Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luego de que el Gobierno y las Farc anunciaran este miércoles desde La Habana el acuerdo alcanzado en materia de justicia transicional, el expresidente y senador Álvaro Uribe expresó “sus preocupaciones” respecto a lo acordado y criticó que los guerrilleros no paguen penas privativas de la libertad en centros carcelarios.
Según el congresista, el Gobierno ha aceptado que “delincuentes responsables de atrocidades” no vayan a la cárcel a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Y pese a que para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales y restricciones de libertades, no se indica cárcel.
“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición”, aseguró Uribe.
Por otro lado, el expresidente arremetió contra lo que calificó la “igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo”, al advertir que con este acuerdo todos los soldados y policías “quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel”.
“El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”, agregó el senador.
En esa línea, Uribe manifestó además que el acuerdo iguala a la sociedad civil con el terrorismo, ya que –según el expresidente– cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de “tener que aceptar un delito que no cometió” como condición para no ser condenado a la cárcel.
“El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista”, precisó.
Por último, el expresidente señaló que el acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político: “el acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político”.