M-19, la paz y la Constitución

El M-19 había firmado la paz cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Antonio Navarro (el líder más reconocido después del asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro) ejercía como ministro de Salud, cargo al cual renunció y lideró la lista constituyente de la Alianza Democrática M-19. En otras palabras, el M-19 protagonizó el proceso desde la orilla de la civilidad. Y el país lo apoyó mayoritariamente.

Como antecedentes, antes del gobierno del presidente César Gaviria, tres hechos marcaron la convocatoria del excepcional mecanismo colectivo de reforma constitucional: el primero fue el “naufragio” de la reforma política que el presidente Virgilio Barco había presentado al Congreso, dentro de los compromisos con el M-19 para la firma de la paz. De esta manera se intentó, sin éxito, forzar la reforma política por mecanismos excepcionales.

La otra circunstancia quedó consignada en uno de los apartes del texto del acuerdo firmado entre el M-19 y el gobierno de Barco (9 de marzo de 1990), que revela el afán por “sellar” el proceso de negociación con la reforma política de “desbloqueo del país y de la democracia”, que dice: “… Coincidimos en la necesidad de que a través de los mecanismos ordinarios de reforma constitucional o mediante la convocatoria del constituyente primario, plebiscito, referendum o asamblea constituyente, se fortalezca la legitimidad institucional y la aprobación de materias de vital importancia para la consecución de la paz” (sic).

Y el tercero, sobre el cual el exministro Camilo González Posso tiene un maravilloso anecdotario, nos dice que la movilización ciudadana juvenil conocida como Séptima Papeleta y el texto de convocatoria a la “Asamblea Constitucional”, contó con la intervención activa del M-19.

En síntesis, el escenario de la Constituyente de 1991 fue permeado por el optimismo ciudadano que se originó con la paz exitosa del  M-19. De igual manera, el talante irreductible de convivencia pacífica que le imprimió el proceso de paz a la convocatoria constituyente, permitió superar el estruendo de la “guerra integral contra la guerrilla” que, con el ataque al llamado santuario de las Farc de Casa Verde, inauguró el presidente Gaviria el 9 de diciembre de 1990, día en que se realizaba la elección de los delegatarios a la Constituyente. Aunque el expresidente Gaviria guarda silencio sobre las intenciones del ataque, en contravía al belicismo gubernamental, la Asamblea se la jugó por la no violencia.

Significativo, también, resultó el compromiso con la paz expresado en el testimonio del “debate general”, en el cual, leído de viva voz, cada delegatario argumentó la intencionalidad y los temas sobre los cuales se comprometía en la Asamblea Constituyente. Desde el “derecho deber de la paz”, expresado por el constituyente (liberal) Diego Uribe Vargas, pasando por la proclama de la campaña libertadora para alcanzar la soberanía de la paz del constituyente conservador Misael Pastrana, o la reflexión de Helena Herrán de Montoya prediciendo una “constitución de la concordia, de la convivencia, de la paz…”.

El talante y la impronta de paz se plasmaron en el articulado de la Carta. Por ejemplo, el artículo 22 del derecho deber de la paz, con el correr del tiempo, ha corroborado el valor como texto orientador en la consecución de la paz cuando, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, está encaminado a indicar que todo conflicto, con preferencia, se debe tramitar de manera no cruenta.

Además de los derechos fundamentales y solidarios (con su defensor y su tutela) anclados al esencial derecho a la paz, de los mandatos de apertura y participación o las cláusulas del ordenamiento del territorio y el derecho al desarrollo sostenible —entre otros imperativos novedosos—, el signo de la paz y de la reconciliación estuvo presente en la Constituyente desde la perspectiva de escenario para sellar “paces pactadas”.

Así pues, sin ahondar en las fallidas conversaciones con las Farc para pactar el fin de la guerra, concurrieron (por decisión soberana del cuerpo constituyente) integrantes de otras organizaciones armadas que firmaron la paz con el gobierno. El Epl, la organización indigenista ‘Quintín Lame’ y el Prt, dejaron las armas y, junto con la bancada trascendente del M-19 —elegida popularmente— con las fuerzas políticas y sociales que concurrieron a la Constituyente, consensuaron un mandato para la inclusión y un nuevo marco de relaciones y reglas para tramitar los naturales conflictos de la sociedad.

Se dirá que en materia social hemos retrocedido y que la paz se ha quedado en el escrito. Sin embargo, como lo he sostenido en varios escenarios, los mandatos constitucionales se encuentran crucificados al “Inri” de la reelección presidencial (que resquebrajó los pesos y contrapesos y el equilibrio de los poderes), clavados por los clavos de 29 enmiendas constitucionales y el anuncio de siete nuevas reformas (entre ellas una a la tutela), martirizada por el acero punzante de la corrupción y fijada por los clavos de la violencia. Fracturas en su estructura democrática y participativa, la corrupción y la falta de autoridad para cumplir y hacer cumplir la ley, entre otras circunstancias, mantienen aplazada la vigencia plena de la Constitución después de 20 años de su promulgación.

Por estas calendas de onomásticos y recordaciones, revivo el instante en el que, horas antes de promulgar la Constitución, el constituyente y copresidente  Álvaro Gómez Hurtado me dijo vehemente: “… Si queremos la paz y la reconciliación, estimado colega, nos corresponde promover e impulsar sin dilación una revolución cultural capaz de armonizar el corazón y la conducta ciudadana con la maravilla del texto de la Constitución…”. ¡Cuánta vigencia tiene la invitación del constituyente asesinado!

* Exconstituyente de la Alianza Democrática M-19.