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El pasado 20 de julio, en la instalación de sesiones del Congreso, no solo se desnudaron las diferencias casi irreconciliables que hay entre los partidos de oposición al gobierno Duque, sino que también se vivieron varios hechos inesperados. Primero fue la imposibilidad de la Alianza Verde, Comunes y Pacto Histórico para ponerse de acuerdo y designar una sola persona para llevar a cabo la réplica al discurso presidencial, por lo que tuvieron que dividirse el tiempo. Luego fue el desplante del primer mandatario al no quedarse para escuchar esas respuestas. Y por último, el bloqueo que por primera vez se dio al candidato elegido por estos sectores para ocupar la segunda vicepresidencia del Senado, dignidad que les correspondía por el Estatuto de Oposición y que iba a quedar en manos de Gustavo Bolívar.
Todos estos hechos tienen un punto en común: posibles vacíos en el mencionado Estatuto, que es relativamente nuevo —promulgado en 2018— a pesar de que la Constitución de 1991 dejó claro en el artículo 112 que una ley estatutaria sería la encargada de reglamentar el derecho a “la función crítica frente al Gobierno y a plantear y a desarrollar alternativas políticas”. A pesar de su corta vida, ya son varios los episodios en los que queda la sensación de que dicha reglamentación se quedó corta o que los legisladores no previeron algunos de los escenarios en los que ha sido puesta a prueba dicha ley, considerada en extremo garantista.
En un primer momento, en 2018, Gustavo Petro llegó al Senado por el Estatuto de Oposición, que le otorga una curul al segundo en las elecciones presidenciales. Por eso pidió que se le otorgara la personería jurídica a la Colombia Humana, lo cual se le negó bajo el argumento de que la ley solo contempla otorgarla a los movimientos que superen el umbral en las elecciones legislativas. Un hecho similar ocurrió con Ángela María Robledo, quien perdió su curul en la Cámara otorgada como fórmula vicepresidencial de Petro, bajo el argumento de que había incurrido en doble militancia, debido a que esta le fue entregada por Colombia Humana sin renunciar a la Alianza Verde.
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En otros hechos, en 2019 hubo un amplio debate en torno a dónde iba el derecho de la oposición a fijar el orden del día. Aunque se supone que este espectro tiene la posibilidad de definir cada año legislativo el cronograma de tres sesiones, también hubo dudas de si podían llegar a definir dichas fechas. Mientras que la oposición decía que sí, Ernesto Macías, entonces presidente del Senado, dijo que era una usurpación de la Mesa Directiva. Estos son solo algunos ejemplos que dan cuenta de situaciones en las que el Estatuto no tuvo las respuestas suficientes ante dichos problemas. Sin embargo, según varios consultados, el problema no es tanto de la legislación existente, sino de la cultura política y los actores que los aplican.
“Puede que en los diseños institucionales tengamos el Estatuto perfecto, que es algo casi imposible, pero a la hora de relacionarlos con los actores políticos es cuando se comienzan a encontrar los vacíos”, expresó Nadia Pérez, politóloga e investigadora de la UNAB, quien cuestiona que el contexto de violencia política en Colombia obligue a que este sea uno de los pocos países donde se tenga que entrar a regular el ejercicio de la oposición. Para la académica, más allá de lo que dice el Estatuto, la cuestión parte de que hay una tradición legalista en la que no importa tanto lo que diga la norma, como la interpretación, “que muchas veces es más política que jurídica”.
“El problema no es de la norma, es de los actores.”, agregó Pérez frente a lo ocurrido el 20 de julio. Un argumento similar dio Felipe Botero, director de la veeduría Congreso Visible. “El hecho de que el presidente se haya salido no es un problema del Estatuto, que no lo obliga a que se quede o que no se vaya. Más que un problema legal, es algo político y habla de un presidente que se burla en la cara de la ciudadanía y le falta el respeto a la democracia”, expresó Botero, quien consideró que aún si se reformara el Estatuto para que el jefe de Estado tuviera que escuchar la réplica, se encontrarían formas de irrespetar el espacio: “Se queda y se pone a hacer un crucigrama, a ver el celular o lo que sea. La pregunta es qué valor le dan a la democracia”.
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En un sentido similar, mencionó el episodio del voto en blanco contra Bolívar y aseveró que el Estatuto no puede abarcar todos los escenarios posibles y el problema pasa a ser de índole ético y de la sagacidad de los que encontraron esta condición, para sacar ventaja. Eso sí, Botero consideró que existe un vacío importante en el Estatuto que consiste en “asumir que la oposición es un solo grupo unificado y cohesionado, como si fuera un solo partido disciplinado y cohesionado. No se contempla que la oposición es múltiple y pueda estar fragmentada en su interior”. Esto se habría evidenciado en hechos como la réplica al discurso presidencial y en la misma elección fallida de Bolívar.
En este último punto hay coincidencias con Camilo Mancera, coordinador jurídico de la MOE, quien considera que el problema del Estatuto radica en que está planteado en clave de partidos, cuando existen figuras adicionales como los grupos significativos y las coaliciones. “Nuestro sistema está pensado en partidos y se legisla pensando en ellos. El chicharrón de Petro con la personería de Colombia Humana y de Ángela María Robledo con la pérdida de su curul es porque vienen de grupos significativos”. Mancera mencionó otros posibles líos a escala nacional y regional, advirtiendo que en 2022 puede haber una cuestión similar a la de Bolívar, por los tiempos para declararse en oposición, aunque gran parte de estos problemas se solucionarían si el Consejo Nacional Electoral (CNE) toma el papel del garante que le corresponde.
A pesar de todo, el senador Roy Barreras, coautor y ponente del Estatuto de Oposición, salió en su defensa, argumentando que aducir que la culpa es de la norma solo busca exculpar a los responsables de su violación. En cuanto a la ausencia de Duque en las réplicas, dijo que quedó claro que este Gobierno no dialoga. Y sobre el caso de Bolívar, aseguró que hubo tanto una ilegalidad de las mayorías como de la Alianza Verde que no amerita hacer ajustes, pues “cuando alguien quiere violar la ley, la pasa por encima”. Y sobre la curul de Ángela María Robledo, cree que tampoco hubo omisión del Estatuto, pues no podían imaginar que “la Corte Constitucional se inventara una nueva inhabilidad. No es falencia de la ley, es del fallo”.