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Desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció revolcones en su gabinete para enfrentar su último año de mandato, las expectativas de quienes esperaban un cargo en el Ejecutivo poco a poco se fueron diluyendo. Por supuesto, las que tenían miembros de los partidos Liberal y Conservador que, pacientes, se han aguantado siete años de gobierno viendo cómo Cambio Radical se quedaba con las porciones más grandes de la torta. Desde la Vicepresidencia hasta importantes ministerios, como el de Vivienda y Ambiente, y entidades como el ICBF, además de algunas superintendencias fueron quedando en manos del partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y los otros de la Unidad Nacional, fieles al Acuerdo de Paz, no veían retribuido ese apoyo. (Leer: Más enroque que revolcón ministerial)
Pero ayer las cosas parecieron mejorar para los del trapo rojo. Desde Canadá, el presidente Santos anunció que su nuevo ministro de Vivienda será el excongresista Camilo Sánchez, militante de esa colectividad y amigo personal de Santos. Se trata, eso sí, de la primera cuota liberal en ese cargo desde que el jefe de Estado arrancó su gobierno. Básicamente, porque ese Ministerio siempre estuvo a cargo de Cambio Radical. Por eso la decisión de poner a un liberal allí no fue al azar. Menos después del divorcio político que se evidenció entre Santos y Vargas Lleras por cuenta de que el partido de este último decidiera no apoyar la que ha sido denominada como la columna vertebral del Acuerdo de Paz: la JEP. (Lea también: Camilo Sánchez, el liberal que llega al Ministerio de Vivienda)
¿Será que el presidente cedió a la presión legislativa? Desde la semana pasada se ha venido fortaleciendo un grupo de congresistas que, según dicen por los pasillos del Congreso, se ha autodenominado Los Pepes. Ese mismo acrónimo que usó, a comienzos de los años 90, un grupo paramilitar conformado por antiguos socios del jefe del cartel de Medellín y varios narcotraficantes de la época que los identificaba como “los perseguidos por Pablo Escobar”. El objetivo: acabar con el capo. Y aunque su cometido no lo lograron directamente, sí propinaron varios golpes que hicieron flaquear la estructura criminal y que llevaron a la muerte de Escobar el 2 de diciembre de 1993.
Como si se tratara de una alusión a ese oscuro episodio de la historia de Colombia, varios congresistas del Partido de la U y del Partido Liberal se han declarado bajo ese mismo nombre. Sin embargo, no son perseguidos por ningún capo del narcotráfico, sino, según ellos, por “Palacio y Prada” (Alfonso Prada), secretario general de la Casa de Nariño y por la Presidencia. “Sí escuché de su existencia, dijeron que era un grupo de inconformes, pero desde Palacio todos los canales están abiertos para dialogar”, dijo una importante voz del Gobierno a este diario.
Eso explicaría, en gran parte, el ausentismo que se viene registrando en el Senado que la semana pasada se preparaba para discutir la ley estatutaria de la JEP. “Dijeron que los que no habían ido eran los que pertenecían a ese grupo”, agregó un funcionario de Presidencia. Pero en el Gobierno argumentan que la ausencia de siete senadores de la U, cuatro liberales y cinco conservadores -colectividades que exigen mayor representatividad en el Ejecutivo- fue por malos entendidos, o porque los vuelos impidieron que algunos llegaran al recinto, o porque, paralelamente a la plenaria, algunos senadores estaban cumpliendo citas en los ministerios.
A propósito, la orden que dio el presidente Santos a sus ministros es la de no recibir a congresistas mientras estén sesionando en el Capitolio. Naturalmente, su preocupación está ahora en que lo pactado en Cuba resulte hecho trizas, ahí sí, pero por quienes, se supone, tenían la misión de defenderlo. Hoy el debate de la JEP continúa con un anuncio adicional: los conservadores no votarán la JEP si no se hacen modificaciones y su director, el senador Hernán Andrade, ya le hace guiños al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.