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Óscar Andrés Obando Betancourt fue uno de los nueve jóvenes masacrados en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en Nariño. Departía con algunos amigos en una de las casas más alejadas en la vereda cuando hombres armados los asesinaron hacia las 9:30 de la noche del pasado 15 de agosto. Ninguna de las víctimas sobrepasaba los 27 años. Samaniego no los olvida y ya hacen parte de la tragedia que, una y otra vez, desencadena en violación de los derechos humanos. El mes de agosto cerró con 10 masacres, que representa el 21,7 % del total del año, según registros de Colombia2020. En Andes (Antioquia), se cometió la más reciente masacre de tres personas, incluido un menor de edad.
(Lea: Las advertencias que el Gobierno conocía sobre las masacres)
El mapa rojo suma 47 masacres y 190 víctimas, lo que representa un escalamiento de la violencia, la intimidación y el miedo en los territorios. En 2019 fueron 36 masacres y 133 víctimas, según la ONU. Como en Samaniego, varias de las zonas donde se cometieron estos crímenes contaban, por lo menos, con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, avisos que advirtieron los riesgos a los que estaba expuesta su población rural, inerme ante la presencia de grupos armados ilegales. Ante esa oleada de masacres, ronda la misma pregunta que genera indignación: ¿dónde está la acción del Gobierno, la reacción y la prevención frente a los riesgos de violencia?
La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) hace parte del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, y fue creado por el Estado y reglamentada en 2017 como ruta para neutralizar los riesgos que atentan contra los derechos de las poblaciones y la implementación del Acuerdo de Paz. En palabras simples, un espacio coordinado por el Ministerio del Interior, del que hace parte el Ministerio de Defensa, la Defensoría, la Unidad para las Víctimas, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, y el director de la Unidad de Protección. Todas esas entidades deben actuar de forma articulada para prevenir que acciones violentas como las masacres ocurran.
El Ministerio del Interior ha dicho que el Ciprat le ha hecho seguimiento a todas las advertencias que ha hecho la Defensoría, puntualmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Según expresó Carlos Alberto Baena el pasado 24 de agosto en debate de control político, desde 2017 a esa fecha, se han atendido 182 alertas tempranas y 6.279 recomendaciones “a las entidades nacionales y territoriales”, gracias a 240 sesiones de seguimientos realizadas por la Ciprat. “El Ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo por fortalecer la capacidad de alcaldías y gobernaciones a través de inversión social. Notamos que siempre los seguimientos son superiores a las alertas tempranas”, comentó Baena, asegurando que se han hecho dos seguimientos a cada alerta emitida en los departamentos del suroccidente.
¿Entonces por qué la deficiencia? Como manifestaron organizaciones de la sociedad civil y según las observaciones de la propia Defensoría, la respuesta del Ciprat es ineficiente porque más que servir para concertar acciones conjuntas y decisiones en los territorios, funciona como una notaría de lo que cada entidad hace por separado desde su propia competencia. “En el trabajo que se hace en el Ciprat hay una enorme falla. Lo que viene ocurriendo, no solo con esa comisión sino con el conjunto de entes que creó el Estado, es que en vez de que sus funcionarios analicen el problema y definan acciones, llegan a contar lo que están haciendo y no salen de ese molde. No adecúan sus acciones para responder eficientemente a las alertas”, dice Franklin Castañeda, vocero de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías.
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Con su comentario, le lanza una crítica directa al Gobierno, y manifiesta que este solo “simula que esos espacios están funcionando, pero avanza en rutas paralelas a las creadas en el Acuerdo de Paz”. “Se quedan en una respuesta discursiva de culpar al Gobierno anterior, pero no han sido capaces de brindar atención integral donde se han dado estas alertas y se necesita mayor atención del Estado”, añade. Existe un documento de recomendaciones que cuidadosamente ha realizado la Defensoría para que ese espacio responda de manera acorde a lo que necesitan los territorios, especialmente del suroccidente, pues el 25 % de las alertas tempranas se concentran justamente allí (42 de las 183 emitidas).
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“En todas ellas, además de los defensores, reincorporados y líderes sociales, están en riesgo los campesinos, las comunidades étnicas, afros e indígenas en peligro de estructuras que han venido configurándose en una avanzada que viene del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, especialmente en los municipios de Toribío, Suárez, Buenos Aires, y que viene expandiéndose hacia el sur. Es un escenario de confrontación que se está configurando allí, y en el Pacífico nariñense”, advirtió el pasado 24 de agosto Mateo Gómez, defensor delegado. Hace falta acción inmediata y prevención de forma focalizada. “Debemos cualificarnos en la toma de decisiones” insiste Gómez, recalcando en que de la Ciprat debe hacer uso de su capacidad técnica y recursos para llegar a las zonas con cronogramas de trabajo para cada zona.
Algo similar comenta Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, quien considera que el trabajo de la Ciprat debe ir encaminado “a que las acciones que allí se enuncien lleguen a las comunidades de forma oportuna y rápida”. Además, explica que, por un lado, la Defensoría del Pueblo podría hacer un papel más activo en el tema de seguimiento, y por el otro, el Ministerio del interior hacer lo propio para liderar que se haga efectiva una política de atención y de prevención, analizar los riesgos y que el Estado llegue con toda su capacidad a esos lugares de tanta vulnerabilidad.
Ahora, esta no es la única razón para la ineficiente respuesta del Gobierno a las advertencias de masacres y otras formas de violencia. Sobre ello, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el análisis del Conflicto (Cerac), habla de dos factores: primero, que el Ciprat es un organismo de coordinación y por su misma naturaleza limitado, y segundo, que existe una desconexión entre la política de seguridad y el sistema que responde a las alertas de violencia. Según Restrepo, el problema radica en la concepción de la doctrina militar y el acompañamiento del Ministerio de Defensa, que, según las fuentes consultadas, lidera lo que pasa en el Ciprat, y el del Interior hace un papel más “accesorio”.
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“Una de las deficiencias de la política de seguridad es que no tiene meta en respuesta, reducción y gestión del riesgo de violencia. Se evidencia la desconexión y es un problema de gestión pública. Si el país no tiene una política que le pida explicaciones a los comandantes de policía, se limitarán a mandar patrullas, pero de ahí no pasa nada más”, agrega. Y hace una relación importante: la respuesta militar que está dando el Ministerio de Defensa obedece a unas dinámicas de conflicto de años atrás, cuando había enfrentamientos entre estructuras como las Farc y el paramilitarismo, que tenían una fuerte organización. Mientras que en la actualidad ha cambiado esa dinámica y, tal como mencionó la Defensoría, los grupos ilegales funcionarían de una manera más individual, algo que sabe el Ministerio de Defensa.
“Hoy no podemos seguir pensando que de lo que se trata es de tener un dispositivo de seguridad de ocupación militar, muy de la época cuando teníamos conflicto con la guerrilla. La manera en cómo educan a los oficiales, la disciplina militar, la forma de operación, los manuales, todo durante más de 56 años estuvo hecho para ese conflicto. Entonces, mientras seguimos exigiendo presencia de militares, como si pudiéramos derrotar la criminalidad con retenes, chequeos y restricción a la movilidad, las organizaciones criminales han cambiado en el tiempo. Eso debe cambiar porque las realidades hoy son diferentes”, afirma.
Bajo ese análisis, Restrepo hace hincapié en los posibles caminos para que el Estado y durante este Gobierno pueda brindar una respuesta más efectiva a la violencia. Enfatiza que, si el ELN se sale de esas disputas territoriales, la situación en ciertos lugares cambiaría. Y manifiesta que la sociedad debe exigirle al Gobierno un actuar más apropiado para las alertas que necesitan atención inmediata y las que representan problemas estructurales en las regiones, y que para ello el activismo político y el civil es esencial. “Se nos olvidó tener una sociedad civil activa en este momento, demandado reducciones de la violencia y nuevas políticas de seguridad”, finaliza.