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El canciller Luis Gilberto Murillo respaldó la tesis del presidente Gustavo Petro en cuando a la necesidad de acudir a Naciones Unidas para denunciar al Estado colombiano por el incumplimiento en el acuerdo de paz con las extintas Farc, lo cual deriva de varios motivos y que, entre ellos, tendría la institucionalidad que se desarrolló tras ese pacto.
Lo que ha venido diciendo el jefe de Estado es que el documento suscrito en 2016 sí tendría la carga jurídica y política para impulsar la constituyente que ha venido promoviendo desde hace unas semanas, y que la implementación en varios aspectos está quedada, entre otras cosas, por una “trampa” que surge de #una institucionalidad que no sirve para aplicar esto”.
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Murillo, en diálogo con El Espectador, ratificó que asuntos como la verdad en torno a la guerra en Colombia no deberían estar fragmentados, como –a su juicio– sucede con lo que se dice ante Justicia y Paz, la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Pero admitió que para poder hacer una modificación a las instituciones que surgieron del acuerdo con las Farc tendría que eventualmente reabrirse una negociación.
“Es que si se requiere reestructurar instituciones del acuerdo, y este es un acuerdo entre dos partes, pues se tendría que reabrir una negociación con las Farc. Pero yo no he escuchado al presidente Petro todavía en esa línea”, precisó Murillo en su diálogo con este diario, el cual se publica completo en la edición dominical de este 26 de mayo.
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Y agregó: “Lo que el presidente Petro está diciendo es que aquí necesitamos el apoyo de toda la comunidad internacional en este diálogo sincero para realmente cumplir los acuerdos, porque vamos a tener que hacer muchas modificaciones, también presupuestales”. Esto se traduce en que el Gobierno mantiene su postura de acudir a Naciones Unidas.
El Canciller, quien también habló de la relación con Estados Unidos, el proceso electoral en Venezuela, Israel y –entre otros asuntos– la elaboración de pasaportes, advirtió que para implementar lo acordado con las extintas Farc necesita ajustes, además de los aspectos jurisdiccionales, en lo relativo a tierras e inclusión social.
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