Los puntos clave de la reforma a la Policía que se radicará en el Congreso

Entre las múltiples reformas estructurales que se prometieron en las campañas hacia el Congreso y la Casa de Nariño, y por las que finalmente votaron la mayoría de sufragantes que acudieron a las urnas en los recientes procesos electorales, está la transformación a la Policía. Luego de varias semanas de concertación, este miércoles los senadores Inti Asprilla (Alianza Verde) y María José Pizarro (Pacto Histórico) radicarán ante la Secretaría de Senado dos proyectos de ley con los que se pretende cambiar la imagen de la entidad, sobre todo después del reciente estallido social.

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Por ejemplo, de acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, la Policía cuenta con un 49,5 % de favorabilidad y 45,3 % de desfavorabilidad, por lo que estos proyectos pretenden “reformar aspectos de institución”, según dijo la senadora Pizarro sobre las iniciativas que buscan, por un lado, democratizar el acceso a la carrera oficial en la Policía y su sistema de ascensos, y por el otro prevenir y sancionar los abusos y el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas.

Prevención, sanción de abusos y uso desproporcionado de la fuerza

El primer proyecto, según se lee en el borrador de las consideraciones generales, busca establecer las medidas para “prevenir y sancionar los abusos en la actividad de policía y el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, garantizando los derechos establecidos por la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza”.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa buscará erradicar el abuso policial no solo en las manifestaciones públicas sino en general en la actividad cotidiana de la Policía. La idea es extirpar aquellas prácticas que “vulneran derechos fundamentales” que pueden haber incidido en la imagen negativa y la legitimidad de la institución.

Conductas, según el proyecto, “que generan rechazo social y que hasta el momento no son objeto de regulación específica”, por lo que con la ley que se pretende crear buscarán directrices que supriman esos hechos que “están ocasionando el deterioro de las bases de la convivencia y las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía”.

La senadora Pizarro aseguró que en buena parte de este proyecto se recogen “propuestas planteadas en mesas de trabajo conformadas por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, que buscan garantizar los derechos fundamentales que se ejercen en contextos de movilizaciones públicas y pacíficas”.

La congresista añadió sobre la normatividad que la idea es “evitar violaciones a los derechos humanos que puedan ser cometidas precisamente por un abuso excesivo de la fuerza, tanto en la actuación en calle como en el marco de la protesta”, y destacó que luego de la radicación esperan realizar una serie de audiencias y acercamientos con la Policía para fortalecer y contar con su apoyo, como lo han venido teniendo por parte de organizaciones de derechos humanos y víctimas de violencia policial.

“El proyecto busca regular aspectos propios de la actividad de policía, definida en el artículo 20 de la Ley 1801 de 2016 y en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como delimitar los alcances de su accionar en contextos de manifestaciones públicas y pacíficas”, añade el texto del proyecto que entrará a regular la actuación de los agentes de la institución en sus labores de restablecimiento del orden público.

Una de las propuestas de la iniciativa para prevenir los abusos y mejorar la relación entre la institución y la ciudadanía es prohibir que se les exija a los uniformados cuotas de comparendos y resultados operativos como criterio para determinar su evaluación de desempeño y continuidad en el cargo, y que tanto en los Centros de Traslado por Protección como en los CAI existan sistema de videovigilancia que registre las acciones que se dan en dichos lugares.

Sobre la actuación de los agentes en las manifestaciones, uno de los puntos más sensibles del proyecto, el objetivo es regular tres fases del accionar: prevención, disuasión e intervención, que sería algo excepcional “cuando sea necesaria para garantizar los derechos de los manifestantes y de quienes no participan en ella”. Dicha etapa se limitaría al restablecimiento del orden público y luego “el uso de la fuerza debe cesar de inmediato”. Y si en medio del uso de la fuerza hay perjuicios a la integridad, la vida o la libertad de los ciudadanos, se consignará un informe escrito que se debe remitir al superior jerárquico y la Procuraduría.

Democratizar el ingreso y ascenso a la Policía

El segundo proyecto, señaló la senadora Pizarro, pretende regular el régimen de ascensos. “Es decir, volver más democrático el régimen de ascensos, que patrulleros y oficiales puedan realmente ascender en la carrera”, explicó. La base de esta iniciativa es la “democratización del acceso a la carrera de oficial” en la institución, para lo que es necesario remover aquellas barreras de todo tipo, sobre todo económicas, para el ingreso y permanencia a los programas de educación.

Uno de los temas que tocará la iniciativa es una mejora al proyecto educativo al interior de la Policía, teniendo en cuenta, según el texto del proyecto, que “uno de los mayores obstáculos para que cualquier colombiano acceda a la carrera de oficial, es el componente económico”. En este apartado se hace referencia a los costos de ingreso y permanencia a la institución, que para muchos son un obstáculo al ser el primer filtro para seleccionar a quienes sueñan con una carrera en la institución.

En cuanto a los ascensos, acogiendo sentencias de la Corte Constitucional, el proyecto pretende ampliar la posibilidad de las personas para ascender hasta ser oficiales de policía. “Se considera que el proyecto colabora con el fin dispuesto por la Corte Constitucional y alimenta la carrera policial, haciéndola más democrática e incluyente. El alto tribunal, incluso ha mencionado los elementos de igualdad de oportunidades en el ingreso, estableciendo que las medidas que se implementen vayan encaminadas a lograr dicho fines”, describen los autores del proyecto en este texto.

Entre las múltiples reformas estructurales que se prometieron en las campañas hacia el Congreso y la Casa de Nariño, y por las que finalmente votaron la mayoría de sufragantes que acudieron a las urnas en los recientes procesos electorales, está la transformación a la Policía. Luego de varias semanas de concertación, este miércoles los senadores Inti Asprilla (Alianza Verde) y María José Pizarro (Pacto Histórico) radicarán ante la Secretaría de Senado dos proyectos de ley con los que se pretende cambiar la imagen de la entidad, sobre todo después del reciente estallido social.

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Por ejemplo, de acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, la Policía cuenta con un 49,5 % de favorabilidad y 45,3 % de desfavorabilidad, por lo que estos proyectos pretenden “reformar aspectos de institución”, según dijo la senadora Pizarro sobre las iniciativas que buscan, por un lado, democratizar el acceso a la carrera oficial en la Policía y su sistema de ascensos, y por el otro prevenir y sancionar los abusos y el uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones públicas.

Prevención, sanción de abusos y uso desproporcionado de la fuerza

El primer proyecto, según se lee en el borrador de las consideraciones generales, busca establecer las medidas para “prevenir y sancionar los abusos en la actividad de policía y el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas, garantizando los derechos establecidos por la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales y las Resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza”.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa buscará erradicar el abuso policial no solo en las manifestaciones públicas sino en general en la actividad cotidiana de la Policía. La idea es extirpar aquellas prácticas que “vulneran derechos fundamentales” que pueden haber incidido en la imagen negativa y la legitimidad de la institución.

Conductas, según el proyecto, “que generan rechazo social y que hasta el momento no son objeto de regulación específica”, por lo que con la ley que se pretende crear buscarán directrices que supriman esos hechos que “están ocasionando el deterioro de las bases de la convivencia y las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía”.

La senadora Pizarro aseguró que en buena parte de este proyecto se recogen “propuestas planteadas en mesas de trabajo conformadas por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, que buscan garantizar los derechos fundamentales que se ejercen en contextos de movilizaciones públicas y pacíficas”.

La congresista añadió sobre la normatividad que la idea es “evitar violaciones a los derechos humanos que puedan ser cometidas precisamente por un abuso excesivo de la fuerza, tanto en la actuación en calle como en el marco de la protesta”, y destacó que luego de la radicación esperan realizar una serie de audiencias y acercamientos con la Policía para fortalecer y contar con su apoyo, como lo han venido teniendo por parte de organizaciones de derechos humanos y víctimas de violencia policial.

“El proyecto busca regular aspectos propios de la actividad de policía, definida en el artículo 20 de la Ley 1801 de 2016 y en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como delimitar los alcances de su accionar en contextos de manifestaciones públicas y pacíficas”, añade el texto del proyecto que entrará a regular la actuación de los agentes de la institución en sus labores de restablecimiento del orden público.

Una de las propuestas de la iniciativa para prevenir los abusos y mejorar la relación entre la institución y la ciudadanía es prohibir que se les exija a los uniformados cuotas de comparendos y resultados operativos como criterio para determinar su evaluación de desempeño y continuidad en el cargo, y que tanto en los Centros de Traslado por Protección como en los CAI existan sistema de videovigilancia que registre las acciones que se dan en dichos lugares.

Sobre la actuación de los agentes en las manifestaciones, uno de los puntos más sensibles del proyecto, el objetivo es regular tres fases del accionar: prevención, disuasión e intervención, que sería algo excepcional “cuando sea necesaria para garantizar los derechos de los manifestantes y de quienes no participan en ella”. Dicha etapa se limitaría al restablecimiento del orden público y luego “el uso de la fuerza debe cesar de inmediato”. Y si en medio del uso de la fuerza hay perjuicios a la integridad, la vida o la libertad de los ciudadanos, se consignará un informe escrito que se debe remitir al superior jerárquico y la Procuraduría.

Democratizar el ingreso y ascenso a la Policía

El segundo proyecto, señaló la senadora Pizarro, pretende regular el régimen de ascensos. “Es decir, volver más democrático el régimen de ascensos, que patrulleros y oficiales puedan realmente ascender en la carrera”, explicó. La base de esta iniciativa es la “democratización del acceso a la carrera de oficial” en la institución, para lo que es necesario remover aquellas barreras de todo tipo, sobre todo económicas, para el ingreso y permanencia a los programas de educación.

Uno de los temas que tocará la iniciativa es una mejora al proyecto educativo al interior de la Policía, teniendo en cuenta, según el texto del proyecto, que “uno de los mayores obstáculos para que cualquier colombiano acceda a la carrera de oficial, es el componente económico”. En este apartado se hace referencia a los costos de ingreso y permanencia a la institución, que para muchos son un obstáculo al ser el primer filtro para seleccionar a quienes sueñan con una carrera en la institución.

En cuanto a los ascensos, acogiendo sentencias de la Corte Constitucional, el proyecto pretende ampliar la posibilidad de las personas para ascender hasta ser oficiales de policía. “Se considera que el proyecto colabora con el fin dispuesto por la Corte Constitucional y alimenta la carrera policial, haciéndola más democrática e incluyente. El alto tribunal, incluso ha mencionado los elementos de igualdad de oportunidades en el ingreso, estableciendo que las medidas que se implementen vayan encaminadas a lograr dicho fines”, describen los autores del proyecto en este texto.