Magistrados del CNE ponen los ojos sobre los jurados de votación

“Teniendo en cuenta el marco de sus competencias, frente a la organización de los procesos electorales, puntualmente designar jurados de votación, referenciando los temores que se han manifestado a través de los medios de comunicación por parte de algunas campañas políticas sobre el software utilizado, las bases de datos suministradas por entidades privadas-públicas y procedimientos aplicados para su nombramiento, me permito solicitarle se informe si para este proceso electoral del año 2018 se realizó el mismo protocolo o fue reemplazado por otro”, escribieron al registrados Juan Carlos Galindo tres magistrados del Consejo Nacional Electoral.

(Lea sobre estas denuncias: Benedetti denuncia cuatro mil jurados electorales falsos)

Se trata de los magistrados del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, Emiliano Rivera y Alexander Vega- los dos últimos fueron presidente de la entidad-, quienes enviaron a Galindo un listado de once preguntas respecto a la selección de los jurados de votación. Solicitaron al Registrador, por ejemplo, informar cuánto tiempo antes se conformaron las bases de datos de los jurados de votación, cuál fue el proceso empleado para consolidar estas bases de datos; cuáles los criterios y algoritmos utilizados para que la selección de estos fuera aleatoría, heterogénea e imparcial.

Los magistrados también solicitaron información sobre las visitas realizadas a las empresas privadas y cuál fue el destino de los datos suministrados por éstas. ¿Puede informar cuáles fueron las bases de datos utilizadas para el cruce de información de los listados entregados por las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos para su depuración? , preguntaron los magistrados. También preguntaron si estas bases de datos fueron objeto de algún tipo de auditoria antes del sorteo y cuál es la última fecha d e actualización de las mismas.

Finalmente, los magistrados del CNE solicitaron se les informe cuál fue el protocolo de la Registraduría para la recepción de los listados ciudadanos remitidos por las empresas para que fueran jurados de votación y cuáles son las garantías de que éstos cumplen con criterios de heterogeneidad y trasparencia. Al final también pidieron explicaciones sobre los correctivos que se han tomado a partir de las denuncias realizadas por políticos como Armando Benedetti, que señaló que en el Atlántico las empresas incluyeron en sus listados para jurados de votación a más de 4.000 personas que no eran empleados, o de las falencias que algunos candidatos Presidenciales le asignan al Software de escrutinio.  

Pero más allá de la información solicitada, es un hecho notorio las dudas que han surgido respecto al sistema electoral colombiano por cuentas de las denuncias de irregularidades al interior de la Registraduría, pero también porque disantos expertos han señalado que tal y como está el sistema existen zonas grises que no ofrecen garantías de que los comicios del próximo domingo, y los que se realicen en una eventual segunda vuelta, cumplan con estándares de trasparencia que reflejen como resultado la voluntad de los electores, y no sea el producto de maniobras fraudulentas.

“Teniendo en cuenta el marco de sus competencias, frente a la organización de los procesos electorales, puntualmente designar jurados de votación, referenciando los temores que se han manifestado a través de los medios de comunicación por parte de algunas campañas políticas sobre el software utilizado, las bases de datos suministradas por entidades privadas-públicas y procedimientos aplicados para su nombramiento, me permito solicitarle se informe si para este proceso electoral del año 2018 se realizó el mismo protocolo o fue reemplazado por otro”, escribieron al registrados Juan Carlos Galindo tres magistrados del Consejo Nacional Electoral.

(Lea sobre estas denuncias: Benedetti denuncia cuatro mil jurados electorales falsos)

Se trata de los magistrados del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa, Emiliano Rivera y Alexander Vega- los dos últimos fueron presidente de la entidad-, quienes enviaron a Galindo un listado de once preguntas respecto a la selección de los jurados de votación. Solicitaron al Registrador, por ejemplo, informar cuánto tiempo antes se conformaron las bases de datos de los jurados de votación, cuál fue el proceso empleado para consolidar estas bases de datos; cuáles los criterios y algoritmos utilizados para que la selección de estos fuera aleatoría, heterogénea e imparcial.

Los magistrados también solicitaron información sobre las visitas realizadas a las empresas privadas y cuál fue el destino de los datos suministrados por éstas. ¿Puede informar cuáles fueron las bases de datos utilizadas para el cruce de información de los listados entregados por las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos para su depuración? , preguntaron los magistrados. También preguntaron si estas bases de datos fueron objeto de algún tipo de auditoria antes del sorteo y cuál es la última fecha d e actualización de las mismas.

Finalmente, los magistrados del CNE solicitaron se les informe cuál fue el protocolo de la Registraduría para la recepción de los listados ciudadanos remitidos por las empresas para que fueran jurados de votación y cuáles son las garantías de que éstos cumplen con criterios de heterogeneidad y trasparencia. Al final también pidieron explicaciones sobre los correctivos que se han tomado a partir de las denuncias realizadas por políticos como Armando Benedetti, que señaló que en el Atlántico las empresas incluyeron en sus listados para jurados de votación a más de 4.000 personas que no eran empleados, o de las falencias que algunos candidatos Presidenciales le asignan al Software de escrutinio.  

Pero más allá de la información solicitada, es un hecho notorio las dudas que han surgido respecto al sistema electoral colombiano por cuentas de las denuncias de irregularidades al interior de la Registraduría, pero también porque disantos expertos han señalado que tal y como está el sistema existen zonas grises que no ofrecen garantías de que los comicios del próximo domingo, y los que se realicen en una eventual segunda vuelta, cumplan con estándares de trasparencia que reflejen como resultado la voluntad de los electores, y no sea el producto de maniobras fraudulentas.