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El decreto 0606 de 2024 oficializó la salida de Sandra Ortiz como consejera presidencial para las Regiones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La exfuncioria había presentado su renuncia el pasado 6 de mayo, después de haber sido mencionada como una de las supuestas cómplices en el escándalo de corrupción denunciado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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Luz María Múnera, quien renunció hace poco de su cargo como viceministra para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza del Ministerio de Igualdad, entrará a reemplazarla.
Ortiz es acusada de haber entregado $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name (quien, como la exconsejera, también hace parte del partido Alianza Verde), para que apoyara las reformas del gobierno Petro en su corporación legislativa. Pocos días después de que salieran a la luz los señalamientos de Pinilla, ella presentó su renuncia.
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Aunque Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, también fue mencionado por el exsubdirector de la Ungrd, este no salió del Gobierno. Aparentemente, las pruebas presentadas por Pinilla no habrían sido lo suficientemente incriminatorias, ya que se trataba únicamente de un chat en el que entablaron contacto.
Múnera, además de haber pasado por el ministerio que dirige la vicepresidenta Francia Márquez, ha estado en otros cargos. Fue representante a la Cámara por el Pacto Histórico desde el departamento de Antioquia y fue ponente del proyecto que dio vida al Ministerio de Igualdad y Equidad. La semana pasada, esa ley fue dejada sin efectos por parte de la Corte Constitucional, que halló un “vicio de procedimiento insubsanable” en su paso por el Legislativo.
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La estancia en el Congreso de la ahora consejera presidencial duró solo un año debido a la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado. Su puesto pasó a John Jairo Berrío López, del Centro Democrático.
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