Los propios “bloqueos” que tienen coja la mesa para atender el paro

Mientras en las calles la protesta avanza, en la mesa entre el Comité del Paro y el Gobierno se vive un genuino parón. Si bien este espacio de diálogo y concertación fue ideado para encontrar salidas negociadas que permitan hacerle frente al estallido social que hoy completa 38 días, lo cierto es que, pasados casi 20 días desde que fue instalada, la mesa sigue sin dar resultados. La situación preocupa si se tiene en cuenta que hasta ahora es el espacio más organizado y formal para atender el paro nacional. En otras palabras, se configura como la esperanza más próxima para atajar –eso sí, en el corto plazo– la crisis inédita que padece Colombia.

Si bien cada tanto, al término de jornadas que pueden extenderse hasta por nueve horas, las partes reiteran su voluntad de diálogo y disposición por avanzar, en cada uno de sus pronunciamientos se lee, entre líneas, cierto malestar. Detrás de ello hay múltiples razones, si se considera la cantidad de peticiones del Comité y el antecedente del Gobierno en la mesa para atajar el paro de 2019, cuando se sostuvo en que “no estaba negociando el Estado”. Sin embargo, hay un hecho que explica la parálisis que tiene en ascuas la mesa: los bloqueos que persisten en varias zonas del país.

Por un lado, el Comité ha defendido que los “puntos de resistencia y cortes temporales e intermitentes de vías” –como los llaman– son “posibilidades legítimas” de la manifestación y que el ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera traumatismos. Por ello, al rechazar hechos de violencia, han reivindicado los bloqueos, destacando su legitimidad siempre que no afecten la vida, salud, integridad, medio ambiente y alimentación de las personas.

Por otro lado, para el Gobierno se convirtió casi en un punto de honor que se despejen las vías y se ponga fin a los bloqueos para sentarse a negociar. “En Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho a la protesta. Por eso, sin pedir imposibles en el ámbito de cada uno, deben desaparecer”, declaró Emilio Archila, consejero para la Estabilización y vocero del Ejecutivo en la mesa tras la intempestiva renuncia del excomisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien salió en búsqueda de su aspiración presidencial.

El presidente Iván Duque aseguró ayer que “los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque, ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos”. En respuesta, el Comité sostuvo que ha promovido un “desescalamiento de los puntos de resistencia” y que se han suspendido al menos 40 bloqueos, que han sido verificados por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal (mediadores en la mesa). No obstante, reclaman que, además de que el Gobierno persiste con la militarización de algunas ciudades, el Ejecutivo busca un “desgaste” de la movilización y la apuesta es dilatar el espacio de conversación.

Para Ángela María Buitrago, profesora de derecho de la Universidad Externado y doctora en derecho y sociología, jurídicamente hablando los bloqueos pueden ser una modalidad del derecho a la huelga o al paro. Sin embargo, tienen restricciones en la medida en que entren en conflicto con otros derechos. “Cuando esos bloqueos restringen derechos fundamentales de la población hay que hacer una ponderación de derechos humanos. Lo que vemos trasciende el ejercicio del paro, con el agravante de que esos bloqueos no han sido pacíficos, han generado interrupción en el suministro de alimentos o han impedido el paso de ambulancias, violando además el Derecho Internacional Humanitario”.

Según Buitrago, la síntesis es que esos bloqueos sí son, a la luz del derecho, válidos, pero ello no implica que sean perpetuos y que puedan afectar sostenidamente los derechos de la demás población. De paso, desvirtúa que la Fiscalía pueda imputar como un delito la obstrucción de vía pública a quienes protagonizan los bloqueos, “en tanto se enmarcan como una protesta contra el Gobierno. No procede”.

Desde un punto de vista político, Andrés Parra, profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes, explica que los bloqueos quedan en una zona gris en materia jurídica, bajo el carácter disruptivo que implica la protesta. “La protesta no puede ser una procesión como Semana Santa. Pero no todo es válido en nombre de eso”. A la hora de analizar la parálisis que afecta los diálogos, Parra advierte que, por un lado, se evidencia cierto desprecio por parte del Gobierno, mientras que el Comité tiene también cierta desconexión con muchos sectores que no se enmarcan en determinado movimiento y no reconocen al Comité como su vocero.

En esa línea, advierte que, contrario a las protestas de antaño, que tenían un carácter gremial, étnico, sindical y estudiantil, hoy se ven nuevos movimientos y corrientes que cada vez son más difíciles de enmarcar en determinada organización: “Son actores que no son parte de las lógicas y dinámicas de la protesta usual. Hay un estallido social general en muchos aspectos y hay gente organizada al calor de la movilización. Eso dificulta la interlocución entre el Comité y nuevos movimientos, porque tienen otras lógicas de organización y pueden chocar. Hay que trabajar para que sean compatibles”.

En este contexto, no puede pasar por alto una dificultad que es transversal a las partes. Si bien el Comité del Paro puede hacer un llamado a sus bases regionales para que cesen los bloqueos, ello no implica que todas las personas que hoy los protagonizan acojan la directriz, teniendo en cuenta precisamente que no todas reconocen al Comité como su interlocutor. Entretanto, el Gobierno seguirá insistiendo en que cesen las obstrucciones viales y puede que no esté considerando que el Comité tiene el control de todas.

¿Qué hacer? Según Juan Carlos Guerrero, director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) de la Universidad del Rosario, una salida al tema de los bloqueos, entendiendo las diferentes aristas, sería que las partes gestaran comisiones conjuntas y que acudieran a los puntos de bloqueos donde el Comité no tiene injerencia para que, a través del diálogo y la concertación –y no mediante la fuerza–, los puedan levantar. “Es un gana-gana. Sale favorecido el Gobierno al no usar la fuerza para desbloquear las vías, y el Comité gana también porque, dado que los bloqueos le han quitado simpatía y adhesión a su grupo, podrían llegarles a nuevos ciudadanos y movimientos que a futuro podrían reconocerlos como interlocutores”.

Para Guerrero, aunque parezca un gesto fácil, implica un cambio de chip en la lógica de la negociación. “Cuando las partes entran con la lógica de acuerdos de suma cero, toda concesión es vista como una pérdida absoluta y toda concesión de la contraparte como una ganancia absoluta. Lo ideal sería que las partes salieran de esa lógica y buscaran acuerdos que signifiquen ganancias para ambos”, explicó.

En esa línea, el profesor David Gleiser, experto en negociación de la Universidad del Rosario, asegura que otra de las problemáticas de la mesa es que allí están sentadas dos partes que, en lugar de verse como contrapartes válidas, se perciben como enemigos. “Están en una estrategia de negociación de desgaste mutuo. De exagerar y hacerle creer al otro que tengo las armas para negociar, cuando no las tengo. La contraparte hace lo mismo. Y en esa dinámica las aproximaciones son muy pobre. Cada uno está tratando de agotar al otro. Es, sin duda, una dinámica dilatoria y están esperando que el otro ceda primero”, declara.

Según Gleiser, ninguno de los dos lados de la mesa está pensando estratégicamente, pues mientras la gente del Comité del Paro debería estar pensando que, bajo el entendido que la finalidad de lo que están haciendo “es procurarle a la gente un conjunto de condiciones para vivir mejor”, también que se requiere del concurso del Gobierno para alcanzar esa meta. A su turno, el Ejecutivo se equivoca al querer mantener el statu quo y no se da cuenta que ya no existe: “La gente parada está diciendo devuélveme mi voto, porque tienes equivocada la meta”.

Por otro lado, ante la acusación del Comité del Paro, que alega que el Centro Democrático está dedicado a bloquear e impedir que se llegue a acuerdos, “y el Gobierno sigue al pie de la letra sus instrucciones”, el profesor Andrés Parra también llama la atención por los mensajes que se lanzan desde el principal partido de gobierno y que han frustrado acuerdos como el que se alcanzó, preliminarmente, entre viceministros del Gobierno y manifestantes en Buenaventura. “El Gobierno puede exigir el desbloqueo de vías, pero debe dar algo de entrada. No puede ser una exigencia unilateral. Eso lo único que hace es extremar la posición. El Gobierno insiste en pararse duro y demostrar fuerza, y eso carece de sentido en una negociación”.

En ello coincide, a su turno, el director del ORAC, que llama la atención por la presión en la que se encuentra el Ejecutivo por parte de sus principales aliados políticos, no solo el Centro Democrático, sino también Cambio Radical que, a través de su máximo líder, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también desautorizó el acuerdo alcanzado en Buenaventura. “Eso muestra el nivel de presión en el que está el Gobierno y por eso está estancado el diálogo. Hay una presión muy fuerte para que no se renuncie a los actos de autoridad, a las posibilidades de un acompañamiento militar en el control de protestas”.

Al margen de los reclamos de parte y parte, lo cierto hoy –a casi 40 días de paro y 20 de conversaciones– es que el diálogo sigue estancado. La meta es llegar a un escenario de negociación en el que las partes puedan discutir aspectos de fondo alrededor de las protestas, como la situación económica o la crisis social. Sin embargo, el Gobierno y el Comité del Paro apenas están discutiendo un preacuerdo sobre garantías para las manifestaciones. Por ahora, un escenario de negociación formal se ve lejano y difuso. Los analistas coinciden en que, mientras el Gobierno estaría jugando a dilatar el diálogo y esperar a que baje la olla de presión, el Comité apostaría por extender y ampliar sus demandas en búsqueda de concesiones imposibles y para mantener a la gente en las calles. ¿En verdad esa es la estrategia de cada uno para atender semejante crisis?

Mientras en las calles la protesta avanza, en la mesa entre el Comité del Paro y el Gobierno se vive un genuino parón. Si bien este espacio de diálogo y concertación fue ideado para encontrar salidas negociadas que permitan hacerle frente al estallido social que hoy completa 38 días, lo cierto es que, pasados casi 20 días desde que fue instalada, la mesa sigue sin dar resultados. La situación preocupa si se tiene en cuenta que hasta ahora es el espacio más organizado y formal para atender el paro nacional. En otras palabras, se configura como la esperanza más próxima para atajar –eso sí, en el corto plazo– la crisis inédita que padece Colombia.

Si bien cada tanto, al término de jornadas que pueden extenderse hasta por nueve horas, las partes reiteran su voluntad de diálogo y disposición por avanzar, en cada uno de sus pronunciamientos se lee, entre líneas, cierto malestar. Detrás de ello hay múltiples razones, si se considera la cantidad de peticiones del Comité y el antecedente del Gobierno en la mesa para atajar el paro de 2019, cuando se sostuvo en que “no estaba negociando el Estado”. Sin embargo, hay un hecho que explica la parálisis que tiene en ascuas la mesa: los bloqueos que persisten en varias zonas del país.

Por un lado, el Comité ha defendido que los “puntos de resistencia y cortes temporales e intermitentes de vías” –como los llaman– son “posibilidades legítimas” de la manifestación y que el ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera traumatismos. Por ello, al rechazar hechos de violencia, han reivindicado los bloqueos, destacando su legitimidad siempre que no afecten la vida, salud, integridad, medio ambiente y alimentación de las personas.

Por otro lado, para el Gobierno se convirtió casi en un punto de honor que se despejen las vías y se ponga fin a los bloqueos para sentarse a negociar. “En Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho a la protesta. Por eso, sin pedir imposibles en el ámbito de cada uno, deben desaparecer”, declaró Emilio Archila, consejero para la Estabilización y vocero del Ejecutivo en la mesa tras la intempestiva renuncia del excomisionado de Paz, Miguel Ceballos, quien salió en búsqueda de su aspiración presidencial.

El presidente Iván Duque aseguró ayer que “los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque, ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos”. En respuesta, el Comité sostuvo que ha promovido un “desescalamiento de los puntos de resistencia” y que se han suspendido al menos 40 bloqueos, que han sido verificados por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal (mediadores en la mesa). No obstante, reclaman que, además de que el Gobierno persiste con la militarización de algunas ciudades, el Ejecutivo busca un “desgaste” de la movilización y la apuesta es dilatar el espacio de conversación.

Para Ángela María Buitrago, profesora de derecho de la Universidad Externado y doctora en derecho y sociología, jurídicamente hablando los bloqueos pueden ser una modalidad del derecho a la huelga o al paro. Sin embargo, tienen restricciones en la medida en que entren en conflicto con otros derechos. “Cuando esos bloqueos restringen derechos fundamentales de la población hay que hacer una ponderación de derechos humanos. Lo que vemos trasciende el ejercicio del paro, con el agravante de que esos bloqueos no han sido pacíficos, han generado interrupción en el suministro de alimentos o han impedido el paso de ambulancias, violando además el Derecho Internacional Humanitario”.

Según Buitrago, la síntesis es que esos bloqueos sí son, a la luz del derecho, válidos, pero ello no implica que sean perpetuos y que puedan afectar sostenidamente los derechos de la demás población. De paso, desvirtúa que la Fiscalía pueda imputar como un delito la obstrucción de vía pública a quienes protagonizan los bloqueos, “en tanto se enmarcan como una protesta contra el Gobierno. No procede”.

Desde un punto de vista político, Andrés Parra, profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes, explica que los bloqueos quedan en una zona gris en materia jurídica, bajo el carácter disruptivo que implica la protesta. “La protesta no puede ser una procesión como Semana Santa. Pero no todo es válido en nombre de eso”. A la hora de analizar la parálisis que afecta los diálogos, Parra advierte que, por un lado, se evidencia cierto desprecio por parte del Gobierno, mientras que el Comité tiene también cierta desconexión con muchos sectores que no se enmarcan en determinado movimiento y no reconocen al Comité como su vocero.

En esa línea, advierte que, contrario a las protestas de antaño, que tenían un carácter gremial, étnico, sindical y estudiantil, hoy se ven nuevos movimientos y corrientes que cada vez son más difíciles de enmarcar en determinada organización: “Son actores que no son parte de las lógicas y dinámicas de la protesta usual. Hay un estallido social general en muchos aspectos y hay gente organizada al calor de la movilización. Eso dificulta la interlocución entre el Comité y nuevos movimientos, porque tienen otras lógicas de organización y pueden chocar. Hay que trabajar para que sean compatibles”.

En este contexto, no puede pasar por alto una dificultad que es transversal a las partes. Si bien el Comité del Paro puede hacer un llamado a sus bases regionales para que cesen los bloqueos, ello no implica que todas las personas que hoy los protagonizan acojan la directriz, teniendo en cuenta precisamente que no todas reconocen al Comité como su interlocutor. Entretanto, el Gobierno seguirá insistiendo en que cesen las obstrucciones viales y puede que no esté considerando que el Comité tiene el control de todas.

¿Qué hacer? Según Juan Carlos Guerrero, director del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) de la Universidad del Rosario, una salida al tema de los bloqueos, entendiendo las diferentes aristas, sería que las partes gestaran comisiones conjuntas y que acudieran a los puntos de bloqueos donde el Comité no tiene injerencia para que, a través del diálogo y la concertación –y no mediante la fuerza–, los puedan levantar. “Es un gana-gana. Sale favorecido el Gobierno al no usar la fuerza para desbloquear las vías, y el Comité gana también porque, dado que los bloqueos le han quitado simpatía y adhesión a su grupo, podrían llegarles a nuevos ciudadanos y movimientos que a futuro podrían reconocerlos como interlocutores”.

Para Guerrero, aunque parezca un gesto fácil, implica un cambio de chip en la lógica de la negociación. “Cuando las partes entran con la lógica de acuerdos de suma cero, toda concesión es vista como una pérdida absoluta y toda concesión de la contraparte como una ganancia absoluta. Lo ideal sería que las partes salieran de esa lógica y buscaran acuerdos que signifiquen ganancias para ambos”, explicó.

En esa línea, el profesor David Gleiser, experto en negociación de la Universidad del Rosario, asegura que otra de las problemáticas de la mesa es que allí están sentadas dos partes que, en lugar de verse como contrapartes válidas, se perciben como enemigos. “Están en una estrategia de negociación de desgaste mutuo. De exagerar y hacerle creer al otro que tengo las armas para negociar, cuando no las tengo. La contraparte hace lo mismo. Y en esa dinámica las aproximaciones son muy pobre. Cada uno está tratando de agotar al otro. Es, sin duda, una dinámica dilatoria y están esperando que el otro ceda primero”, declara.

Según Gleiser, ninguno de los dos lados de la mesa está pensando estratégicamente, pues mientras la gente del Comité del Paro debería estar pensando que, bajo el entendido que la finalidad de lo que están haciendo “es procurarle a la gente un conjunto de condiciones para vivir mejor”, también que se requiere del concurso del Gobierno para alcanzar esa meta. A su turno, el Ejecutivo se equivoca al querer mantener el statu quo y no se da cuenta que ya no existe: “La gente parada está diciendo devuélveme mi voto, porque tienes equivocada la meta”.

Por otro lado, ante la acusación del Comité del Paro, que alega que el Centro Democrático está dedicado a bloquear e impedir que se llegue a acuerdos, “y el Gobierno sigue al pie de la letra sus instrucciones”, el profesor Andrés Parra también llama la atención por los mensajes que se lanzan desde el principal partido de gobierno y que han frustrado acuerdos como el que se alcanzó, preliminarmente, entre viceministros del Gobierno y manifestantes en Buenaventura. “El Gobierno puede exigir el desbloqueo de vías, pero debe dar algo de entrada. No puede ser una exigencia unilateral. Eso lo único que hace es extremar la posición. El Gobierno insiste en pararse duro y demostrar fuerza, y eso carece de sentido en una negociación”.

En ello coincide, a su turno, el director del ORAC, que llama la atención por la presión en la que se encuentra el Ejecutivo por parte de sus principales aliados políticos, no solo el Centro Democrático, sino también Cambio Radical que, a través de su máximo líder, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también desautorizó el acuerdo alcanzado en Buenaventura. “Eso muestra el nivel de presión en el que está el Gobierno y por eso está estancado el diálogo. Hay una presión muy fuerte para que no se renuncie a los actos de autoridad, a las posibilidades de un acompañamiento militar en el control de protestas”.

Al margen de los reclamos de parte y parte, lo cierto hoy –a casi 40 días de paro y 20 de conversaciones– es que el diálogo sigue estancado. La meta es llegar a un escenario de negociación en el que las partes puedan discutir aspectos de fondo alrededor de las protestas, como la situación económica o la crisis social. Sin embargo, el Gobierno y el Comité del Paro apenas están discutiendo un preacuerdo sobre garantías para las manifestaciones. Por ahora, un escenario de negociación formal se ve lejano y difuso. Los analistas coinciden en que, mientras el Gobierno estaría jugando a dilatar el diálogo y esperar a que baje la olla de presión, el Comité apostaría por extender y ampliar sus demandas en búsqueda de concesiones imposibles y para mantener a la gente en las calles. ¿En verdad esa es la estrategia de cada uno para atender semejante crisis?