“Los Úsuga no son simples delincuentes”: Álvaro Villarraga Sarmiento

Cinco personas muertas, bloqueos en 36 municipios de ocho departamentos y un mar de dudas y temores dejó el paro armado decretado esta semana por el denominado clan Úsuga, que logró demostrar, en tan sólo dos días, el alcance de sus redes y la consolidación de un poder que se viene gestando desde hace varios años. Álvaro Villarraga Sarmiento, director de la Fundación Cultura Democrática e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, hace una radiografía del grupo criminal y explica por qué los Úsuga no pueden entrar en la categoría de bandas criminales.

¿Cuánta influencia tiene el clan Úsuga actualmente en el país?

El grupo que a sí mismo se ha denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que popularmente tiene desde hace varios años el reconocimiento en muchas regiones como Urabeños y que ahora se hace llamar clan Úsuga, tiene un potencial muy alto en la actualidad. Tras años de disputas con herederos de antiguos dominios paramilitares, en especial con los Rastrojos, logró una hegemonía clara. Es un grupo de poder, una mixtura entre lo ilegal y lo legal, no puede subestimarse y no puede entenderse como un simple fenómeno delincuencial. Es una delincuencia de un potencial tal que guarda nexos y herencias de alianzas en lo político, de ciertos niveles de incidencia en redes sociales, económicas y con posibilidades de ejercer niveles de control, incluso político, con aliados en ámbitos locales y regionales.

¿Por qué se presentan como Autodefensas Gaitanistas?

Los Úsuga tienen una línea directa como proveniencia del paramilitarismo, y eso es muy conocido. Se trata de grupos que permanecieron y que, en el caso de ellos, se reactivaron teniendo como eje el Atrato, Urabá y el sur de Córdoba. Luego se expandieron hacia la región Caribe y el andén del Pacífico e incursionaron en el Catatumbo, llegando incluso a partes del Magdalena Medio y el Llano. Eso demuestra que no se trata de un fenómeno reducido al bandidaje delincuencial, sino que desafía el poder institucional, lo coopta, lo penetra y lo pone a su servicio.

¿Hay un cálculo aproximado de cuántos hombres hacen parte de la organización?

Cualquier cifra que se diga es una aproximación, por el mismo carácter ilegal y el tipo de actuación del grupo. En el informe que publicamos en el Centro de Memoria Histórica a finales de 2015, viendo varios estimativos de fuentes oficiales y de organizaciones que hacen seguimiento a este tipo de agrupaciones, veíamos que aproximadamente puede tener unos 6.000 efectivos. Con una particularidad: su actuación no es como la de las guerrillas, con grupos permanentes, uniformados o dedicados, por ejemplo, a acciones subversivas de la guerra. Sin descartar con ello el hecho de que mantengan en algunas subregiones agrupaciones armadas con cierto potencial militar. Aquí se trata más bien de redes complejas, encubiertas, de asociaciones y contrataciones de servicios integradas por sicarios y bandas locales y regionales que dominan determinados enclaves, como el caso de cultivos ilícitos, el procesamiento y transporte de cocaína, así como otras economías legales. Penetran mucho, por ejemplo, el mototaxismo.

Usted habla de relaciones con economías legales y de nexos con la institucionalidad. ¿Existe también connivencia de la Fuerza Pública?

Hubo un cambio significativo del anterior paramilitarismo a lo que hay ahora. Ya no estamos hablando de los niveles nacionales de permisividad, colaboración o no actuación de la Fuerza Pública que se presentaban en los años 90 y hasta las desmovilizaciones de las Auc. Este tipo de grupos mantienen niveles de alianzas, corrupción o intimidación con autoridades, sobre todo en el ámbito regional y local. Sin embargo, hay casos de agentes locales que establecen compromisos con este tipo de grupos.

Hay quienes dicen que, en el paro armado, los Úsuga dejaron ver un discurso con tintes políticos...

De alguna manera, en este llamado paro armado, en los panfletos que circularon y en los pronunciamientos, hay una clara intencionalidad por parte del grupo. Pareciera que están tratando de mandar un mensaje de reconocimiento político. Llaman la atención frases en las que hacen referencia a compartir el proceso y la dinámica de paz que se da en el país y argumentan, en sus panfletos, que cumplirían las condiciones de control territorial, capacidad de actuación militar y de tener un mando responsable. También llama la atención que son argumentos en los que ellos buscan —a la luz del derecho internacional humanitario— una especie de reconocimiento como grupo armado del conflicto y de allí un reconocimiento político. Yo no comparto ese reconocimiento al estilo de las guerrillas. No son grupos de carácter político, como lo son las insurgencias de las Farc y el Eln. Estos grupos son expresión de economías ilegales, sectores emergentes y alianzas desde la ilegalidad, desde el lucro y el atesoramiento y la expropiación violenta de recursos y bienes a través de ataques sistemáticos.

Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia: combatir o negociar?

El Gobierno tiene la necesidad y la oportunidad ahora de revisar su estrategia de combate frente a este tipo de agrupaciones, y está en la obligación de recuperar el control territorial, combatir las economías ilegales y emplearse en una lucha a fondo contra su presencia, que no es desestimable y que en buen grado mantiene nichos de poder que han sido en las últimas dos o tres décadas tradición de rezagos paramilitares. Esto no excluye el que puedan darse algunos manejos tendientes, por ejemplo, al sometimiento a la justicia. Pero lo cierto es que la estrategia militar utilizada hasta el momento, de persecución directa, ha sido insuficiente y defectuosa, porque no hay un entendimiento de las dimensiones del fenómeno.

Porque vale la pena señalar que los Úsuga son tan sólo una parte del problema...

Exacto. El asunto de fondo es que el fenómeno paramilitar no ha sido cabalmente superado y estamos en una fase de paramilitarismo más degradado que, aunque debilitado en ciertos aspectos, lamentablemente sigue vigente en distintos niveles. Aunque se ha acuñado en los medios y se ha popularizado el uso del concepto “bacrim”, se trata de un término equivocado por cuanto reduce el tema a un fenómeno solamente delincuencial. Estos grupos que permanecen resultan ser, en los últimos años, los principales responsables de las violaciones de derechos humanos. Están cometiendo más de 600 violaciones e infracciones por año, de manera que no es un factor desestimable. Además, si bien ya no estamos en el pico de los 90 en masacres, preocupa mucho que algunas violaciones no descendieron e incluso algunas han ascendido bajo la vigencia de estos nuevos grupos rearmados. Por ejemplo, el desplazamiento forzado: la tendencia no es al descenso y mantiene volúmenes altísimos, cercanos a los 300.000 desplazados anuales.

¿Existe una relación directa entre la consolidación de estos grupos y las recientes denuncias de atentados y amenazas contra líderes de movimientos políticos de izquierda y defensores de derechos humanos?

Hay que ser claros en una cosa: la doctrina de la Seguridad Nacional está vigente en el país. Es la doctrina de enemigo interno y de atacar personas civiles —llámense hoy Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos o reclamantes—, porque se consideran de alguna manera afines o relacionados con la insurgencia. Quisiéramos que no, pero lamentablemente eso sigue teniendo expresión. Por ejemplo, las amenazas se han incrementado. Lo ocurrido en los últimos meses es que, lamentablemente, al ritmo del proceso de paz vuelven a aparecer asesinatos con claro sentido político de líderes civiles, activistas políticos y personas cercanas al proceso de paz. Es grave para el país que Marcha Patriótica esté diciendo que tiene ya 120 víctimas. También hay muertos del Congreso de los Pueblos, de reclamantes de tierras, de mujeres y de defensores de derechos humanos.

¿Se puede hablar entonces de nexos de estas organizaciones con grupos políticos?

Muchos estudios académicos, informes de ONG y aproximaciones al tema encuentran que estas expresiones derivadas del fenómeno paramilitar sin duda alguna guardan mucho nexo con la llamada parapolítica y, aunque hay menor volumen y altos niveles de deslegitimación, no puede desconocerse que todavía, en administraciones locales y en ciertas instancias de Estado, hay presencia de capitales de narcotráfico, de economías ilegales o de economías legales instrumentalizadas por esa serie de fracciones políticas y sociales que entremezclan intereses. No nos digamos mentiras, aún eligen gobernadores y alcaldes, aún controlan y crean fracciones políticas. No son suficientes las acciones judiciales. Hay herederos directos, esposas, hijos, familiares de personas que están presas y han sido condenadas. Estamos en esa realidad.

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Retos del Gobierno tras la firma de los acuerdos

¿Cuál es el principal riesgo que representan estas nuevas estructuras de cara a un escenario de posconflicto tras la firma de la paz con las guerrillas de las Farc y el Eln?

Si se logra el desarme de las guerrillas y los procesos de paz llegan a buen término, el Gobierno tendrá un reto grandísimo. El Estado no puede darse el lujo de fracasar institucionalmente como en los pasados procesos, cuando fue incapaz de recuperar los territorios. Ahora está absolutamente obligado a recuperarlos y no desde el punto de vista de la guerra, sino desde la vigencia del Estado constitucional, con la presencia garantista del Estado, cortándoles el paso a las economías ilegales con políticas sociales y efectivas de sustitución de cultivos. Son tareas de alta magnitud, pero ahí estará el corazón de los procesos de paz. No queremos a los amnistiados del pacto de paz de las Farc y el Eln con la misma ruta que tuvieron los del M-19 y el Epl, que tuvieron que salir en masa de las regiones porque los estaban matando y desplazando. Eso no puede pasar esta vez, hay que brindar garantías, ante todo, a las propias comunidades, al tejido social y a la población amnistiada.

La misma matriz de los acuerdos de paz ya da un marco de compromisos de Estado para hacer viable esta situación.

Cifras

339 municipios del país tienen presencia de grupos armados ilegales posdesmovilización, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.

119 de esos municipios tienen presencia del denominado clan Úsuga, 76 de los Rastrojos y 39 de las Águilas Negras.