Los retos de la segunda ronda de diálogos entre el Gobierno y el Eln
Las partes llegan al ciclo de México luego de sortear una crisis por las interpretaciones que suscitó el cese bilateral erróneamente anunciado por el presidente.
Este lunes 13 de febrero inició en México el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Eln: un encuentro de transcendental importancia para el proceso que se inicia. Es la proa del barco de la política de “paz total”, que todavía está en fase de montaje, en medio de una diversidad de procesos de tramitación de las violencias organizadas que persisten, y siendo el Eln la ultima de las organizaciones de nuestro viejo alzamiento armado de los años 60.
Las partes llegan al ciclo de México luego de sortear una crisis por las interpretaciones que suscitó el cese bilateral erróneamente anunciado por el presidente, en un tweet suyo del 31 de diciembre y desmentido por la guerrilla. Este impasse ya fue superado hace tres semanas en una reunión extraordinaria en Caracas y las dos partes continúan con el reto de avanzar. Son cuatro los aspectos que van a tratar en este ciclo en México, que puede durar entre 21 días y un mes de trabajo.
(Lea: “Miguel Uribe Turbay demandó la reforma tributaria por posibles vicios de trámite”)
La agenda
En el ciclo de Caracas entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre pasado, gobierno y Eln abordaron la agenda firmada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN, el 30 de marzo de 2016. La agenda firmada, que sirvió para los diálogos entre el presidente Juan Manuel Santos y el Eln, tiene la lógica de ser pensada y diseñada para un proceso de participación que lleve a concertar unas transformaciones, como sustento de una visión compartida de la paz.
Los ejes de esa agenda son participación, transformaciones y una visión compartida de paz, y los comparte el gobierno, que tiene plena identidad sobre la participación popular para avanzar en la paz total, con vocación y compromiso de transformaciones. Ambas partes coinciden en su mutuo deseo de llevar a la mesa de diálogo a la más amplia diversidad social y política. Prueba de ello es la delegación que en representación del gobierno y la sociedad colombiana estará sentada con el ELN.
La agenda por firmar tendrá la misma lógica del proceso de participación, para concertar unas transformaciones y tener una visión compartida de un país en paz, donde se avance hacia la construcción de una democracia que logre poner fin a las violencias organizadas. Esa agenda muy seguramente se firme al inicio del ciclo de México, pondrá énfasis en la participación de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos, así como en temas de transición energética y asuntos socioambientales.
Participación para la paz
La participación es central en este proceso, es una identidad que tienen gobierno y Eln, punto plenamente viable y enmarcado en nuestro ordenamiento constitucional, que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en su artículo 22, que define la democracia como participativa.
El punto de participación para la paz tiene desarrollos importantes en lo ya trabajado, que sirven de herencia para este nuevo momento: ya hay unas definiciones logradas entre Santos y el Eln, donde se estableció que la participación puede transcurrir por un “carril” regional y otro temático. Son definiciones si se quiere elementales, que tienen el valor de que han sido construidas.
Una participación para la paz se debe desarrollar de manera plural, teniendo como base la tramitación de conflictos territoriales no resueltos, bajo el principio de una permanencia digna de quienes han habitado los territorios y han sido sometidos a la vulneración sistemática de sus derechos, bajo lógicas de exclusión y ejercicio de violencias para expulsarlos y despojarlos de sus territorios.
La participación para la paz que deben proponer el gobierno, la delegación conformada y el Eln, puede apoyarse en los procesos territoriales donde hay comunidades organizadas, gremios comprometidos con este esfuerzo de paz y gobiernos locales que tienen responsabilidades constitucionales para trabajar por sus regiones.
La participación que acuerden tiene en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo una oportunidad de instrumento de gestión pública de gran potencialidad transformadora, y lo que quede en el Plan Nacional de Desarrollo no solo será prioridad, sino que debe contar con recursos para que la gestión del gobierno se convierta en acción de la sociedad. Hay que asumirla entonces como el desarrollo de un mandato constitucional, que establece que la democracia colombiana es participativa. Y ligarla a la definición de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Esa participación tendrá a las regiones como escenarios, y como protagonistas a los sectores sociales que quieran presentar sus formulaciones y propuestas. Que gobierno y Eln se constituyan en gestores y mediadores de una amplia participación hacia el gran esfuerzo de la construcción de la paz y de un nuevo país.
(Lea también: “David Racero aceptó renuncia de asesor Yidis Gahona tras denuncias de acoso sexual”)
Cese bilateral del fuego y de hostilidades
Gobierno y Eln coinciden en adelantar la negociación en medio de una distensión que sirva a las comunidades que sufren la continuidad de la violencia y se genere “un ambiente de paz”. Está el antecedente del cese bilateral de los 100 días, entre octubre de 2017 y enero de 2018; debe ser tomando en cuenta como experiencia sobre la cual se pueda partir para la construcción del nuevo acuerdo.
El presidente Petro ha manifestado que el interés de su Gobierno no está exclusivamente en parar la confrontación con el ELN, lo cual por supuesto es muy importante, pero ha hecho énfasis en su interés en que la población no sufra los estragos de la violencia.
Las dos partes deben establecer con claridad el delicado tema de las “hostilidades”, donde hay un campo por acotar de comprensión y precisiones, para establecer con claridad los compromisos a cumplir. En los últimos días se ven más hechos que involucran acciones del Eln y contra el Eln, por parte de la fuerza pública: en Buenaventura, graves denuncias por parte del Eln, sobre supuestas ejecuciones fuera de combate de sus combatientes, hecho que es motivo de investigación.
También están los hostigamientos a integrantes de la Policía por parte del Eln en Chocó o Segovia, y la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, por mencionar hechos recientes. Vamos a ver si esta tendencia a mayores hechos de acciones armadas se mantiene, ahora que se acerca la efemérides de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el próximo 15 de febrero, que es cuando el ELN adquiere mayor visibilidad, por sus acciones pasadas.
Las acciones militares donde está más comprometido el Eln, es contra otros irregulares: Clan del Golfo en Chocó y Valle, o estructuras disidentes de las FARC, en Arauca, Sur de Bolívar, Cauca y Nariño. Aquí es un reto para gobierno y ELN pactar un cese bilateral, donde también hay que tener en cuenta estas confrontaciones en curso.
Es fundamental pactar un cese bilateral del fuego y de hostilidades que pueda ser verificado por instancias internacionales, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, otras iglesias y los procesos comunitarios territoriales.
(Lea: “Marchas a favor y en contra de las reformas del Gobierno: este es el ambiente”)
Acciones humanitarias
El gobierno y el Eln tienen interés y compromiso en trabajar por resolver las dificultades humanitarias que padecen ciertas comunidades ante la persistencia del conflicto armado, son asuntos urgentes que deben ser atendidos con prontitud y eficacia.
Las dos partes, con la participación de organizaciones comunitarias, iglesias y comunidad internacional han adelantado la Caravana Humanitaria en el Bajo Calima y el San Juan, y de esta experiencia se debe aprender para seguir desplegando iniciativas humanitarias.
En lo humanitario hay mucho por hacer, marcando como prioridad la situación de confinamiento que viven ciertas comunidades, así como el desplazamiento, amenazas de zonas con artefactos explosivos, la reclusión de los presos del ELN, etc. Sobre este conjunto de situaciones, gobierno y ELN pueden trabajar de manera mancomunada.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
A manera de síntesis
Este segundo ciclo de conversaciones en México entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN debe constituirse es la proa de una política de Paz Total que logre arribar a buen puerto. Ambas partes deben lograr: firma de la agenda del proceso, definiciones sobre participación para la paz, el cese bilateral de fuego y hostilidades y acciones humanitarias conjuntas.
Los mejores deseos para las dos partes, y gratitud con el Gobierno y el pueblo de México por su trabajo y compromiso, al igual que para los países de la comunidad internacional que actúan como garantes y acompañantes.
*Esta nota se publica en alianza con la Fundación Paz y Reconciliación*
Este lunes 13 de febrero inició en México el segundo ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Eln: un encuentro de transcendental importancia para el proceso que se inicia. Es la proa del barco de la política de “paz total”, que todavía está en fase de montaje, en medio de una diversidad de procesos de tramitación de las violencias organizadas que persisten, y siendo el Eln la ultima de las organizaciones de nuestro viejo alzamiento armado de los años 60.
Las partes llegan al ciclo de México luego de sortear una crisis por las interpretaciones que suscitó el cese bilateral erróneamente anunciado por el presidente, en un tweet suyo del 31 de diciembre y desmentido por la guerrilla. Este impasse ya fue superado hace tres semanas en una reunión extraordinaria en Caracas y las dos partes continúan con el reto de avanzar. Son cuatro los aspectos que van a tratar en este ciclo en México, que puede durar entre 21 días y un mes de trabajo.
(Lea: “Miguel Uribe Turbay demandó la reforma tributaria por posibles vicios de trámite”)
La agenda
En el ciclo de Caracas entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre pasado, gobierno y Eln abordaron la agenda firmada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el ELN, el 30 de marzo de 2016. La agenda firmada, que sirvió para los diálogos entre el presidente Juan Manuel Santos y el Eln, tiene la lógica de ser pensada y diseñada para un proceso de participación que lleve a concertar unas transformaciones, como sustento de una visión compartida de la paz.
Los ejes de esa agenda son participación, transformaciones y una visión compartida de paz, y los comparte el gobierno, que tiene plena identidad sobre la participación popular para avanzar en la paz total, con vocación y compromiso de transformaciones. Ambas partes coinciden en su mutuo deseo de llevar a la mesa de diálogo a la más amplia diversidad social y política. Prueba de ello es la delegación que en representación del gobierno y la sociedad colombiana estará sentada con el ELN.
La agenda por firmar tendrá la misma lógica del proceso de participación, para concertar unas transformaciones y tener una visión compartida de un país en paz, donde se avance hacia la construcción de una democracia que logre poner fin a las violencias organizadas. Esa agenda muy seguramente se firme al inicio del ciclo de México, pondrá énfasis en la participación de mujeres, jóvenes y pueblos étnicos, así como en temas de transición energética y asuntos socioambientales.
Participación para la paz
La participación es central en este proceso, es una identidad que tienen gobierno y Eln, punto plenamente viable y enmarcado en nuestro ordenamiento constitucional, que establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento en su artículo 22, que define la democracia como participativa.
El punto de participación para la paz tiene desarrollos importantes en lo ya trabajado, que sirven de herencia para este nuevo momento: ya hay unas definiciones logradas entre Santos y el Eln, donde se estableció que la participación puede transcurrir por un “carril” regional y otro temático. Son definiciones si se quiere elementales, que tienen el valor de que han sido construidas.
Una participación para la paz se debe desarrollar de manera plural, teniendo como base la tramitación de conflictos territoriales no resueltos, bajo el principio de una permanencia digna de quienes han habitado los territorios y han sido sometidos a la vulneración sistemática de sus derechos, bajo lógicas de exclusión y ejercicio de violencias para expulsarlos y despojarlos de sus territorios.
La participación para la paz que deben proponer el gobierno, la delegación conformada y el Eln, puede apoyarse en los procesos territoriales donde hay comunidades organizadas, gremios comprometidos con este esfuerzo de paz y gobiernos locales que tienen responsabilidades constitucionales para trabajar por sus regiones.
La participación que acuerden tiene en el proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo una oportunidad de instrumento de gestión pública de gran potencialidad transformadora, y lo que quede en el Plan Nacional de Desarrollo no solo será prioridad, sino que debe contar con recursos para que la gestión del gobierno se convierta en acción de la sociedad. Hay que asumirla entonces como el desarrollo de un mandato constitucional, que establece que la democracia colombiana es participativa. Y ligarla a la definición de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Esa participación tendrá a las regiones como escenarios, y como protagonistas a los sectores sociales que quieran presentar sus formulaciones y propuestas. Que gobierno y Eln se constituyan en gestores y mediadores de una amplia participación hacia el gran esfuerzo de la construcción de la paz y de un nuevo país.
(Lea también: “David Racero aceptó renuncia de asesor Yidis Gahona tras denuncias de acoso sexual”)
Cese bilateral del fuego y de hostilidades
Gobierno y Eln coinciden en adelantar la negociación en medio de una distensión que sirva a las comunidades que sufren la continuidad de la violencia y se genere “un ambiente de paz”. Está el antecedente del cese bilateral de los 100 días, entre octubre de 2017 y enero de 2018; debe ser tomando en cuenta como experiencia sobre la cual se pueda partir para la construcción del nuevo acuerdo.
El presidente Petro ha manifestado que el interés de su Gobierno no está exclusivamente en parar la confrontación con el ELN, lo cual por supuesto es muy importante, pero ha hecho énfasis en su interés en que la población no sufra los estragos de la violencia.
Las dos partes deben establecer con claridad el delicado tema de las “hostilidades”, donde hay un campo por acotar de comprensión y precisiones, para establecer con claridad los compromisos a cumplir. En los últimos días se ven más hechos que involucran acciones del Eln y contra el Eln, por parte de la fuerza pública: en Buenaventura, graves denuncias por parte del Eln, sobre supuestas ejecuciones fuera de combate de sus combatientes, hecho que es motivo de investigación.
También están los hostigamientos a integrantes de la Policía por parte del Eln en Chocó o Segovia, y la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas, por mencionar hechos recientes. Vamos a ver si esta tendencia a mayores hechos de acciones armadas se mantiene, ahora que se acerca la efemérides de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el próximo 15 de febrero, que es cuando el ELN adquiere mayor visibilidad, por sus acciones pasadas.
Las acciones militares donde está más comprometido el Eln, es contra otros irregulares: Clan del Golfo en Chocó y Valle, o estructuras disidentes de las FARC, en Arauca, Sur de Bolívar, Cauca y Nariño. Aquí es un reto para gobierno y ELN pactar un cese bilateral, donde también hay que tener en cuenta estas confrontaciones en curso.
Es fundamental pactar un cese bilateral del fuego y de hostilidades que pueda ser verificado por instancias internacionales, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, otras iglesias y los procesos comunitarios territoriales.
(Lea: “Marchas a favor y en contra de las reformas del Gobierno: este es el ambiente”)
Acciones humanitarias
El gobierno y el Eln tienen interés y compromiso en trabajar por resolver las dificultades humanitarias que padecen ciertas comunidades ante la persistencia del conflicto armado, son asuntos urgentes que deben ser atendidos con prontitud y eficacia.
Las dos partes, con la participación de organizaciones comunitarias, iglesias y comunidad internacional han adelantado la Caravana Humanitaria en el Bajo Calima y el San Juan, y de esta experiencia se debe aprender para seguir desplegando iniciativas humanitarias.
En lo humanitario hay mucho por hacer, marcando como prioridad la situación de confinamiento que viven ciertas comunidades, así como el desplazamiento, amenazas de zonas con artefactos explosivos, la reclusión de los presos del ELN, etc. Sobre este conjunto de situaciones, gobierno y ELN pueden trabajar de manera mancomunada.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
A manera de síntesis
Este segundo ciclo de conversaciones en México entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN debe constituirse es la proa de una política de Paz Total que logre arribar a buen puerto. Ambas partes deben lograr: firma de la agenda del proceso, definiciones sobre participación para la paz, el cese bilateral de fuego y hostilidades y acciones humanitarias conjuntas.
Los mejores deseos para las dos partes, y gratitud con el Gobierno y el pueblo de México por su trabajo y compromiso, al igual que para los países de la comunidad internacional que actúan como garantes y acompañantes.
*Esta nota se publica en alianza con la Fundación Paz y Reconciliación*