un riesgo para la dignidad y la vida de las mujeres.